La comunidad de Bariloche se encuentra sacudida por una polémica que marca la agenda de la ciudad: el proyecto oficialista de prórroga de la concesión del Cerro Catedral. El trámite del mismo está plagado de irregularidades.
Este proyecto plantea la extensión por 30 años, hasta 2056, de una concesión a la que le quedan todavía 8 años de vigencia, en beneficio de la empresa Catedral Alta Patagonia SA, parte del Grupo Vía Bariloche. Los términos del acuerdo son básicamente los siguientes: la empresa ofrece U$S 22 millones de dólares para modernizar parcialmente el centro de esquí, a cambio de reconocer el poder concedente al Municipio -que siempre cuestionó en sede judicial- y que le otorguen la posibilidad de realizar un desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas de propiedad fiscal en plena montaña.
El trámite del proyecto está plagado de irregularidades. El mecanismo buscado no es el adecuado porque el acuerdo que se busca aprobar implica una contratación directa a una empresa sin ningún tipo de justificación. Un pliego licitatorio para operar un centro de esquí sería así desvirtuado para conformar un fideicomiso inmobiliario para un negocio que implica sólo de ganancia para CAPSA más de U$S 118 millones, según documentos de la empresa.
Asimismo, no se acompaña el Estudio de Impacto Ambiental requerido por ley, ni para el plan de inversiones (que utilizará enormes cantidades de agua potable para fabricar nieve artificial y aumentará la superficie esquiable) ni para el desarrollo inmobiliario que choca con la Carta Orgánica Municipal- que establece que no puede urbanizarse en la zona y que las tierras son inalienables-, con la Ley de Bosques y contra la Ordenanza 1640-CM-2006 -que aprobó un estudio geológico que declara como NO APTA para la urbanización a esa zona.
Para colmo, semejante negociado se aprobaría sin que se revise el canon que paga la empresa anualmente al municipio, y que fuera fijado en 1992 por el pliego original. Sólo $13 millones dejó en 2017 la concesión del negocio más importante de la ciudad para las arcas de un Municipio que se encuentra al borde de la quiebra, con 8 meses seguidos de déficit operativo que cubre con Aportes del Tesoro Nacional y con giro en descubierto bancario.
Políticamente, el oficialismo municipal está siendo presionado tanto por el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional. El Gobierno Provincial, de su mismo partido Juntos Somos Río Negro, es un aliado incondicional del Grupo Vía Bariloche desde que Weretilneck era Intendente de Cipoletti. El Gobierno Nacional en manos de Cambiemos ya se pronunció reiteradas veces a favor del proyecto. Incluso Macri se pronunció al respecto. Se sabe que su “amigo del alma” Nicky Caputo puede ser beneficiario indirecto, porque la infraestructura pasaría justo frente a su propiedad en el Cerro San Martín, donde tiene en carpeta un proyecto de urbanización desde hace años sin lograr aprobarlo, justamente por no contar con los nexos de servicios necesarios y que este contrato facilitaría. Por eso Cambiemos presiona a su edil local Daniel González para que aporte el octavo voto que el Intendente Gennuso necesita para aprobar el proyecto. Ambos, Gennuso y González, se opusieron en 2016 a un proyecto casi idéntico que impulsó la empresa en el marco de una iniciativa privada. Nunca pudieron explicar en estos meses porqué cambió tan radicalmente su opinión al respecto. Todos intuyen que las presiones políticas de Macri y Weretilneck son la principal explicación.
El trámite legislativo se está dando en tiempo récord, para lo cual se excluyó cualquier otro proyecto de la agenda del Concejo Municipal. Hace meses que sólo se discute esto. La Audiencia Pública para discutirlo que se llevó adelante el 12 y 13 de marzo fue multitudinaria, con 124 oradores inscriptos, donde el rechazo ciudadano al proyecto fue rotundo. El oficialismo hizo todo lo que pudo para desalentar la participación disponiendo de un lugar inadecuado donde no entraban los vecinos ni podían escuchar. Además, terminada la misma, declaró que no va a dar marcha atrás porque según el Intendente “es una decisión tomada”, desconociendo que la decisión está en cabeza de otro poder del Estado como corresponde a un ordenamiento republicano, y reduciendo la opinión ciudadana a mera formalidad.
El avasallamiento de las instituciones también implicó la convocatoria irregular de la Comisión de Transacciones que debe aprobar este acuerdo, para lo cual se excluyó arbitrariamente a la Presidenta del Tribunal de Controlar, que fue electa por la oposición. Esa comisión, que debe controlar que se cumplan los extremos de la Ordenanza 520-CM-1995 que habilita la prórroga de las concesiones públicas, aprobó un dictamen en pocos días que omitió, al menos, un gran incumplimiento por parte de la empresa, lo que sería un impedimento para que el acuerdo prospere: según el contrato original de la concesión de 1992, al terminar el plazo de la misma en 2026, al menos el 50% de la capacidad de transporte debe estar conformada por medios de elevación que cuenten con menos de 10 años de antigüedad de fabricación. Hoy, a 8 años de finalizar dicha concesión, los más de 30 medios de elevación tienen un promedio de antigüedad de 30 años o más, y no hay ninguno de los medios que tenga menos de 20 años. Lo que CAPSA ofrece como prenda para que le prorroguen la concesión, en realidad es parte de lo que está obligada a hacer por contrato y no ha venido cumpliendo. Esto podría configurar una estafa y abrir la puerta para denuncias penales para muchos funcionarios locales involucrados.
La comunidad barilochense se viene movilizando cada vez más para oponerse a un negociado que apunta a regalar el patrimonio de todos. La renovación de esta concesión puede ser la última posibilidad de generar condiciones que permitan hacer sustentable a un municipio desde el punto de vista fiscal, económico y social. La ciudad está sumida en una crisis de infraestructura sin precedentes: la planta de tratamiento de efluentes está colapsada -sólo la mitad de la población está conectada a cloacas-, al igual que el vertedero municipal, el servicio eléctrico no puede abastecer la demanda lo que implica que hasta el mismo Cerro Catedral se quede sin luz recurrentemente en plena temporada, existe una gran proporción de la población que no tiene conexión a la red de gas, barrios enteros que se inundan en la temporada de lluvia y que se quedan sin agua potable en verano por falta de obras, las calles están desbastadas y el transporte urbano de pasajeros es deficitario pese a tener la tarifa más cara del país. Este proyecto lejos de dar alguna solución a esta situación, sólo va a profundizarla, aumentando la presión sobre la deficiente infraestructura. Aprobar esta ordenanza en este marco es como dar una cachetada a los miles de hogares que padecen estas restricciones cotidianamente.
Por todo esto, la consigna más escuchada en las calles y en las redes sociales en estos días es “REFERÉNDUM POPULAR YA”. En estos días se prevé que se empiece a juntar las firmas para dicha iniciativa ciudadana que corte de raíz este intento de avasallamiento de las instituciones y vuelva a poner en el centro de la discusión los derechos y la necesidad de garantizar bienestar a todos los barilochenses.
Por Tomás Guevara/ CONICET / CIETES-UNRN
