La muerte del joven tras el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi no tiene un solo imputado. Los cinco albatros con cargadores vacíos que dispararon 114 balas ni siquiera fueron llamados a indagatoria
Marcha por Justicia a cumplirse los 5 meses. Foto: Euge Neme.
El Estado argentino no hizo justicia todavía con Rafael Domingo Nahuel Salvo, el joven asesinado tras la represión que desplegaron las fuerzas de Seguridad sobre la comunidad mapuche Huincul Mapu el 25 de noviembre pasado, frente al Lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
Este hecho, junto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, constituye tal vez el mayor acto violatorio de los derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri. Pese a la versión oficial esgrimida como vómito por los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano, los testimonios y pruebas que constan en el expediente no logran acreditar la hipótesis de un enfrentamiento armado, según fuentes allegadas a las que tiene acceso Al Margen.
Rafael Nahuel, un pibe de barrio humilde, de 22 años, fue a solidarizarse con la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que reivindica esas tierras y murió por la hemorragia que le causó una bala de plomo que ingresó por su glúteo y se alojó en el tórax. De acuerdo al análisis del Instituto Balseiro, en sus manos tampoco había rastros de pólvora. Es decir, no portaba armas que haya disparado.
En cambio, a partir de las pericias sobre el arsenal secuestrado a los seis miembros del grupo Albatros que protagonizaron el desalojo, se verificó la ausencia de 114 proyectiles: un número sobredimensionado para el ejercicio de defensa propia.
En una elusión duramente criticada, la fiscal Silvia Little no atinó en estos seis meses a pedir la indagatoria del marinero García, el ayudante Blanco y los cabos Sosa, Cavia, Pintos y Obregón, a pesar de que cinco de ellos tenían cargadores vacíos cuando descendieron los mil metros de ladera después de disparar con ametralladoras automáticas y 9 milímetros. La munición alojada en la cavidad torácica y peritoneal de Nahuel también es calibre 9 milímetros.
Por ese motivo, la semana pasada fue la querella -que representa a los papás de Rafael Nahuel- la que solicitó la indagatoria y prisión preventiva de los presuntos victimarios. Todavía no hay respuesta sobre ello.
La impunidad sobre este crimen se expresa en un contexto de alza de la violencia represiva del Estado sobre la protesta social y la acción directa. Dos días antes del asesinato de Nahuel, el juez que entiende en la causa, Gustavo Villanueva, convocó a 300 efectivos que a las 4.30 de la madrugada tomaron control parcial del territorio recuperado, llevándose detenidos a cinco mujeres y cinco niños que fueron liberados recién a la noche.
El 25 de noviembre, en tanto, fueron heridos un hombre y una mujer, pero la Justicia aún no investiga por qué.
Un documento de 180 páginas elaborado en diciembre pasado por el ministerio de Seguridad y los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén concluye que, “alertados por la escalada del conflicto en territorio chileno, (los gobiernos) buscan evitar llegar a la situación en la que se encuentra actualmente el país trasandino respecto a estos reclamos territoriales”.
Luego continúa: “La Justicia Federal (…) como la Justicia Provincial se encuentran trabajando en forma conjunta (…) para poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad (….)”.
Días antes, el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, dispuso preparativos para la creación de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.
En febrero de 2017, en tanto, el juez Guido Otranto procesó en Esquel a un comisario, un oficial principal, al fiscal general y un fiscal jefe de la provincia de Chubut, por mantener fluidos contactos con un agente de inteligencia sin autorización judicial ni de la Agencia Federal de Inteligencia, sobre datos vinculados a la recuperación de tierras.
Sin duda, la diatriba jurídica y mediática oficialista parecieran no más que haber buscado consenso para legitimar la muerte de un artesano y, días más tarde, la de un chico que hacía carpintería en una organización social. Que se solidarizaron en tiempos en que la solidaridad, para el Gobierno, es un disvalor.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
