La justicia antimapuche, desatada

A seis meses de la desaparición de Santiago, el Poder Judicial salió de cacería contra ese “enemigo interno” inventado por el Ministerio de Seguridad: comunidades mapuche y quienes las apoyan y acompañan.

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En la mañana de ayer, casi al mismo tiempo, cinco hechos dejaron en evidencia la nueva avanzada de un Gobierno que, pasando por encima la división de poderes, se vale de la Justicia para continuar su persecución.

UNO
A las seis de la mañana, en un operativo ordenado por la jueza Graciela Rodríguez y el fiscal Carlos Díaz Meyer, decenas de efectivos, armados como para una guerra, ingresaron a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen. Precintaron a todos los miembros de la comunidad durante tres horas, sin dejarlos siquiera ir al baño. La lamién Vanesa Villañanco sufrió una descompensación y tuvo que ser hospitalizada en El Maitén.

Del operativo también participó el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

¿Cuál fue el motivo de este nuevo atropello a esta comunidad? Una denuncia realizada por Ronald McDonald, el administrador general de las estancias de Benetton. McDonald dice que a fines de septiembre del año pasado le robaron un toro y 41 ovejas. En el operativo, se llevaron algunas ovejas -no encontraron ningún toro- y caballos de la comunidad.
“Revolvieron todas las casas. Decían que buscaban armas. Y se llevaron nuestros animales”, contaron desde la comunidad, que otra vez quedó durante más de tres horas completamente aislada porque se hicieron retenes para que nadie pudiera llegar a solidarizarse ni saber lo que estaba pasando.
DOS
Con la misma intención, la de llevarse los animales, la policía se hizo presente en la comunidad Vuelta del Río, vecina de la Pu Lof de Cushamen. Pero allí, alertados, los integrantes de la comunidad no los dejaron ingresar y solicitaron la orden de allanamiento. Como tal orden no existía, los efectivos se retiraron con una promesa: “Vamos a volver y nos vamos a llevar los animales”.

Estamos viendo con mucha preocupación esta avanzada direccionada hacia las comunidades y puntualmente hacia los reclamos sociales y comunitarios.

TRES
En la ruta, rumbo a la audiencia en la que estaban citados en el Juzgado de Esquel, Jorge Buchile y Javier Ruiz Huenchupan -quienes el 10 de enero de 2017 se habían acercado a solidarizarse tras la represión en la Pu Lof y terminaron siendo perseguidos a los tiros, detenidos, torturados y acusados de delitos que no cometieron-, se enteraron de que la fiscalía de El Hoyo ordenaba la detención de ambos y el traslado inmediato. Ante esta situación se comunicaron teléfonicamente y explicaron que estaban yendo a declarar, pero desde la fiscalía insistieron en que habían sido declarados “en rebeldía” y debían detenerlos.

Al llegar a Esquel, el juez Colabelli decidió dar de baja al pedido de detención pero no les dio el sobreseimiento, en una causa inventada, plagada de pruebas falsas y en la que prácticamente todos los testigos son policías.

CUATRO
Por esa misma causa, que jurídicamente no tiene pies ni cabeza, el juez Colabelli decidió mandar a juicio a Daniela González, Gustavo Jaime e Ivana Huenelaf, quien el 10 de enero logró romper un vidrio de la comisaría de El Maitén y avisar que estaba allí, justo cuando el fiscal Díaz Meyer (sí, el que ordenó el allanamiento en la Pu Lof de esta mañana) le negaba en la cara a un abogado que ella estuviera detenida en esa dependencia.

“Colabelli rechazó el pedido de sobreseimiento que habíamos hecho en relación a Gonzalez, Ivana y Jaime, por lo cual mandó a continuar la audiencia en relación a Jorge Buchile y a Javier Ruiz Huenchupan. Por ende, recusamos al juez, solicitamos que se aparte de la causa, ya que al haber resuelto la situación de González, Huenelaf y Jaime ya está anticipando cuál será la resolución en cuanto a Buchile y Ruiz Huelchepan. El juez no aceptó la recusación, pero la decisión si puede seguir o no en la causa tiene que ser revisada por dos jueces penales. Tienen plazo hasta el martes, y se hará por escrito, así que hay que esperar eso para continuar”, explicó el abogado defensor Marcos Ponce.
Respecto a la persecución judicial que se vive por estas horas en la Patagonia, el letrado expresó que “desde la Defensa Pública estamos viendo con mucha preocupación esta avanzada direccionada indudablemente hacia las comunidades y puntualmente hacia los reclamos sociales y comunitarios. Tenemos que estar preparados moral y académicamente para resistirlo lo más que se pueda. Desde lo personal creo que nada es casual. Todos estos hechos no pasan casualmente”.

CINCO
En el mismo día que atacaron a su comunidad de diferentes maneras, el lonko Facundo Jones Huala recibió una citación para una audiencia este 8 de freberro, a raiz de la denuncia realizada por el fiscal Marijuan por “instigación a cometer delitos”. La audiencia será, por razones de “seguridad”, en el Penal de Esquel, donde el lonko se encuentra detenido ilegalmente. ¿Quién será el juez? Guido Otranto, quien ordenó el desalojo de la ruta 40 que terminó en el asesinato de Santiago Maldonado, causa que a su vez, en un primer momento “investigó” el mismo magistrado.

por Gioia Claro – Revista Citrica

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