Se trata de vecinos de barrios humildes de Bariloche que viven colgados de la luz, a pesar de que un decreto nacional obliga a las empresas a proveerles el servicio.
El relevamiento que realizó Renabap censo 3600 Hogares en Bariloche con servicios nulos o precarios.
A fin de agosto el jefe de Gabinete Marcos Barberis anunció en conferencia de prensa junto a la titular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, Laura Zannoni, la regularización de la conexión eléctrica de tres mil familias. La intención se denomina “Plan Integral” y cuenta, según dijeron los funcionarios, con el respaldo del Ministerio Público Fiscal. “Si hay reticencia a regularizar, ahí ya vendrán otro tipo de acciones”, advirtió a medios locales la funcionaria.
Pero según averiguó Al Margen, el Ministerio Público Fiscal no es parte de ningún plan integral ni criminalizará a ningún vecino sin antes haberse agotado todas las instancias de mediación. “Es difícil penalizar este tipo de situaciones”, confiaron a este medio en Anasagasti y Goedecke.
Al parecer, la amenaza del municipio tiene como objetivo ahorrarse los recursos transferidos a la CEB por la “fuga” de energía, es decir, por la tarifa que no pagan los colgados.
“No es esa la voluntad del vecino”, explica a Al Margen Pablo Marigo, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “En Bariloche falta inversión en infraestructura, líneas internas y de media tensión. En barrio Mochola o 29 de Septiembre, 500 familias tienen que conectarse a los únicos dos tableros comunitarios”, agrega.
Durante el diálogo con la prensa, Zannoni aseguró que la comuna dispone de tarifa social para los barrios Malvinas, Nahuel Hue e Inta, beneficio cuya continuidad aún es negociada entre gobernadores y Nación. De todos modos, la CTEP sostuvo en un comunicado que en esta región no alcanza.
“El consumo bonificado por la tarifa social alcanza sólo 150 Kw/h por mes y el 50% de bonificación para los segundos 150 Kw/h por mes, cuando la mayoría de los barrios populares se calefaccionan, al menos parcialmente, con electricidad, ya que carecen de acceso a la red de gas, con consumos que superan ampliamente los 300 Kw/h por mes”, denunciaron.
“Lejos de resolver los problemas, este tipo de abordaje por parte del Estado municipal no hace sino reforzar la exclusión y los prejuicios que sobre estos barrios existen”, opinaron.
Consultada por Al Margen, Laura Zannoni del Instituto de Vivienda no respondió cuántos son los vecinos sin conexión, a qué barrios comprende el plan, ni cuánto le cuesta al Estado la “fuga” de energía.
El último relevamiento parcial que se realizó en este sentido, fue el del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), impulsado por los Movimientos Sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017, a partir de una decisión del Estado. Allí se determinó que en Bariloche 3600 hogares no cuentan con al menos dos de los tres servicios esenciales (agua corriente, cloaca o luz con medidor).
Estas familias, por el solo hecho de estar registradas, acceden por el Decreto 358 a un certificado de vivienda familiar que obliga a las empresas a proveerles el servicio. Sin embargo, esto no sucede. Y las víctimas, pasan a ser victimarios.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
