La semana pasada, por unanimidad la Cámara de Diputados dio la sanción definitiva a la “Ley Brisa”, que crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de sus progenitores.
Desde el 2008 hasta fines del 2017, se registraron 2679 femicidios en nuestro país, según el informe presentado por la Casa del Encuentro y la Fundación Avon. En el mismo también se informa que al menos 3378 niños y niñas perdieron a sus madres, y de ese total 2161 (más del 64%) son menores de 18 años. Los hijos e hijas son consideradas las víctimas colaterales de los femicidios.
Como la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas con quienes tuvieron a sus hijos, los mismos quedan en una situación de extrema vulnerabilidad y muchas veces a cargo de familiares que no siempre tienen los recursos para palear la nueva situación económica. Para ellas y ellos fue creada la Ley Brisa, que lleva el nombre de una niña que tenía un poco más de 2 años cuando el femicida de su madre la asesinó de un mazazo y después la arrojó al río.
La Ley Brisa otorga una reparación económica equivalente a una jubilación mínima que ronda los 8000 pesos. Pueden cobrarlo niños, niñas y adolescentes o jóvenes hasta que cumplan 21 años, y en el caso de tener alguna capacidad restringida o incapacidad la reparación es de por vida. Un detalle importante es que la reparación económica es compatible con el cobro de la Asignación Universal, asignaciones familiares, pensiones, cuota alimentaria que perciba por parte de su progenitor u otro familiar.
La reparación económica será percibida desde el momento en que el juez o la jueza competente determine la persona o personas que quedarán a cargo del cuidado de niños y adolescentes. Y contempla además el acceso a una cobertura integral de salud, en caso de no poseer ninguna, la cual debe cubrir todas las necesidades de salud física y psíquica.
Es pertinente preguntarse qué tan “colateral” es la situación de los hijos e hijas. En muchos casos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes conviven durante años con situaciones de extrema violencia de género dentro de sus hogares. Y aquellos que vivenciaron el asesinato de la propia madre en manos del padre tienen que reponerse de un trauma severo que requiere de muchos apoyos y compromisos del Estado.
Por otro lado, si bien celebramos la sanción, es necesario que se amplíe y aplique en todos los casos de femicidio, y no sólo a los que el progenitor es el asesino de la madre de los niños, adolescentes y/o jóvenes.
Pese a algunas de las críticas sostenidas en el debate, que serán retomadas durante la reglamentación de la ley, integrantes de los diferentes bloques confluyeron en la necesidad de aprobar la Ley para que el Estado empiece a hacerse cargo de las consecuencias que genera la violencia contra las mujeres.
Un paso más, una brisa que empuja, para seguir construyendo todos los días una sociedad libre de violencias.
Por Florencia Taylor
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen