Denunciaron a Bullrich por vincular a pobres organizados con el narcotráfico

La ministra aseguró que “personas” de “movimientos sociales” intentaron detener procedimientos antidroga. Su versión desconoce que estas organizaciones presentaron días atrás un proyecto de ley que declara la Emergencia en Adicciones. La opinión de dirigentes barriales de Bariloche.

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Movilización en Buenos Aires para repudiar los dichos de Patricia Bulrrich.

Cientos de trabajadores organizados en la CTEP, Barrios de Pie y la CCC se movilizaron ayer a la sede del ministerio de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, para repudiar las declaraciones vertidas por Patricia Bullrich días atrás en el Congreso de la Nación, donde afirmó “que determinadas personas que participan de ciertos movimientos sociales” intentaron parar procedimientos “de desarme de búnkeres (de droga) y detenciones de personas que los atendían”.

 Los movimientos sociales también denunciaron a la ministra ante el INADI, no sólo por esas premisas que lanzó en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, sino también en medios periodísticos como La Nación: “Desde que asumimos hemos bajado el nivel de venta de droga, de acopio, de bandas. Muchos de los movimientos sociales han permitido esto como el mal menor”, dijo.

 Por el contrario, el referente de espacios socio comunitarios del Movimiento de Trabajadores Excluidos (CTEP) de Bariloche, Alejandro Palmas, sostuvo Al Margen que lejos están las organizaciones de “los entramados de esas economías. Peleamos cuerpo a cuerpo para que los pibes no caigan en las garras de los transas, arreglados con diferentes policías federales y de la provincia”.

 Asimismo, el dirigente social señaló que en el narcomenudeo “están implicadas fuerzas de seguridad bajo la órbita de Bullrich, por lo que la mayor responsable de ese delito es ella. El mejor ejemplo en nuestra ciudad lo constituye el caso de Lucas Muñoz”, el joven presuntamente asesinado por la Policía de Río Negro, tras descubrir una red delictiva protagonizada por la fuerza represiva.

 El documento que las organizaciones ingresaron al INADI deja en evidencia que Bullrich no tiene siquiera una prueba de sus desafortunadas afirmaciones. “Ha efectuado una estigmatización basada en conceptos xenófobos y políticos contra todas aquellas personas que participan de cualquier forma de organización popular en los barrios más pobres de nuestro país”, dice el texto.

 Hacia el final, proponen que el instituto contra la discriminación “ordene y/o recomiende en forma inmediata a la Sra. Patricia Bullrich el cese de los dichos de carácter discriminadores asociados al delito de narcotráfico contra las organizaciones sociales y/o sus integrantes por su sola condición de tales, extendiendo dicha orden y/o recomendación a todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional».

 La imputación efectuada por la ministra se enmarca en tiempos en que las organizaciones sociales exigen una mayor respuesta del Estado en la prevención y asistencia de las adicciones. De hecho, a principios de septiembre presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para declarar la Emergencia en Adicciones: una de las cinco demandas alzadas en Plaza de Mayo en junio pasado, donde convergió la Macha Federal.

 No es novedad que la propaganda de Cambiemos se asienta en el empleo demagógico del combate al narcotráfico. Encontró allí un tema de creciente preocupación social cuyo abordaje, por supuesto, no pudo resolver el dramático polígono de capos, transas y soldaditos que amenaza la cotidianeidad de los barrios.

 Detrás de esa efectiva estrategia de comunicación, Bullrich engorda mientras tanto su ministerio con el empoderamiento de las fuerzas policiales. En esta semana, por ejemplo, el Boletín Oficial informó de la transferencia de recursos desde las arcas del ANSES a la Federal, Gendarmería y Prefectura. 

 

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen