Expectativas por la ley que podría cambiar la vida de 8 mil barilochenses

Más de la mitad de las familias de barrios populares accederían a un título de propiedad y conexión a servicios esenciales. El proyecto impulsado por las organizaciones sociales se vota hoy en el Congreso de la Nación.

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Las organizaciones sociales realizaron el registro de barrios populares en Bariloche.

Este miércoles la Cámara de Diputados podría darle media sanción al proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras donde se asientan cerca de 8 mil barilochenses sin título de propiedad o sin servicios esenciales, que habitan al menos 3600 viviendas distribuidas en 28 barrios de la ciudad.

El proyecto de ley de “Regularización dominial para la integración urbana” fue impulsado en Bariloche por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y en el resto del país, también, por la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Cáritas y el Estado nacional. Constituyó una de las cinco demandas que las organizaciones sociales alzaron durante la Marcha Federal que convergió en Plaza de Mayo hace un mes.

De aprobarse luego en Senadores, la ley obliga al Gobierno nacional a generar los planes de infraestructura necesarios para la integración urbana de los barrios; a que el 25% de esas obras sean trabajadas por cooperativas de la economía popular; y a que la Justicia detenga por cuatro años cualquier desalojo.

“Durante el último tiempo, muchos privados vinieron a reclamar sus tierras en barrios como Don Bosco o 29 de Septiembre. Esta ley traería calma a miles de vecinos, porque cada vez que Gendarmería se sube a la ruta temen por su desalojo”, dice a Al Margen Pablo Marigo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTEP de Bariloche.

Asimismo, en un plazo aún no determinado, el Estado nacional deberá tasar las tierras y los privados negociar o litigar en el juicio de expropiación, mientras que las provincias y municipios firmarán, seguramente, convenios de cooperación con el Estado. Se calcula que el 60% del territorio está en manos privadas, el 15% pertenece a administraciones provinciales y el 20% a municipales.

La pelea que dio origen a esta instancia histórica nació en 2016, al calor de la primera marcha de las organizaciones sociales de San Cayetano a Plaza de Mayo y la aprobación en diciembre de la ley de Emergencia Social.

En una mesa, la CTEP, CCC, Barrios Pie, Cáritas y funcionarios de la jefatura de Gabinete acordaron realizar un relevamiento de familias en situación de déficit habitacional. Para ello se tomó como base el un informe cartográfico de la ONG Un Techo Para Mi País, que fue digitalizado por militantes de la Corriente Villera Independiente de la Villa 31 y la 1.11.14 de Buenos Aires.

El criterio adoptado como barrio popular fue el de ocho familias agrupadas o contiguas, cuya mitad de población no tenga título de propiedad ni acceso al menos a dos de tres servicios básicos (agua corriente, cloaca y energía eléctrica con medidor en domicilio).

Entre agosto de 2016 y mayo de 2017 se registraron en todo el país 4100 barrios, incorporados después al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) mediante el decreto 317. Ese número se extendió finalmente a 4228 barrios, equivalente a 853.000 familias, 3.500.000 personas y 420 kilómetros cuadrados, lo que es igual a la dimensión de dos Bariloche.

“Este registro hubiese sido imposible sin la presencia de las organizaciones sociales y los vecinos de los barrios que llevaron adelante la labor”, agrega Marigo, coordinador regional del relevamiento.

En Bariloche fueron cerca de 50 las personas involucradas en la encuesta a cada uno de los integrantes de las familias que, ya por estar inscriptas en el Renabap, accedieron a un certificado de vivienda familiar que les permite acreditar domicilio ante cualquier autoridad y empresa de servicio.

“No obstante, las empresas aún no brindan esos servicios. La DPA, por ejemplo, que es el ente regulador del servicio de agua, no reconoce los certificados de vivienda. La excusa es que los usuarios carecen de la titularidad”, aduce Marigo. “Pero el decreto es explícito: los servicios básicos están por delante de la propiedad privada”.

 

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen