Hacemos futuro: del fortalecimiento de la organización comunitaria a los subsidios a empresas privadas. Investigación de Al Margen sobre el futuro de los programas sociales y su impacto en la dura realidad barilochense. Primer informe.
Los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio dejan de existir. A partir de marzo, las actividades de los beneficiarios de estas políticas sociales serán encuadradas en los lineamientos del denominado programa Hacemos Futuro. Se eliminan las contraprestaciones en tareas de mejoramiento sociocomunitario en barrios populares y se deja de promover el cooperativismo como marco organizativo.
La información se difundió a través de una entrevista que brindó la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, publicada en el diario Clarín el 25/02/2018. Que es lo mismo que decir, el boletín oficial que anticipa la implementación de transformaciones en las políticas públicas de índole social del ejecutivo nacional. Y transformación es el significante, ya que no es posible mencionar la institucionalización o creación de políticas sociales novedosas desde el inicio de la gestión de la ministra Stanley. La ley de Emergencia Social fue producto de la lucha de los movimientos sociales, no de la iniciativa en materia social de la gestión Cambiemos. La cartera de Desarrollo Social sólo se encargó de dilatar tanto la reglamentación de esta ley, como la creación del Consejo de la Economía Popular, que si bien fue instituido en su letra, aún no ha comenzado en funciones luego de un año y medio de sanción de la norma.
Pero volvamos a Hacemos futuro. La información difundida en el pasquín de Magnetto, confirma que los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio, que sólo tuvo desarrollo en el conurbano bonaerense, se unifican en Hacemos Futuro. Según se puede leer en la web del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), este programa “se reformuló para que los titulares cuenten con mejores herramientas para formarse en oficios y terminar sus estudios”. De este modo, se eliminan las tareas de intervención sociocomunitarias a través de cooperativas de trabajo, que eran el eje rector de las actividades, a las que se sumaban capacitaciones en oficios y en gestión administrativa jurídica de las cooperativas creadas a tal fin, y se reemplazan estas contraprestaciones por la obligatoriedad de la terminalidad educativa (primaria y secundaria ya sea formal o a través de comisiones del Plan Fines), y la formación integral, a través de capacitaciones organizadas y coordinadas por organismos no gubernamentales que gestionan las mismas. Estos son los nuevos requisitos a cumplir para mantener la continuidad como titular del programa.
De la intervención comunitaria a la fantasía meritocrática
Dos frases más pueden leerse en la web del MDS. “El incentivo mensual lo seguirás cobrando como lo venías haciendo a través de tu cuenta única y personal del Banco Nación. (…) Tenés que saber que no debés realizar ningún pago para pertenecer al programa y nadie puede obligarte a concurrir a actos y movilizaciones”.
Varias conclusiones pueden desprenderse de estos enunciados, y que no se hacen explícitas en los testimonios de la ministra Stanley. A partir de su implementación, este programa no contempla más obras comunitarias realizadas por la mano de obra de cooperativistas. No hay más módulos de obras, no hay más financiamiento para mejoras sociocomunitarias. No más entes ejecutores gestionados por organizaciones y movimientos sociales, ya que en adelante los entes ejecutores de las capacitaciones son organizaciones del tercer sector, ong´s, centros de formación profesional.
Se hace evidente la estrategia del ejecutivo de deconstruir la envergadura que cobraron los movimientos sociales (CTEP, Barrios de Pie, CCC, Movimiento Evita). Quienes demostraron desde el inicio de la gestión de Cambiemos una capacidad organizativa y de movilización popular que no manifestó en la calle la CGT, hecho que se volvió a evidenciar en las masivas movilizaciones de rechazo a la sanción de la ley de Reforma previsional en diciembre último, como en las columnas movilizadas con motivo de la convocatoria en rechazo al modelo económico del 21 de febrero. Es evidente también que el gobierno encuentra mayores niveles de dificultad en el disciplinamiento de las organizaciones de los trabajadores de la economía popular, el último escalafón de la clase obrera, precarizada, flexibilizada, al margen del aparato productivo, que en las centrales obreras mayormente conformadas por trabajadores del estado, a las que pugna disciplinar a través de la imposición de techos en las paritarias y la reforma laboral. Esta maniobra de eliminar obras comunitarias de los programas sociales como quitar a los Movimientos Sociales como entes ejecutores del programa Argentina Trabaja, significará para el presupuesto del MDS un ahorro de 720 millones de pesos[3]. Recurso que Stanley comprometió destinar a obras de infraestructura en barrios vulnerables, pero que no precisa de qué modo se implementaría. Hechos y promesas.
Por otro lado, y no menor, se elimina la realización de obras a través de cooperativas de trabajo, se cambia del paradigma del trabajo asociativo al paradigma de las trayectorias individuales. De hecho, ya en Mayo del año pasado, en sucesivas reuniones con funcionarios del MDS y del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), se les hizo firmar a los titulares del programa Argentina Trabaja, una declaración jurada en la cual se responsabilizaban de la gestión contable, impositiva y jurídica de las cooperativas creadas por programa, deslindando al MDS de esta responsabilidad (realización de balances, presentaciones impositivas, gestión de libros contables y sociales, tareas estas que realizaban los entes ejecutores del programa, para los cuales se contemplaban gastos administrativo contables en los módulos de obras del mismo). Hacemos futuro no está más destinado a cooperativas de trabajo sino a titulares de derecho. Se fragmenta la organización cooperativa y comunitaria en virtud de las trayectorias laborales individuales. La fragmentación de la organización social como política pública promovida por el MDS. Otro hecho político de la gestión Cambiemos, adornado con una ilusión imaginaria, la posibilidad de inserción laboral.
Es innegable que el requisito de la terminalidad educativa y la formación en diferentes saberes y oficios suma competencias, saberes, formación integral a quienes son beneficiarias y beneficiarios de esta política pública. Nadie puede discutir que mayores niveles educativos aportan a la autonomía social, cultural, simbólica de las personas. Es un dato concreto que el 60% de los beneficiarios de estos programa no finalizó sus estudios secundarios, dato que surge de la actualización obligatoria de datos de beneficiarios de programas de inserción sociolaboral, que hizo la ANSES entre diciembre y enero de este año. Ahora homologar mayores niveles de formación a inserción laboral, a mayor autonomía económica, es ponderar el relato meritocrático por sobre los indicadores económicos, socioeducativos, de empleabilidad, de contexto.
Por Marcelo Viñuela
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen