Este martes en todo el país, los movimientos sociales y centrales sindicales marcharán contra los aumentos y a favor del control público de los servicios.
Desde la asunción del presidente Mauricio Macri, el peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar medio se ha cuadruplicado cerca del 6 al 26 por ciento, según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
“En gran parte de los barrios populares donde viven los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular ni siquiera existen los servicios básicos y esa es una pelea que están dando las organizaciones sociales con la implementación de la ley de integración urbana. Sin embargo, la pelea por las tarifas es esencial porque repercute en los precios de los alimentos y los bienes esenciales”, expresó días atrás Esteban Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
El dirigente encabezó días atrás una conferencia de prensa para anunciar un nuevo paso en el plan de lucha iniciado el 13 de febrero pasado junto a la CCC, Somos-Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), 37 gremios de la CGT alineados detrás de Juan Carlos Schmidt y la CTA Autónoma, cuyo sindicato más vigoroso, ATE, realizará un paro de 24 horas en el Estado nacional.
Este martes las organizaciones realizarán en Buenos Aires una marcha hacia al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Congreso Nacional para exigir el fin de los tarifazos. La actividad tendrá réplicas en distintas ciudades del país, incluso en Bariloche, donde también se reclamará con una movilización que partirá desde Onelli y Moreno la emergencia alimentaria, kits escolares y la implementación del Plan Calor para el próximo invierno.
Desde la declaración de la Emergencia Económica a comienzos de 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde hasta hoy, el Estado volcó millones de dólares a las empresas de luz y gas. Durante el kirchnerismo, fueron más de 25 mil millones de dólares, mientras que durante 2016 y 2017 la transferencia osciló los 16 mil millones de dólares.
“Semejante estafa con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie explica y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde fines de los ’90 (…) en tanto se explicite, permitirá rescindir contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema”, dice el informe del IPyPP elaborado por Gustavo Lahoud.
“Ya sabemos cómo termina el monopolio privado de empresas estratégicas: hacen un montón de plata que termina en fuga de capitales. Para nosotros es fundamental acompañar esta iniciativa de los compañeros que están en los sindicatos formales, así como es fundamental el acuerdo con la pequeña y mediana industria y los sectores de la producción agraria para encarar esta discusión. Cuando hay tarifas altas cae la producción, si no hay producción no hay trabajo, y si no hay trabajo formal, el sector que nosotros representamos también cae. Es estratégico que discutamos el tema de las tarifas y que estén en manos del Estado”, agregó Esteban Castro.
Otro de los ejes sobre los que el IPyPP advierte que habría que hacer foco es la rediscusión del esquema de precios de los hidrocarburos, lo que implica recuperar el rol de YPF como empresa testigo en el sector. Sería menester, asimismo, pesificar los contratos y tarifas, partiendo de la base que la Argentina es productora de petróleo y gas natural y, por ello, no tiene por qué subordinarse a los costos de importación y exportación de las trasnacionales.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
