Así lo anticiparon a Al Margen, luego de que el ministerio de Trabajo de la Nación resolviera que percibirán sólo una parte del salario acordado.
Juan Pablo Ferrari, Ariel Cárdenas y Gustavo Fressone, interlocutores del conflicto por los recortes a los trabajadores de la economía popular.
Luego de una intensa puja con el Ministerio de Trabajo de la Nación, los cooperativistas del Sistema Estacionamiento Medido de Bariloche lograron el compromiso de pago del componente salarial de 4200 pesos de abril y mayo. Si bien el acuerdo distiende la exasperante situación económica de 140 familias, Jorge Triaca no les devolverá ese módulo correspondiente a febrero y marzo, y le puso fecha de vencimiento al programa.
La noticia fue comunicada hoy al mediodía a los representantes de las cinco cooperativas que gestionan el Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario (SEMS), por parte de funcionarios municipales y el Gobierno nacional reunidos en Buenos Aires. Allí estaban el coordinador de Tránsito local, Juan Pablo Ferrari, el concejal macrista Daniel González y el secretario de Empleo, Miguel Ponte. Durante la última semana hubo una áspera negociación entre las partes, con ocupaciones pacíficas de la delegación de Trabajo en esta ciudad.
El conflicto nace cuando los cooperativistas del SEMS, que venían percibiendo alrededor de 13.200 pesos compuestos por ingresos de la recaudación del sistema ($9000) y otra parte por un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación ($4200), dejaron de recibir este ítem complementario, el marco de una poda que afectó a más de 18 mil trabajadores en todo el país.
“La respuesta es positiva, pero el sabor es a poco”, define a Al Margen Santiago Carballo, de la cooperativa Kata Wain Newen. “Porque si bien descomprimimos una situación crítica, existía un compromiso del año pasado para que a fines de 2017, cuando finalizara el programa de empleo, los compañeros pudiesen ingresar al Salario Social Complementario. Hoy esa seguridad no es tal”.
El Salario Social Complementario, que emana de la ley de Emergencia Social, garantiza un plus similar a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, establecido hoy en $9200. Este beneficio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación podría sustituir al aporte del Ministerio de Trabajo. Para el macrismo, los trabajadores de la economía popular no califican para ser atendidos por Triaca, sino que son un problema de Carolina Stanley.
“Esto es un alivio, pero es poco. No vamos a ceder hasta que encontremos una salida de fondo”, advirtió Marina Pereyra, de la cooperativa operadora del SEMS Nuevos Caminos. En declaraciones a Al Margen, la dirigente aseguró que buscarán que el municipio cumpla con su palabra: por un lado, alentar las negociaciones que realiza la CTEP por el traspaso de los trabajadores al Salario Social Complementario y, por otro, que se modifique una ordenanza para ampliar la zona de estacionamiento medido, incrementar la tarifa y ejecutar la aplicación de multas.
Aunque la demanda no es amistosa con quienes detienen sus vehículos en el microcentro barilochense, le permitirán a las cooperativas ingresos por 3.500.000 de pesos y, de esta manera, cubrir la totalidad del salario de los trabajadores.
Hasta el momento, la actitud pública de los funcionarios municipales que fueron a negociar ha sido, al menos, poco aguerrida, teniendo en cuenta los favores que le ha hecho el Gobernador Weretilneck a la Casa Rosada. Otro de los actores en el tira y afloje fue Ariel Cárdenas, gerente de la Oficina de Empleo y Capacitación regional del organismo que dirige Jorge Triaca. A pesar de sus encuentros café mediante con el diputado nacional por el Pro Sergio Wiskhy, el joven radical tampoco pudo mover el amperímetro. Es que las decisiones se centralizan en Alem al 600, Buenos Aires, y salpican insensibles a toda la Argentina.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
