“En vez de buscar a mi hermano o investigar a Gendarmería, Otranto me pinchaba el teléfono”

Eso que desde el principio denunció la familia Maldonado, hoy se comprobó oficialmente: el juez Otranto, en vez de investigar qué había pasado con Santiago y cuál era la responsabilidad de Gendarmería en su desaparición, decidió apuntar contra la familia y la Pu Lof de Cushamen. El propio juez actualmente a cargo de la causa, Gustavo Lleral, fue quien visibilizó un hecho de extrema gravedad: su antecesor había ordenado escuchar las llamadas telefónicas de Sergio Maldonado y de otras tres personas de la comunidad y allegadas a Santiago (Claudina Pilquiman, Ariel Garzi y  Marcela Stocovaz).

“El magistrado antecesor (Otranto) ordenó una medida que, a mi juicio, afectaba indiscutiblemente el derecho a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo”, dice, de manera contundente, Lleral, en el escrito que se dio a conocer hoy y en el que también se informa que ordenó destruir las grabaciones.

Otranto me mandaba a escuchar y me intervenía el teléfono como si yo fuera el culpable de la desaparición. Y se metía en mi vida privada, en un momento de tanto dolor

Ni bien trascendió la noticia, Cítrica se comunicó con Sergio Maldonado: “En vez de ponerse a investigar dónde estaba mi hermano o darnos contención, o llamarnos, Otranto me intervino el teléfono. No era capaz de recibirme para que yo pudiera aportarle información. No sabía cuánto medía ni cuando pesaba Santiago, no sabía de sus gustos, no sabía nada de la persona que tenía que buscar. Y se negaba a recibirme. Sin embargo, me mandaba a escuchar y me intervenía el teléfono como si yo fuera el culpable de la desaparición. Y se metía en mi vida privada, en un momento de tanto dolor”, dijo Sergio, quien informó que en las próximas horas la familia sacará un comunicado, y que se pregunta: “¿Por qué en vez de escucharnos a nosotros no investiga los teléfonos de Noceti y de los gendarmes?”

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que lo hecho por el juez Otranto es de una gravedad inusitada: “Estaba investigando en ese momento la desaparición de Santiago, y tomó la medida de intervenir telefónicamente al hermano de la víctima que también es una víctima. Y que lo haya hecho el mismo día en que sabía que la Cámara iba a resolver sobre la recusación sobre su actuación que habían presentado la familia Maldonado y el CELS también es grave; dispone una medida tan delicada e infundada sabiendo que había muchas posibilidades de que no iba a continuar como juez de la causa”.

Para el juez Lleral las escuchas realizadas a Sergio Maldonado son parte de un Estado al margen del Derecho.

¿Por qué, sabiendo que podía dejar de ser el juez de la causa, ese 22 de septiembre, el juez Guido Otranto ordena las escuchas? ¿Fue una decisión pura y exclusivamente suya o cumplió órdenes de más arriba? ¿Por qué, ya apartado de la causa, Otranto le pidió varias veces esas escuchas a Lleral?

Algunas de esas respuestas probablemente las tenga el Ministerio de Seguridad, que luego realizó varias denuncias por falso testimonio contra abogados, amigos de Santiago e integrantes de la comunidad.

“Los términos de la resolución de Lleral son un mensaje a la familia de la víctima, pero también es un mensaje bastante categórico y claro al Ministerio de Seguridad y Gendarmería, que rápidamente se pusieron a hacer denuncias contra miembros de la comunidad cuando todavía no se investigó y se tiene que aclarar la responsabilidad de Gendarmería en ese operativo ilegal y violento, que si no hubiese ocurrido, Santiago no se habría metido al río y no se hubiera ahogado. Es un mensaje a todos aquellos que están tratando desde el principio de la desaparición de Maldonado de desviar la investigación y denunciar a la familia en vez de concentrarse en la responsabilidad de Gendarmería”

EL ESCRITO DE LLERAL

En el escrito que le hizo llegar a las partes, el juez Lleral expresa:

“Si acaso el Juez Federal titular del Juzgado Federal de Esquel tenía conocimiento de que las personas, a quienes les intervino sus líneas telefónicas, sabían o poseían datos útiles para la búsqueda de Santiago Maldonado, debió haberlos convocado para escucharlos, al menos, como testigos, medida elemental que hubiera resultado menos revictimizante y, en definitiva, más razonable, proporcionada y conducente al cumplimiento del objeto procesal del trámite de habeas corpus. Sobre todo cuando una de las personas afectadas por la medida judicial de intervención telefónica era, precisamente, Sergio Maldonado, hermano de la víctima, asimilado a ésta por nuestro ordenamiento jurídico (arts. 2, 3, 4, 5 y concordantes de la Ley 27.372, arts. 79, 80, 81 del C.P.P.N.)”

Lleral dice que en la resolución que la fiscal Avila también conocía estas escuchas. No solo Otranto, que ya se apartó, sino también ella debe apartarse.

En otro de los párrafos destacados del documento, el juez que desde el 29 de septiembre está a cargo de la investigación, no ahorra palabras para referirse a la actuación de Otranto: “A riesgo de ser redundante, quiero decirlo con toda claridad. La medida procesal analizada, fue ordenada para interceptar las comunicaciones telefónicas del hermano de la víctima y de otras personas que con él se comunicaban. Y dicha medida, a criterio de este magistrado, no debió ser adoptada en este proceso de habeas corpus y menos aún sobre las comunicaciones de la víctima, so pretexto de establecer la verdad de lo ocurrido y de dar con el paradero de una persona desaparecida. Porque todo accionar de los órganos del Estado tiene como límite infranqueable al hombre y a sus derechos esenciales, que no pueden por ninguna razón verse afectados por medidas desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas, como ha sucedido en estos autos. Éste es justamente el rasgo distintivo entre un Estado de Derecho y un Estado al margen del Derecho”.

Y continúa con una cita al jurista Julio Maier:

“En el proceso de habeas corpus, el objeto reside en encontrar a la persona física y si bien todos los medios de prueba pueden ser admitidos para dar con el paradero de ella, las medidas dispuestas en este legajo resulta inadecuada a los fines de este proceso. En efecto, la interceptación de comunicaciones es una medida que afecta, indiscutiblemente, el derecho a la intimidad, por lo tanto, no sólo se requiere la existencia de una orden judicial y como tal, fundada, sino la particularidad de que no exista otra medida menos gravosa para la continuidad de la investigación en busca de la verdad. Destacándose así, la necesidad de la medida en análisis. Por ende, reviste una entidad tendiente a la persecución delictiva (Julio Maier, Derecho Procesal Penal).”

NO SOLO ES OTRANTO

“Más allá de que no respetaron la privacidad ni el dolor, la pregunta es quiénes escucharon esas grabaciones. No sabemos en manos de quién estuvieron esos audios, quién los pidió y para qué. No es solo Otranto, hay toda una complicidad detrás. E incluso para cerrar ese círculo quizá haya que ir más allá de esta causa. ¿Cuántas personas deben estar siendo escuchadas ahora y no tienen ni idea?”, dijo Sergio Maldonado.

En ese sentido, Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, agrega: “Lleral dice  en la resolución que la fiscal Avila también conocía estas escuchas. No solo Otranto, que ya se apartó, sino también ella debe apartarse. Ahora entendemos todo el maltrato hacia la familia desde el principio. No se investigaba la desaparición de Santiago ni a Gendamería, sino a la familia. Y por ese motivo, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo apartó a Otranto. Le dijo usted no es imparcial, no puede continuar. Pero Otranto siguió trabajando, y llevando adelante investigaciones a tal punto que le interesaban esas escuchas. Él y Avila las pidieron. ¿Para qué?. Lleral lo sabía desde el principio, por eso ordenó que se terminaran. Pero de todo esto nosotros nos estamos enterando ahora, y en parte porque construyeron todo un caos judicial para que no encontremos la verdad”.

por Revista Citrica