Los 8 testigos que declararon en la cuarta jornada de plenario oral y público ofrecieron muchos elementos que, independientemente del valor probatorio que le reconozca el tribunal a su turno, son valiosos para volver a trazar un mapa del conflicto social y político desatado en Bariloche con el disparo artero del cabo Colombil.
La (de)mora del poder judicial y la perspectiva de 8 años transcurridos, nos permite suponer que no hubo descuido en las declaraciones vertidas por cada uno.
Uno de los policías que declaró apuntó hacia arriba en el poder real que detentarían algunos de los ex jefes, advirtiendo que aún “en situación de retiro siguen siendo mis superiores” y que “cualquiera de ellos puede llegar a ser titular de la Jefatura si lo nombra un gobernador”. Otros dos, en rasgos muy generales, desde la perspectiva de la intervención policial masiva en las que también intervinieron como profesionales, compararon la “crisis” de junio con la de diciembre del 2001, la toma de penales y la posterior de “saqueo” a los supermercados de diciembre de 2012 en Bariloche.
Todos coincidieron en la teoría “del caos y el desborde” y la existencia de riesgo cierto para la propia vida y de sus colegas. El énfasis melodramático del presunto riesgo para la vida es llamativo, ya que justamente son fuerzas profesionales especial y voluntariamente formadas para afrontar situaciones de riesgo. Sebastián Arrondo, defensor de 7 de los policías imputados, insiste en ese perfil melodramático al punto que en hubo quejas por parte de la fiscalía y una querella sobre el modo de interrogar; la presidencia del tribunal le exigió objetividad en las preguntas.
En cierto momento el defensor oficial Marcos Ciciarelo pareció tentarse con esa estrategia de sensibilizar respecto a la policía, lo que puede entenderse como una necesidad de afrontar testimoniales sin haber tenido la posibilidad de leer las hechas en sede judicial durante la instrucción, como buena parte de los 23 cuerpos de expediente y numerosa prueba anexada. Es de esperar que retorne a su perfil centrado en la defensa de Fidel Veroíza, no de toda la corporación policial sumida en el presunto “caos y desborde”. El presidente del tribunal lo interrumpió cuando le pidió a un testigo que exhiba la marca de un impacto con objeto contundente en una pierna, gesto banal en una causa por dos muertos y al menos trece heridos.
Dos de los testigos reflotaron el tema de gente civil portando armas de fuego desde la revuelta popular.
Al comenzar la cuarta audiencia, Natalia Araya, de la querella en representación de Karina Riquelme, informó al tribunal que varios testigos policías conversaban con varios de los imputados. Aunque es previsible la continuidad y mantenimiento de comportamientos corporativos, resulta provocador que lo mantengan en pleno desarrollo del juicio y a metros de los jueces que deben evitar “la contaminación” de los testigos.
Tal vez ese encuentro de pasillo previo tuviera que ver con insistir en la teoría del caos en general y en particular en desestimar el uso de munición de plomo como las que terminaron con la vida de Sergio y Nino, y las lesiones probadas en varios de los heridos.
Por Multisectorial contra la impunidad y la represión
Redacción Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen