El Gobierno de Macri lo fijó en 12.500 pesos en cuatro cuotas a pagar en septiembre, diciembre, marzo y junio. No hay ningún índice económico que legitime su viabilidad. Duro rechazo de los movimientos sociales de Bariloche.
Los y las trabajadoras de la ARB en Bariloche son parte del sector de la Economía Popular que ve afectados sus ingresos por la crisis. Foto: Duke.
La negociación entre el Gobierno, las cámaras empresariales y centrales obreras en el Consejo del Salario Mínimo naufragó como se esperaba y el ministro Triaca resolvió de manera unilateral llevar la remuneración más baja establecida por ley a 12.500 pesos, lo que representa un 25% de incremento en junio del año que viene. La CGT había pedido un 30%.
El cronograma de aumentos arranca en septiembre con un 7% (10.700 pesos) y tres cuotas de 6%: diciembre (11.300 pesos), marzo (11.900 pesos) y junio (12.500 pesos).
“Es una joda”, dice Al Margen Laura Ferman, referente de la CTEP en Bariloche. Un día después de movilizar 250 mil personas a Plaza de Mayo, las organizaciones sociales advierten que la bronca en los barrios populares crece al ritmo de la inflación.
“Es capcioso valorar un porcentaje, porque hoy no hay plata que alcance. Ni si quiera haciendo el pago en una sola cuota para este semestre”, agregó la dirigente del MTE.
Hasta hoy y con diez mil pesos, el salario mínimo se encuentra en los niveles más bajos desde 2005. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, está un 12% por debajo del promedio 2016-2017.
La pérdida del poder adquisitivo del salario puede contrastarse en su relación con el dólar. Los 10.000 pesos a un tipo de cambio cercano a los 28,50 pesos se ubican alrededor de los 350 dólares mensuales, mientras que el promedio de los últimos años estuvo por encima de los 500 dólares.
Lejos queda el nuevo salario mínimo de los índices establecidos para vivir. Para una pareja de 35 años con niños de 6 y 9, la canasta básica alimentaria está cerca de los 10 mil pesos, la que suma ciertos bienes en 20 mil pesos y la digna -que no es la óptima- en 30 mil.
“Llamamos a la reflexión del ministro Triaca”, publicó en redes sociales el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. “El salario mínimo no puede quedar lejos de la canasta básica de alimentos. El ingreso de los trabajadores acorde al costo de vida debe ser prioridad y política de Estado”.
Peor es el horizonte teniendo en cuenta las perspectivas inflacionarias: la interanual, a junio de 2018, acumula un 29,5%; mientras que el año pasado el incremento del salario mínimo fue del 24% contra una inflación que llegó al 30%.
Tal vez para la CGT -representativa de los trabajadores formales- el salario mínimo no amerite desgastar aún más la relación con el Gobierno. Pero para los trabajadores de la economía popular, impedidos de formar parte de la mesa de negociaciones, seguramente si.
Aunque su implementación aún no está regulada, la ley de Emergencia Social establece un salario complementario a cargo del Estado, que cubra la diferencia entre su ingreso y el mínimo vital y móvil.
Lo que debería ser un piso, para los cooperativistas es un techo, ya que el Gobierno manipula el salario social complementario como un plan más. En diciembre, recién llegará a los 6000 pesos.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
