Sindicatos, partidos y organizaciones sociales de Bariloche marcharon al Centro Cívico en rechazo al proyecto de Presupuesto, y repudiaron la represión y detenciones en los alrededores del Congreso.
Lo primero que exigieron los oradores sobre el palco montado frente a la intendencia de Bariloche, fue la liberación de los 26 detenidos en Buenos Aires tras la represión que se extendió por más de quince cuadras, desde el Congreso. Once de ellos pertenecen a la Asociación Trabajadores del Estado, dos son delegados del sindicato prensa y uno referente de la Garganta Poderosa, organización de manifiesta enemistad con Patricia Bullrich.
El dato no podía pasar por alto y, como adelantó Al Margen, en los alrededores del Parlamento se olió desde temprano el tufillo a pólvora de diciembre pasado. Por redes sociales, varios medios denunciaron el burdo amontonamiento de piedras. Tuvo que mediar el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, para que el Gobierno porteño las retirara a media mañana.
Luego, con el quorum de Cambiemos, aliados y los diputados que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saa (ahora cercano al kirchnerismo), se inició la sesión por el tratamiento del proyecto de Presupuesto de 2019
“Recordemos las caras de quienes van a votar a favor”, dijo José Huenchuan, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Bariloche. “Este presupuesto trae más miseria para los pobres; cada vez más excluidos van a ir a buscar comida al basural”.
Desde abajo, cientos de militantes bramaban el tradicional luche que se van y así, Jorge Molina de la CTA de los Trabajadores, denunció que el proyecto legislativo macrista fue redactado en Washington, que prioriza el pago de una deuda pública que se triplicó desde la asunción de Cambiemos en 2015 y que ahora, el Gobierno, pretende que la pague el pueblo.
“Se tendrían que ir antes de diciembre de 2019”, recomendó el dirigente docente.
Con precisión suiza, la secretaria general de la CTA Autónoma Patricia Reinahuel graficó cómo las empresas de servicios embolsaron los recursos que los usuarios les transfirieron obligados durante los últimos tres años:
“El recorte en subsidios implicó un aumento del 1491 por ciento en electricidad, 2047 por ciento en gas y 1001 por ciento en agua”, recordó la dirigente.
Los montos, en verdad, podrían ampliarse ya que una parte de los giros que transfería el ministerio de Energía, ahora serán direccionados con discrecionalidad por Guillermo Dietrich.
La frase que da título se escuchó por primera vez a mediados de 2016, cuando arreciaron los cierres de empresas producto de la ola de importaciones. Se repitió en diciembre pasado, cuando el Congreso aprobó la nueva fórmula de aumento salarial jubilatorio. Y volverá a oírse, lamentablemente, cada vez que el poder político ratifique esta política económica. Antes y después de diciembre de 2019.
Por Pablo Bassi
Equipo de comunicación popular Colectivo al Margen