Agricultura sin agricultores

El desguace de la Agricultura Familiar comenzó ni bien arribó Cambiemos al gobierno. Un repaso del proceso que comenzó eliminando el rango de secretaría al sector, luego eliminó el Monotributo Social Agropecuario y culmina con los casi 600 despidos que se conocieron el último viernes.

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El viernes se conocieron casi 600 despidos del Ministerio de Agroindustria. Reclamo en Bariloche al conocerse la medida. Foto: Euge Neme.

Organizaciones campesinas, indígenas, de productores de la agricultura familiar rechazan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. Esta definición política apunta a involucionar en materia de acceso a derechos que fueron conquistas históricas para el sector: obra social, aportes jubilatorios y un marco regulatorio a su actividad.

La resolución del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue publicada en Boletín Oficial el 3 de julio de este año. Se elimina así el Monotributo Social Agropecuario (MSA) para el próximo año. Desde 2019 las y los agricultores familiares en registros del Monotributo Social Agropecuario, deberán pagar los 268,18$ que corresponden a la categoría del Monotributo Social, tanto para quien sea titular, como por cada adherente del grupo familiar que tenga a cargo. El MSA era a costo 0 para quienes estuvieran inscriptos al RENAF, como también para sus adherentes. Una política específica para el sector de la agricultura familiar, por la gran vulnerabilidad del mismo. Esto significaba que los porcentajes correspondientes al impuesto al monotributo, los aportes previsionales y el pago de la obra social, eran financiados por el Estado nacional. Según las estadísticas del RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar), en cuyo registro era requerido inscribirse para acceder a esta política pública de la Secretaria de Agricultura Familiar, más 53.000 agricultores y agricultoras son titulares en el Monotributo Social Agropecuario, ya que a través del mismo disponen del PMO (Plan Médico Obligatorio) establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud, cobertura médica que brindan las obras sociales. También su registro como monotributistas, habilita para realizar facturación por la venta de producción, lo que implica acceder a mayores niveles de formalización en la comercialización como también la posibilidad de ser proveedores del Estado en sus diferentes niveles. Y, por último, aunque no menor, estos aportes previsionales permiten al sector de la agricultura familiar, acceder al derecho a una jubilación, derecho históricamente vulnerado para esta población.

Al desmantelamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar de la nación, y su cambio de rango institucional a Subsecretaría, con una imputación presupuestaria menor desde 2016;  la designación en octubre pasado de Miguel Etchevehere como Ministro de Agroindustria, hasta entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina; la dilatada y postergada reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sancionada en Diciembre de 2014, que disponía un presupuesto anual de 1500 millones de pesos al sector, y que nunca fue ejecutada; se suma ahora la desaparición de políticas públicas que fomenten el sector, como sucede ahora con la eliminación del monotributo social agropecuario.

Para Cambiemos el campo es la oligarquía terrateniente en 4x 4

 En la resolución del Ministerio de Agroindustria se establece también que quienes sean beneficiarios del MSA deben cumplir con un trámite de reempadronamiento obligatorio.  Quienes no cumplan con el reempadronamiento y la actualización obligatoria de datos, seguirán en las bases de datos de AFIP como monotributistas sociales, y se les imputará una deuda de 268$ por cada mes que no paguen desde agosto hasta fin de 2018, como también 268$ por cada adherente. Un trámite que requiere que quienes trabajan en el medio rural se desplacen a las oficinas de las delegaciones provinciales de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, generalmente en los grandes centros urbanos, como sucede en el caso de Bariloche, que comprende en su radio localidades como Villa Llanquín, Comallo, Pilcaniyeu, Ñirihuau Arriba, Río Villegas, Foyel, El Manso, entre otros pueblos y parajes de la Región Sur y la Comarca.

Desde las organizaciones del sector afirman que es muy acotado el tiempo para la realización del trámite, como para que los destinatarios tomen conocimiento de la medida, que no se dispuso la realización de operativos territoriales ni logística para alcanzar al conjunto de los destinatarios y que no se ha definido la posibilidad de ningún tipo de prórrogas. Una población dispersa geográficamente, que poseen ingresos estacionales como es el caso de los productores laneros de la Región Sur, y que en su mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos, con dificultades de acceso a información, transporte, medios de comunicación, herramientas electrónicas de pago, oficinas donde realizar trámites, etc.

Esto en un escenario de ajuste general sobre el presupuesto nacional las delegaciones provinciales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Las que operan desfinanciadas, funcionando sin presupuestos para garantizar viáticos y organizar operativos territoriales, no cuentan con los recursos para realizar una campaña que difunda y facilite la actualización de datos.

Por este motivo, el 26 de julio organizaciones campesinas de agricultores familiares convocaron a una gran movilización nacional hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

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Los trabajadores de la Agricultura Familiar, presos del desguace del sector. Foto: Euge Neme.

Un sesgo identitario de clase se manifiesta en la eliminación de esta política pública. Los agricultores familiares no son para este modelo económico un sector productivo de alimentos para abastecer la demanda del mercado interno, con los cuales articular políticas de fomento, desarrollo, productividad. Son un sector vulnerable que requiere de la asistencia de políticas asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. El campo es la oligarquía terrateniente, encarnada en el tercer presidente de la Sociedad Rural Argentina que llega a ser ministro de una gestión de gobierno. No los campesinos, comunidades originarias, o comunidades de inmigrantes bolivianos que confluyen por ejemplo, en el cordón hortícola de la ciudad de La Plata o el Valle del Idevi en Río Negro. Sin embargo son ellas y ellos los que garantizan la soberanía alimentaria en nuestras mesas, no quienes exportan comoditties para alimento del ganado porcino chino, y destruyen el sustrato del suelo con semillas transgénicas y glifosato de Monsanto.

Una política de fomento a los agricultores familiares

 El Monotributo Social Agropecuario se implementó en el 2009 destinado a familias y comunidades agricultoras que producen hortalizas, frutas, carne, miel y artesanías para consumo local. Representa la mayor política de inclusión para un sector que históricamente vivió vulnerado y excluido de la formalidad económica. Una de las decisiones políticas de la ex presidente Cristina Kirchner luego de la crisis por la implementación de la recordada Resolución 125, allá a principios de 2008, que llevaba las retenciones por exportaciones de soja al 35%. Luego de derogada la norma por el voto “no positivo” en el senado, y a las maniobras desestabilizadoras de la creciente alianza corporativa de la Mesa de Enlace, el gobierno respondió con políticas públicas de fomento al sector de la agricultura familiar, quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen en la mesa de las familias argentinas. Una de ellas fue el MSA y el RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar).

El aporte del MINAGRI por los 53.000 MSA y los aproximadamente 55.000 adherentes a las obras sociales, es de 30 millones de pesos mensuales, lo que equivale anualmente a 360 millones de pesos para mantener en la economía formal a 53.000 trabajadoras y trabajadores como a sus familias. Producen en su mayoría de alimentos. Y en muchos casos, de alimentos agroecológicos. Imposible no comparar estos 360 millones, con los con los 20 mil millones que implican la quita de retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz. Lo que el Estado nacional decide no recaudar por un impuesto que permitiría redistribuir riqueza y a qué sector aplica el ajuste impuesto por la gestión Cambiemos y ahora el FMI, con el discurso de reducir el déficit fiscal.

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Para Santiago Hardie el Monotributo Agropecuario es un gasto innecesario. Foto: Euge Neme.

Siempre en términos de promoción de un sector absolutamente productivo de la economía nacional, pero que para Santiago Hardie, actual Secretario Nacional de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, hablando del MSA dijo que “es una figura que no me termina de convencer porque muchos agricultores y campesinos tienen un monotributo porque alguien fue, se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí”.

En esta restauración neoliberal de Cambiemos, incluso se ignora que el Congreso sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas establecía la obligación al Ejecutivo de asignar un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales para promover a los minifundistas del agro. En tiempos de ajuste, eso nunca se cumplió, claro.

El viernes 13 de Julio, el FMI dio a conocer el documento elaborado por los técnicos del organismo para la aprobación, el mes pasado, del acuerdo stand by para la Argentina por u$s 50.000 millones. El documento estima un crecimiento de 0,4% para el año en curso, aunque espera una recuperación el próximo, con un aumento de 1,5%., sin especificar en función de que variable macroeconómica ni dinámica productiva. El reporte enfatiza la cuestión fiscal y señala la necesidad de realizar recortes en el gasto público y mantener impuestos para cumplir con las metas fiscales. Para poder pagar la deuda al Fondo…

En particular, se especifica el mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%. Por lo cual sugiere suspender por un tiempo el cronograma de descuentos por retenciones. FMI y Sociedad Rural empeñados en un mismo objetivo, avasallar la soberanía del pueblo.

Por Marcelo Viñuela

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen