(Por Sebastián Premici – Cadenas del sur) El Gobierno plantó pistas falsas, espió, ocultó información. Planificó la represión ilegal, la ejecutó y luego encubrió los hechos.
Como sostuvieron la legisladora Myriam Bregman y Gloria Pages en un reciente artículo publicado en la Izquierda Diario, una de las características esenciales de los crímenes de Estado es la planificación para negar los hechos (la represión, la persecución de la Gendarmería, enmarcar los hechos en una nueva lucha “antisubversiva”), la planificación para ocultar información y para plantar pistas falsas (ver Caso Maldonado: los manuales del Gobierno de Macri para encubrir y negar).
El Gobierno nacional, responsable directo y político por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, ocultó información, plantó pistas falsas, utilizó su aparato de inteligencia para desviar la investigación hacia las víctimas –y despegar a Gendarmería- desde el primer momento. También planificó el ingreso ilegal a la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Por eso estaba Noceti en la zona.
Independientemente de los resultados de los análisis anexos a la autopsia que se darán a conocer el próximo 24 de noviembre, el Gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri deberá responder por los hechos sucedidos el primero de agosto. ¿Será en la Justicia?
Algunos puntos a tener en cuenta, todos reflejados en el Expediente 8233/17 (Habeas Corpus):
*El Gobierno sostuvo, en un primer momento, que durante el operativo del 1 de agosto participaron solamente 45 gendarmes en total, distribuidos entre el Escuadrón 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel) –Foja 896-.
En otro listado, entregado por el Secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales, Legislativos, y Ministerios Públicos, Gonzalo Cané, se informaron 100 uniformados (Foja 894), de los Escuadrones 35 y 36. En otro informe de la propia Gendarmería se dio cuenta de la participación de 127 uniformados de los Escuadrones 35, 36 y 41, a los que luego le sumaron otros 3 de la Agrupación XIV, del Escuadrón núcleo de Chubut y del Escuadrón José de San Martín (37).
¿Por qué no quisieron informar desde el primer momento la cantidad de uniformados que participaron de la represión? Los libros de los Escuadrones secuestrados presentan graves omisiones en sus listados, hay uniformados que registran hora de ingreso pero no de salida y viceversa. Es decir, no existe información fidedigna sobre la cantidad de gendarmes que estuvieron en la Lof en el momento de la represión, cerca de las 11.15 de aquel primero de agosto.
*Vehículos:
El 4 de agosto, en la Foja 162, Gendarmería informó la participación de 14 vehículos. El 15 de agosto informaron la participación de 17 vehículos (Foja 865). La diferencia no es menor.
El 6 de agosto se realizó la pericia sobre los vehículos que participaron de la represión. Al llegar al Escuadrón 36, donde estaban las Ford Ranger que ingresaron al territorio (OLW 237 y OVI 549 ) se dejó constancia que las fajas de seguridad de las camionetas habían sido destruidas (Foja 255). El juez Guido Otranto no dispuso ningún tipo de investigación sobre este hecho. Tampoco las partes que participaron del peritaje alzaron su voz.
A esta altura hay que recordar que Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad (Patricia Bullrich), adelantó la pericia sobre los vehículos con un llamado realizado el 3 de agosto. Así consta en un informe del área de inteligencia de Gendarmería. Rápido de reflejos, el Gobierno ordenó que los vehículos sean lavados. Gonzalo Cané argumentó –en una entrevista publicada por Izquierda Diario– que los habían lavado por “protocolo” y responsabilizó al Defensor Oficial, Fernando Machado, en demorar la presentación del Habeas Corpus. Es decir, el argumento del Gobierno fue que los vehículos se habían lavado porque la denuncia sobre la desaparición de Santiago Maldonado tardó en ingresar a la Justicia.
Cané obvio mencionar que la desaparición fue denunciada el 2 de agosto en el Expediente 8232 por Julio Saquero (APDH) y que el Habeas Corpus fue iniciado por la Comisión Provincial por la Memoria (Foja 1), también el 2 de agosto.
Cané reconoció de manera impune que la fuerza sospechada por la desaparición de Santiago Maldonado había lavado de las camionetas. Fue Noceti quien dio la orden.
El 28 de agosto, Cané le envió a Otranto el “protocolo” de Gendarmería con el que reconoció tácitamente que el Gobierno había lavado los vehículos (Foja 1662).
Entonces, ¿cómo confiar en los resultados de ADN que se realizaron sobre los vehículos? En la Foja 2090 se deja constancia de lo siguiente: “No se descarta degradación de material genético”. Entonces la pregunta es: ¿cómo se degradó dicho material? ¿Lo lavaron? Esto no fue un simple paso protocolar. Esto fue encubrimiento por parte del Gobierno nacional.
Nada quita a esta altura la posibilidad de pensar que Santiago Maldonado fuera trasladado sin vida el mismo primero de agosto y arrojado nuevamente al río, en la zona de la vieja guardia (1500 metros río arriba). Hacia allí se dirigió la Ford Ranger OLW 237, observada también por Matías Santana. En esa zona, donde se juntan la actual traza de la RN 40 con su vieja traza, Gendarmería mantuvo una base operacional durante varios días luego de la represión y desaparición de Santiago.
*Santiago Maldonado – RAM
Entre el 15 de agosto y el 4 de septiembre, tanto el juez Guido Otranto como el Gobierno nacional abonaron la idea de que Santiago podía ser de la RAM y que nunca había estado dentro del territorio.
El 8 de agosto, la Gendarmería firmó el informe titulado RAM – Gendarmería 2017, introducido dentro del Expediente el 16 de agosto (Foja 974 – Ver El informe del Gobierno que justificó la represión). En 36 fojas, el Gobierno enmarcó la represión del 1 de agosto como acciones antiterroristas, al igual que la represión del 10 de enero.
El 15 de agosto, Cané solicitó dentro del expediente (Foja 912) que se vincule la causa del Puestero de Epuyen con la desaparición de Santiago Maldonado. Al día siguiente, Bullrich sostuvo dicha teoría en el Senado. Y el Jefe del Escuadrón 35, Fabián Méndez, le ordenó a sus subalternos dejar de hablar de mapuches para empezar a machacar con la RAM, tal como consta en las pericias telefónicas dentro del Expediente 8232/17.
Sin embargo, a partir del 14 de agosto, el juez Guido Otranto ya contaba con las imágenes registradas por la propia Gendarmería enviadas por Cané en dos CDs (Foja 973). Allí puede observarse cómo a las 11.32 del primero de agosto Santiago Maldonado aparece fotografiado en pose de corrida, huyendo de las balas de Gendarmería.
Es decir, la fuerza sospechada y el Gobierno sabían que Santiago Maldonado había sido víctima de la represión y aun así decidieron ocultar esa información. ¿Por qué? Porque su desaparición y posterior muerte fue responsabilidad de esa fuerzas de seguridad mientras que el Gobierno jugó sus fichas a ocultar la verdad.
*La cacería
Primero dijeron que no hubo vehículos que estuvieran cerca del río. Por las imágenes fotográficas y a partir de las declaraciones de los propios gendarmes se comprobó que sí. Un informe elaborado por el área de inteligencia de esa fuerza, secuestrado en uno de los discos rígidos –medida de prueba solicitada por la fiscal Silvina Ávila- dio cuenta de los movimientos de esos vehículos, que sí llegaron cerca del río.
De hecho, la Ford Ranger OLW 237, que tenía rastros de sangre que no pudieron cotejarse, fue la primera en llegar. En ese vehículo se movieron Emmanuel Echazú y Pablo Escola.
A la costa del río llegaron al menos dos grupos de gendarmes. Agencia Cadena del Sur reconstruyó parte de sus movimientos en función de sus propias declaraciones testimoniales (Ver La risa de la impunidad). El Gobierno siempre las presentó como declaraciones monocordes, sin quiebres. En todo caso fueron declaraciones aisladas. Pero poseen una trama común. No por nada el propio juez Gustavo Lleral solicitó como medida de prueba la georeferencia de los celulares de los uniformados que llegaron al río.
En consideración de este periodista, los dos grupos de gendarmes que estuvieron más cerca del cauce tuvieron contacto con Santiago Maldonado: Darío Zoilán declaró que le disparó a un manifestante que estaba sobre la última línea de sauces, Neri Robledo sostuvo que le tiró una piedra a un manifestante que le dio en la espalda y lo dejó tambaleante, Juan Carlos Pelozo gritó “acá tenemos a uno” y tanto él como Vera quisieron tirarse al río. ¿Por qué? ¿Vieron cómo Santiago Maldonado se estaba ahogando como consecuencia de la represión y no hicieron nada? ¿Lo empujaron cuando quiso regresar a la costa? ¿Lo obligaron a permanecer en el río?
Para aquella época, el río no tenía más de 1,5 metros de profundidad, con zonas de un metro, no había mucha correntada ni pozones, tal como lo informó el prefecto Juan Carlos Mussin (Foja 603). Algo sucedió en el río, y los gendarmes lo saben. Lo ocultan. Al igual que la cúpula de la Gendarmería, Cané, Noceti, Bullrich y Macri.
Emmanuel Echazú es otro de los que estuvieron sobre el río y sabe lo que realmente ocurrió. La cara de pesadumbre de Juan Carlos Pelozo –el que gritó “acá hay uno”-, retratado a las 11.44 del primero de agosto, dos minutos después de que Echazú saliera del río, esconde mucho más de lo que declaró ante la Justicia y en el trámite administrativo llevado adelante por el área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad (Barberis).
¿De qué habla esa mirada perdida? ¿Qué sabe? ¿O qué le obligaron callar?
