“Rechazo en Bariloche a la prisión domiciliaria para dos genocidas”

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, la comunidad barilochense se vio sorprendida al conocerse que dos genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, se encuentran gozando del beneficio de prisión domiciliaria en esta ciudad.

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24 de Marzo de 2017 en Bariloche. Foto: duke

Se trata de Ernesto Ramón Cook, que vive actualmente en el Barrio Pájaro Azul y Felipe Ayala, domiciliado en el Barrio Vuriloche IV. Ambos fueron hallados culpables de aplicación de torturas y desaparición forzada de personas. Particularmente Felipe Ayala fue condenado también por robo de bebés.

La información fue dada a conocer por la Red por la Identidad de los Lagos del Sur –  Abuelas de Plaza de Mayo, que denunció “los retrocesos en las políticas de Estado sobre Memoria Verdad y Justicia, evidenciados entre otras medidas, con el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los genocidas”, en este sentido, se destacó también que los controles de dichas prisiones son casi nulos, “por lo que afirmamos que tal beneficio es impunidad”.

“Se trata de dos genocidas condenados en 2014 y 2016, sobre los que no se puede hacer ningún tipo de presentación judicial al no ser causas radicadas acá, la presentación para la revocación la tendrían que hacer los damnificados directos”, detalló Jimena Palópoli, delegada de la zona andina de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Vale la pena recordar que Cook fue condenado a 16 años de prisión por los tribunales de Tucumán por la causa Arsenales II y Ayala -que fue apresado en el año 2010 en Bariloche- fue condenado a prisión perpetua por la justicia de Bahía Blanca, por la causa Striker.

De esta manera, si bien están dentro de la Ley, se destaca lo ilegítimo de la situación: “los cumplimientos de pena tienen que ser en una unidad penal, porque esos beneficios avalan la impunidad”, señala Palópoli. De este modo, en línea con el documento presentado por la Red, señaló la exigencia de que continúen y se aceleren los procesos judiciales contra los genocidas que deben cumplir su condena en cárcel común y efectiva, “para que finalmente nuestros nietos y nietas puedan vivir en libertad”.

Rechazo común

Apenas dada a conocer la situación de los dos condenados la comunidad expresó rápidamente el rechazo y las imágenes no dejaron de compartirse en las redes, alertando sobre la situación. “Por ahora eso es lo que puede hacerse, avisar a la sociedad de que hay dos genocidas condenados en estas condiciones y que los controles son muy endebles. Hay uno sólo que tiene pulsera electrónica, pero el otro no tiene ningún tipo de control, podría violar la prisión domiciliaria sin que nadie se dé cuenta. Por eso decimos que las prisiones domiciliarias tienen este dejo de impunidad, porque nadie está controlando 24 horas”, agregó Palópoli y agregó: “Como Red Ayala nos interpela bastante, porque está condenado además por el robo de bebes y sabe perfectamente donde están dos bebés que fueron secuestrados en la escuelita de Bahía Blanca”.

Por su parte, Mirta Siedlecki integrante de la Red por la Identidad, además de señalar la importancia de difundir esta información y conocerla como sociedad, destacó que la situación se diera a conocer justamente a poco del aniversario del Golpe y en el marco de la visita del periodista, escritor y abogado especialista en DD HH Pablo Llonto a nuestra ciudad para presentar su libro Juicio a la Junta: una mirada testimonial sobre el juicio a las Juntas Militares. “Fue el abogado querellante en la causa Miguel Etchecolatz y el que logró que volviera a prisión efectiva. Vemos que acá también tenemos prisiones domiciliarias y hay que promover que se revoquen esas prisiones”, concluyó Siedlecki.

 

Por Violeta Moraga

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen

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