Las 140 personas que cobran el servicio público en las calles de la ciudad protestaron hoy en el Ministerio de Trabajo, porque desde febrero no perciben $4200. En su mayoría son mujeres, jóvenes, barilochenses y de barrios populares
Los trabajadores del Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario (SEMS), que a diario colaboran con en el ordenamiento del tránsito en Bariloche, no cobran desde febrero un acumulado de $4200 mensuales, por el ajuste que el Ministerio de Trabajo de la Nación aplicó sobre programas de empleo y que afecta a más de 18 mil cooperativistas en todo el país.
Una delegación fue recibida hoy al mediodía en Mitre al 600 por Ariel Cárdenas (gerente de la Oficina de Empleo y Capacitación regional del organismo que dirige Jorge Triaca). El representante de Trabajo en Bariloche no pudo brindar una solución inmediata que apalie la dramática situación de los cooperativistas y llamó al Intendente Gustavo Genusso incluyéndolo como interlocutor del conflicto y quien comprometió la presencia del Municipio para el día de mañana.
Decisiones tomadas a 1600 Km de distancia ponen en riesgo un programa que genera superávit en la comuna, fortalece a cinco cooperativas y ofrece trabajo a 140 familias, en especial mujeres y jóvenes de barrios populares nacidos en Bariloche.
Por fuera de los $4200, estos servidores públicos perciben otros $ 9000, generados por los ingresos de la operación del SEMS. Ya desde el año pasado, la recaudación supera el objetivo de 170 salarios mínimos pautados con la municipalidad. Pasaron cinco años y tres gobiernos desde su nacimiento: el sistema parece consistente.
Alrededor del 65% de las trabajadoras del SEMS son mujeres y casi el 50% es menor de 25 años. Para el 81% de esa porción etaria, éste es su primer empleo estable. El 83% nació en Bariloche, un 5% en alguna otra ciudad de Rio Negro y el 92% vive en barrios populares del eje sur o el sudeste (zona del Ñireco). Así lo reveló un informe de 2016 de la Mesa de Cooperativas, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Universidad Nacional de Río Negro.
A principio de año, trascendió que esta poda nacionalizada podría alcanzar a 280 mil trabajadores. En vez de poda, el gobierno nacional prefiere llamarla “traspasos” de programas dependientes de Trabajo hacia el Ministerio de Desarrollo Social. “Ocurre que esto nunca sucedió pero tampoco se le dio continuidad laboral a 18.647 personas en todo el país”, expresó a Al Margen Alejandro Fau, uno de los dos representantes de la mesa de cooperativas ante el municipio.
“Nuestra demanda es que se extienda el programa de empleo por seis meses más”, agregó el dirigente. “En seis meses el sistema generará los ingresos necesarios para prescindir de los 4200 pesos”, aseguró.
Poco ha hecho el Gobierno local, en tanto, para revertir la situación de los trabajadores. Al parecer, la seducción del concejal del Pro Daniel González no ha sensibilizado al diputado nacional macrista Sergio Whisky. No obstante, bajo la intensa lluvia de las 12, logró una nueva reunión para mañana, en la que se acordaría un reclamo conjunto a las autoridades del ministerio de Triaca en Buenos Aires.
La ofensiva de Cambiemos sobre los trabajadores de la economía popular avanza tanto como la resistencia. Desde el despacho de Matías Kelly, en el edificio de la cartera que dirige Carolina Stanley, se ha procurado sustituir el espíritu productivo de las cooperativas que organizan a 500 mil trabajadores por centros de formación. Asimismo, se intenta con bajo éxito trasladar al mercado de empleo a 400 mil cooperativistas mediante el programa Hacemos Futuro. Pero la contraofensiva es unívoca: el tridente de San Cayetano – CCC, Barrios de Pie y CTEP- ya busca fundirse en una sola organización.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen