Ocho policías exponentes de un modelo represivo en Río Negro

Los ocho efectivos de la policía de Río Negro que están acusados por los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, así como por trece heridos durante la represión masiva del 17 de junio de 2010 en Bariloche, empezaron a ser enjuiciados sin haber pasado un minuto por cárcel común en todos estos años.

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La mamá de Nino Carrasco esperó 20 minutos para que la dejaran entrar al juicio. Foto: Euge Neme

“Mírenme, mírenme. Ustedes mataron a mi esposo”, les exigió Karina Riquelme, compañera de Sergio, desde su asiento en la querella poco antes que se abriera la primera jornada del juicio oral y público en la sede de la III Circunscripción Judicial. “Quiero verlos, quiero conocer la cara de los que mataron a mi yerno, a los que dejaron a dos nenes sin padre”, dijo a su vez la madre de Karina abriéndose un lugar entre los compañeros de prensa para ponerle identidad a los responsables del dolor sin fin.

La cúpula de la policía rionegrina del último período de gobierno de Miguel Saiz (radical “K”) finalmente es juzgada a dos meses de la condena a siete policías por la desaparición forzada seguida de muerte de Daniel Solano en Choele Choel.

Víctor Ángel Cufré, secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia hasta el final del mandato constitucional de Saiz, comisario general;  Jorge José  Villanova, jefe de la Policía provincial, comisario general; y Argentino Hermosa, jefe de la Regional III con asiento en Bariloche, comisario mayor, afrontan los cargos de abuso de sus funciones y de haber incumplido voluntariamente con los deberes de funcionarios públicos que causaron la muerte de los dos jóvenes y las lesiones, de distinta gravedad, de trece víctimas, entre numerosos heridos por balas de plomo, munición de posta de goma y gases lacrimógenos.

Junto a estos policías retirados, por los dos homicidios culposos son juzgados Fidel Veroíza, ex segundo jefe de la Unidad Regional Tercera, y Jorge Carrizo, ex comisario de la comisaría 28 desde donde se desató la cacería humana la madrugada del 17 de junio. Y Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo son juzgados por el delito de homicidio en riña de Cárdenas.

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“Mirenme, ustedes mataron a mi esposo” les dijo Karina Riquelme alos policías acusados. Foto: Euge Neme.

Los casos de heridos que se atribuyen a los policías durante la represión son los de Lucas Eduardo Carrasco,  Héctor Gastón Riquelme,  Jorge Marillán,  Patricia Ester Santos, Jhonatan Oses, Yamila Evelyn Muena, Franco Emanuel Saldivia,  Felipe Fusiman, Ruth  Maliqueo, Sandro Bonefoi, Rubén José Mesa, Ramón Sebastián Fernández y Matías Ariel Iberra, aunque fueron muchos más los vecinos de los barrios de El Alto que fueron atendidos en el Hospital Zonal Bariloche y no están incluidas en la causa.

Jornada 1

El primer día de audiencia estuvo cargado de mensajes políticos, fuera y dentro de la sala, que exceden lo estrictamente judicial. Después de mucho tiempo, volvió a estar vallado el ingreso al edificio del poder judicial ubicado frente a la costanera del lago Nahuel Huapi y estrictamente controlado el ingreso al edificio.

La jornada comenzó alrededor de las 9.20 y durante dos horas se trataron planteos preliminares hechas por las defensas de los policías acusados que están a cargo del defensor oficial Marcos Ciciarelo y Sebastián Arredondo, defensa particular que continuó el trabajo de Mario Altuna, abogado de la Jefatura, cuando éste fue designado jefe civil de la institución después de fracasar en el intento por acceder a un cargo vacante en la Fiscalía.

Primero Arrondo pidió que el tribunal tramite la ubicación de numerosos testigos policías cuyos domicilios no pudo identificar en tantos años de trámite judicial; luego que no se incorporen declaraciones por lectura sino que todo sea volcado en el plenario para poder garantizar la posibilidad de la pregunta. El fiscal Martín Lozada planteó que de un listado propuesto por el ministerio público de 200 testigos a pedido del tribunal redujo la lista a 60 considerando que muchos pueden se agregados de las declaraciones en la etapa de instrucción; caso contrario, él pediría que todos brinden testimonio aun cuando se extendieran los días de debate necesario.

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Los recuerdos siempre presentes de los familiares delas víctimas. Foto: Euge Neme.

Marina Schifrin, por la querella de la familia de Nino, planteó que el tribunal localice a varios policías para que testifiquen, entre ellos a Rodolfo Patricio Aballay, el efectivo que retiró munición de plomo “en préstamo” en la sucursal local de la empresa trasnacional Prosegur y luego distribuyó durante la represión. A la vez, pidió que en caso de hacer lugar al pedido de Arrondo para que todos los testimonios sean presenciales en la sala, que se deje salvada el caso de una persona fallecida.

El tribunal rechazó el pedido de Arrondo. Es arriesgado conjeturar sobre las intenciones de esa defensa, aunque la experiencia indica que así se hubiera vuelto a exponer a las personas que sufrieron y siguieron sufriendo persecución policial, ya que imposible saber cuánto de poder real conservan los acusados aun cuando dejaron el poder formal. Sin contar, además, con la violencia moral y simbólica que implica testificar contra los agresores en muchos casos.

Luego, Arrondo y Ciciareto solicitaron el apartamiento de Lozada, sosteniendo que actuó como juez de instrucción en turno en el lugar y las horas de los hechos que se juzgan, reeditando así un capítulo de la puja sorda entre vertientes del poder judicial que muchos creíamos extinta con el alejamiento de Altuna y su fallecimiento posterior. Si bien el tribunal rechazó el planteo, insumió mucho tiempo y, sobre todo, logró caldear el clima entre los familiares de las víctimas. De todos modos, notable el esfuerzo del defensor oficial que en tiempo récord tuvo que hacerse cargo de un expediente voluminoso, que todavía no pudo conocer en profundidad, según él mismo reiteró.

En definitiva, aún desconociendo los alcances jurídicos de las reservas hechas, cierto es que todas las partes coinciden –de hecho- en que esta sala es una arena de compulsa de política institucional, sobre aquella cúpula en particular, y en términos más generales sobre el accionar corporativo y violento de la policía de Río Negro.

 

Por Redacción

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen