Después de un acto en el Centro Cívico, integrantes de la CTEP, CCC y Barrios de Pie se subieron a los micros que llegarán el viernes al Congreso de la Nación. Este miércoles se nutrirán de más trabajadores en Neuquén y Fiske Menuco.
El Estado suele desafiar las demandas de los trabajadores de la economía popular con el grado de anclaje territorial que tienen sus organizaciones. La respuesta, durante la Marcha Federal que el viernes llegará al Congreso de la Nación, será contundente: más de 40 movimientos populares convergerán en el seno del poder político, y la región cordillerana de la Patagonia tendrá su representación.
Ayer, desde el Centro Cívico, partió uno de los colectivos con militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, que mañana se nutrirá de más trabajadores tras el acto del mediodía en la ciudad de Neuquén y de la tarde en Fiske Menuco (General Roca).
Frente al municipio, repartían tortas fritas para apalear con calorías el frío ventoso que sacudía la Plaza de los Pañuelos. “Nosotros ahora tenemos el Plan Calor”, le dice a Al Margen Mónica Carriqueo, de la CCC. “Pero la garrafa que nos da el gobierno provincial dura tres días, te la da cada cinco y sólo por cuatro meses”.
La política de ajuste de Cambiemos golpea fuerte a los barrios más humildes de la Argentina. Y a los de la Patagonia, por sobre todo, no sólo en cuanto a lo energético sino también a lo alimentario.
“Es una preocupación el precio de la garrafa a 240 pesos o el del metro de leña entre 700 y mil pesos. También el boleto de colectivo a 20 pesos, lo caro de los alimentos, que organizaciones sociales como la nuestra hayamos dejado de percibir comida en los merenderos”, nos dice Laura Ferman, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El tema alimentario es quizás la preocupación más acuciante entre los trabajadores de la economía popular. José Huenchuan, del Movimiento Evita, dice que a partir de las once de la noche, frente a las puertas de los hoteles céntricos de Bariloche, suelen concentrarse familias que esperan restos de comida. Días atrás, un relevamiento oficial dio cuenta que en el vertedero municipal hay 112 personas que, a diario, también buscan alimentos.
La inquietud es compartida por Marisa Torrado, de la CCC Bariloche, que nos cuenta que recientemente abrieron un merendero, al igual que Willy Hoingo de Barrios de Pie en Junín de los Andes.
Todo va de la mano de una problemática superior: el empleo. En esta ciudad andina existen al menos 1200 cooperativistas que resisten los embates de la transferencia de recursos de los asalariados hacia el capital. Entre ellos, por ejemplo, los del Estacionamiento Medido, que dejaron de percibir $4200 mensuales como parte del recorte sobre 18.000 mil personas en todo el país.
Estas injusticias son las que los movimientos populares pretenden revertir mediante la elaboración de cinco proyectos de ley: el de emergencia alimentaria, para garantizar los requisitos nutricionales de pibes hasta los 16 años; el de infraestructura social, que destinaría un 25% de los fondos de la obra pública a las cooperativas del sector en barrios populares; el de integración urbana, para que los 5 millones de habitantes en villas y asentamientos (3000 familias son de Bariloche) accedan a la expropiación de tierras que ocupan y se les provea de servicios básicos; el de declaración de emergencia en adicciones; y el de acceso a la tierra para agricultores familiares, mediante créditos blandos.
Los proyectos ya fueron presentados en el Congreso de la Nación, durante una audiencia pública el 23 de mayo pasado, encabezada por los diputados Leonardo Grosso y Victoria Donda.
A ellos, la CTA Autónoma, otra de las protagonistas de la Marcha Federal que ayer estuvo representada por Edgar Actis, secretario general de ATE, suma la reincorporación de los trabajadores despedidos; y todas las organizaciones patagónicas, la solución de fondo a la prórroga de la ley 26.160, que posterga los desalojos de las comunidades indígenas sobre sus territorios recuperados.
La mayoría de los dirigentes que hablaron frente al micrófono destacaron la unidad de las organizaciones convocantes casi como un sueño de los de abajo. Incluso estaban presentes los abuelazos que pelean contra el vaciamiento del PAMI, trabajadores judiciales de Sitrajur y docentes de Unter. A nivel provincial también adhirieron La Bancaria y, a nivel nacional, Camioneros.
Luego de su paso por el valle, la columna llegará el jueves a Santa Rosa, La Pampa, y el viernes a las 9 a la ciudad de Buenos Aires, donde a las 14 de desarrollará un acto que se anticipa masivo.
“Esta marcha empezó el 10 de diciembre de 2015”, le dice Al Margen Sebastián Íbalos de Barrios de Pie Neuquén. “Nosotros queremos decirle al presidente que piense en el 32% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Queremos que los padres y madres coman con sus hijos las cuatro comidas diarias”.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen