El oficialismo tratara en segunda vuelta del proyecto de concesión del Cerro Catedral por 38 años a CAPSA. Afuera los y las vecinas abrazaran al Concejo Deliberante. Mientras esto sucede te contamos la trama oculta detrás de la entrega del mayor recurso económico de nuestra ciudad. Segundo informe de Al Margen.
Masivas audiencias públicas contra la entrega del principal recurso de la ciudad. Foto: Euge Neme.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Servicio Geológico Alemán (BGR) hicieron, convenio de cooperación mediante con la Municipalidad y la Dirección de Minería e Hidrocarburos de Río Negro, en 2003 un informe de impacto ambiental de Bariloche, que obviamente incluye al cerro Catedral.
En 2006, cuando estuvo terminado el estudio que se llamó “Estudio geocientífico aplicado al ordenamiento territorial”, se sancionó una ordenanza, la 1.640, que lo establece como guía de peligros geológicos de Bariloche. Y los y las concejales decidieron modificar la ordenanza de estudio de impacto ambiental para incluir como referencia esta guía.
El edil Natapof, con una copia del estudio entre las manos, señaló: “Plantea un análisis general, y claramente dice dos cuestiones que quería resaltar, una, y cito textual: ‘Teniendo en cuenta el deterioro del faldeo del cerro Catedral, es necesario que de ahora en más se exija la realización de estudios de impacto específicos’. O sea, dice lo que no hizo el Ejecutivo”. Y sigue citando al estudio: “‘Deben encararse inmediatamente acciones de estabilización en el faldeo del cerro Catedral’. Luego de esto hemos tenido diferentes situaciones de avalancha y de alud. Es muy concluyente. Estamos hablando de un estudio científico validado por ordenanza que aparte es nuestra guía geológica. Para mí hay varias lecturas: primero, hay una degradación institucional, porque se desconoce un instrumento científico y normativo, y, en segundo lugar, creo que no es ingenuo que este estudio y esta ordenanza no estén citados en los antecedentes del proyecto siquiera. Está omitido, está borrado. Yo creo que no es casual”.
Para desestimar este estudio, dicen que hay un tema de escala, que una vez que uno está en terreno, los espacios son más grandes, que no se van a usar todas las hectáreas para construir, sino que las superficies que se afectarán serán pocas. ¿Eso invalida entonces este informe de impacto ambiental? Todo indica que no.
Dueños y CEOs contentos con la concesión por 38 años. Foto: Euge Neme.
La empresa debería haber presentado los correspondientes estudios de impacto ambiental sobre las áreas que pretende afectar con las diversas infraestructuras. Un informe por cada intervención sería lo lógico dado que sostienen que aquel informe tan conciso del SEGEMAR no sirve porque es “muy general”.
El sueño de la cancha de golf propia
En la primera imagen que se ve en la propuesta presentada por la empresa, hay una extensa área señalada con rojo en la que se lee “cancha de golf”. Después, a poco de empezar las deliberaciones, la propia empresa decidió que no iba a hacer la cancha. Y tampoco pataleó cuando se decidió que en lugar de 110 iban a ser 77 hectáreas las que el Estado municipal les iba a ceder.
Todo esto da la sensación, mirando el propio proyecto y escuchando a la empresa y los funcionarios que la acompañan, que CAPSA quiere la tierra del Catedral y después verá qué hace con ella. Y es quizás también por esto que no presenta estudios de impacto ambiental, porque no tiene definido un proyecto del Cerro, sino que está buscando expandir sus posibilidades de negocios, lo cual está muy bien desde el punto de vista de una empresa que busca su mayor lucro.
El Estado Municipal debería defender el interés de la mayoría… Foto: Euge Neme.
Pero el Estado debe defender los intereses propios, es decir sus bienes y los ciudadanos y ciudadanas que le dan entidad. El problema en este caso es que esto no está pasando. El Ejecutivo municipal, provincial y nacional avalan, acompañan y traccionan el proyecto de la empresa. ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos y ciudadanas frente a esta realidad?
La zanahoria escuálida
Que el Ejecutivo local pondere que la empresa CAPSA ofrezca como parte de su proyecto de ampliación de concesión y proyecto urbanístico, darle al Estado municipal 5 millones de pesos para terminar dos gimnasios es, mínimo, bochornoso. Primero, porque 5 millones de pesos es un aporte muy pobre dada la envergadura de la pretensión empresarial. Segundo, porque la oferta podría ser levantar un par de gimnasios desde cero, lo que claramente, cuesta más de 5 millones. Tercero, porque es mezclar limones con limas de uña, porque CAPSA ofrece plata para gimnasios, que no tiene nada que ver con el Cerro, con el centro de esquí, con su pretensión urbanística, con las máquinas para hacer nieve, ni con la gran cantidad de agua que requerirán para hacerla. Más bien suena como una “zanahoria” (medio escuálida) para distraer a la población o torcer la voluntad de la población barilochense a favor del proyecto. ¿5 millones para terminar dos gimnasios (que por otro lado debería terminar el Estado) contra hacer negocios en el Cerro hasta el 2056? Suena a poco, pero sobre todo suena a distracción.
Y aquí no está de más recordar acuerdos similares que el Estado municipal y provincial hicieron con otras empresas. Changomás se había comprometido a hacer la rotonda para que le dieran permiso de construir su supermercado. Pero nunca la hizo.
El country Arelauquen, a cambio de obtener los permisos para quedarse con medio cerro Otto, desmontar muchas hectáreas de bosque nativo y allí construir canchas de golf, polo, tenis, entre otras cosas, se había comprometido a asfaltar la Ruta 82 hasta empalmar con la Ruta 40. Pero el asfalto solo llegó a la puerta de su emprendimiento. ¿Sabía Arelauquen de entrada que no iba a cumplir con lo pactado? ¿Había hecho un estudio de prefactibilidad antes de tomar ese compromiso o dijo que sí al asfalto, a ciegas, y cuando vio las dificultades que implicaba decidió que mejor incumplía su parte del trato? ¿Cuál de éstas será la opción que tome CAPSA? ¿O elegirá alguna otra? ¿Esta vez el Estado usará los mecanismos de que dispone para hacer que la empresa cumpla?
El negocio es la tierra
La propuesta incluye 22 millones de dólares en inversiones que se realizarán en los próximos años, después, habrá mucho tiempo en que la empresa ya no tendrá obligación de modernizar ni mejorar nada.
¿Le conviene a CAPSA tener un cerro viejo? Podemos decir que no, pero ¿por qué entonces propone una extensión de concesión en los mismos términos que en la actualidad le generan un problema (ya invirtió todo lo que debía invertir)? Porque, al parecer, CAPSA ve que el negocio no es hacer que más personas esquíen, sino que más personas consuman la “marca” cerro Catedral.
Empresarios y funcioanarios municipales en la misma vereda. Foto: Euge Neme.
“Otra de las cosas que me preocupa de este proyecto”, señaló el concejal Natapof, “es que, si entiendo bien, se va a desarrollar ahí algo como un Bariloche aparte. El turista se va a bajar del avión, lo van a subir a un vehículo, lo van a bajar allá y el turista, esquiador, se va a quedar ahí. Con lo cual creo que va a haber un perjuicio para el comercio, para el hotel de Bariloche que no está en el Cerro, y obviamente para todos los trabajadores.”
Pero sobre todo porque el “negocio” es la tierra. Construir, vender, alquilar. Y si se hace una “burbuja” inmobiliaria, para cuando se pinche, ya habrá dado un montón de ganancias.
¿En qué beneficia esto a la población barilochense? Al principio en más trabajo en el Cerro (pero quizás menos en la ciudad…), y más turistas visitando el centro de Bariloche. ¿Y si decae? El Estado será quien deba sostener el Cerro, su infraestructura, sus servicios, sus fuentes laborales.
Con tantas dudas, apuros y con tan pocas precisiones sobre qué se quiere hacer, dónde y cómo, ¿es lógico que los funcionarios acompañen el proyecto de CAPSA? ¿Tendremos un Cerro más privado que nunca?
Por Joaquín Crespo
Fotografías Eugenia Neme
Equipo de Comunicación Popular colectivo al Margen
