Por iniciativa de los movimientos sociales, más de 8 mil personas podrán acceder a un título de propiedad, agua, luz y gas.
Los Movimientos Sociales movilizaron al Congreso a esperar la aprobació de la Ley. Foto: Gentileza: CTEP.
El Senado de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras donde se asientan 8 mil barilochenses que habitan, sin título de propiedad o sin servicios esenciales, 3600 viviendas distribuidas en 28 barrios de la ciudad.
Además, el texto suspende por cuatro años cualquier desalojo y establece que el 25% de las obras a realizarse para alcanzar la integración plena de los barrios con el ejido urbano debe estar en manos de cooperativas de trabajo.
Afuera del Congreso, miles de trabajadores organizados en la CTEP, Barrios de Pie y la CCC, entre otros movimientos sociales, esperaban la resolución de la Cámara de Alta que finalmente benefició a más de 3.500.000 personas que viven en 4416 barrios, asentamientos y villas de Ushuaia a la Quiaca.
Será la Agencia de Administración de Bienes del Estado el sujeto expropiante y encargado, junto al Ministerio de Desarrollo Social, de celebrar acuerdos con las provincias y municipios para transferir los bienes inmuebles bajo su titularidad. Se calcula que el 60% del territorio está en manos privadas, el 15% pertenece a administraciones provinciales y el 20% a municipales.
Todos los gastos que se deriven de los convenios serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes. A su vez, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a crear un fideicomiso que financie todas las actividades necesarias para cumplimentar la ley.
En Bariloche la iniciativa fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y en el resto del país, también, por la CCC, Barrios de Pie, Cáritas y el Estado nacional. Constituyó una de las cinco demandas que las organizaciones sociales alzaron durante la Marcha Federal que convergió en Plaza de Mayo en junio pasado.
El Registro de Barrios Populares (RENABAP) permitió conocer la realidad de 4100 barrios en todo el país. Foto: Gentileza Barrios de Pie.
Semanas atrás en declaraciones Al Margen, Pablo Marigo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) destacaba el hecho histórico que este antecedente implica en términos jurídicos. “Esta ley traería calma a miles de vecinos, porque cada vez que Gendarmería se sube a la ruta temen por su desalojo”, dijo entonces.
La pelea que dio origen a la ley nació en 2016, al calor de la primera marcha de las organizaciones sociales a Plaza de Mayo y la aprobación en diciembre de aquel año de la ley de Emergencia Social.
En una mesa, la CTEP, CCC, Barrios Pie, Cáritas y funcionarios de la jefatura de Gabinete acordaron realizar un relevamiento de familias en situación de déficit habitacional. Para ello se tomó como base el informe cartográfico de la ONG Un Techo Para Mi País, que fue digitalizado por militantes de la Corriente Villera Independiente de la Villa 31 y la 1.11.14 de Buenos Aires.
El criterio adoptado como barrio popular fue el de ocho familias agrupadas o contiguas, cuya mitad de población no tenga título de propiedad ni acceso al menos a dos de tres servicios básicos (agua corriente, cloaca y energía eléctrica con medidor en domicilio).
Entre agosto de 2016 y mayo de 2017 se registraron en todo el país 4100 barrios, incorporados después al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) mediante el decreto 317. Ese número se extendió finalmente a 4416 barrios, equivalente a más de 850.000 familias, 3.500.000 personas y 420 kilómetros cuadrados, lo que es igual a la dimensión de dos Bariloche.
En la ciudad andina fueron cerca de 50 las personas involucradas en la encuesta a cada uno de los integrantes de las familias que, ya por estar inscriptas en el Renabap, accedieron a un certificado de vivienda familiar que les permite acreditar domicilio ante cualquier autoridad y empresa de servicio.
Ahora comienza otra batalla que es la implementación de la ley. No es menor teniendo en cuenta el contexto económico. Habrá que evaluar la voluntad política del Gobierno nacional en generar convenios con provincias y municipios; que estos acuerdos no estén atados a la afinidad política con gobernadores e intendentes; y que el 25% de las obras recaiga, efectivamente, en manos de cooperativistas
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen
