Marta Rankewe, werkén de la homónima comunidad mapuche de Bariloche, analiza con Al Margen el fallo de la Justicia que le adjudica tierras a la comunidad Trypay Antú.
Marta Rankewe (en el centro) convocó a un encuentro para analizar el fallo que otorga la titularidad de tierras a la comunidad vecina Tripay Antu.
Prudencia es la que reina en la comunidad Rankewe tras el fallo de la jueza federal María Sarmiento, quien días atrás ordenó transferir el dominio de tierras en la ladera noreste del cerro Otto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean adjudicadas a sus ocupantes, el lof Trypay Antú. Si bien la sentencia fue apelada por el Estado, constituye un hecho inédito que sienta jurisprudencia.
“Los mapuches somos buenos para cuestionarnos”, se ataja Marta Rankewe, werkén de la comunidad vecina a la Trypay Antú, excluida de la medida judicial.
Por ello, antes de expresar su opinión personal Al Margen, prefiere anticipar que en los próximos días un encuentro de las comunidades Rankewe, Tacul, Huenuleu, Ñiriwau y Maliqueo -todas habitantes de la zona- adoptará una posición colectiva.
“El titulo de propiedad puede garantizar la tranquilidad para las generaciones que vienen, pero no nos cambia en lo económico. Porque no podemos vender o alquilar las tierras. No sólo nos lo prohíben las leyes, sino la moral mapuche. No podemos deshonrar a los mayores. Vender territorio es como vender un brazo”, dice.
Marta vive hacia el final de la calle Isla Huemul que nace sobre ruta 82, en la misma porción de tierra donde lo hacía su bisabuela. La rodean gallinas y chivos que caminan libres frente a la puerta de la vivienda con techo de chapa de zinc. Allí nos recibe, al regreso de su trabajo doméstico en casas ajenas.
“Nuestro reclamo es político, no judicial”, sintetiza para explicar que los Rankewe sólo irán por la titularidad de las tierras, cuando su mensura finalmente esté certificada.
En 2006 se aprobó la ley 26.160 que suspende el desalojo de los terrenos ocupados por indígenas cuyas personerías jurídicas están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Asimismo, la legislación ordena al INAI el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de esas tierras. Aproximadamente son 1454 las comunidades en esta situación.
“Inmediatamente después de sancionada la ley, le exigimos al Estado nacional que antes de cualquier relevamiento que nosotros consideramos ya documentado, mensure nuestro territorio con un agrimensor de Bariloche. Y así fue”, explica Marta. “Pero la certificación de esa mensura nunca apareció”, denuncia.
Según la werkén, la comunidad atravesó siete juicios impulsados por el Ejército argentino, que reclama la propiedad de las tierras. Todas esas instancias, sostiene, sirvieron como documentación de relevamientos.
La mala relación con el Ejército se remonta a la primera mitad de siglo XX, cuando arribó a Bariloche Napoleón Irusta, el primer Jefe con destacamento en la ciudad. Desde entonces, los Rankewe vivieron tiempos más o menos intranquilos.
La tensión tuvo puntos álgidos en 1973, en un intento de desalojo violento que precedió al de fines de junio de 1983, todavía en dictadura. Entonces, los soldados mataron animales y corrieron a las comunidades a punta de pistola.
Marta recuerda aún el día que Roberto Bendini, jefe del Estado Mayor General del Ejército durante la presidencia de Néstor Kirchner, le pidió disculpas “por las equivocaciones” de la fuerza con los Rankewe. “No lo podemos reconocer abiertamente”, le dijo. “Vamos a ver cómo lo resuelven los abogados”.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
