( Por Felipe Gutiérrez Ríos – Opesur.org.ar) La empresa Crexell Soluciones Ambientales S.A intenta instalar una planta de unas 300 hectáreas en Catriel. El amplio rechazo popular choca con el impulso que le brindan tanto el ejecutivo local como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de Río Negro. En marzo del 2017 se realizó la Audiencia pública donde muchas de las intervenciones presentaron disidencias, dudas y rechazos, y a las que las autoridades aún no han respondido. El expediente, en tanto, corre una acelerada carrera hacia aprobación, que pretenden lograr antes de que entre en vigencia la nueva Constitución que prohíbe este tipo de emprendimientos.
Convencionales prohíben la instalación
A fines de mayo comenzó a sesionar la Convención Constituyente encargada de reformular la Carta Magna de la ciudad. El texto definitivo ya está concluído, se pondrá en práctica en los próximos meses y regirá los próximos 25 años.
Las discusiones en torno a las problemáticas ambientales se cristalizaron en diferentes reformas, una de ellas fue la prohibición de la radicación de basureros petroleros en el ejido de la ciudad. La preocupación de la población local desde que la empresa Crexell presentó un proyecto para instalar un basurero petrolero, hizo que se discutieran dos proyectos sobre el tema en la Comisión de Régimen Económico, Límites e Hidrocarburos de la Convención. El Partido Socialista (PS) buscó regular a las tratadoras y limitarlas en su tamaño y procesos, mientras que el proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) -que finalmente fue aprobado- buscó la prohibición.
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La convencional Gisela Álvarez del Partido Socialista considera que existe la necesidad de tratar residuos de la actividad hidrocarburífera de los yacimientos dentro del ejido de Catriel “pero surgieron inquietudes en cuanto a las dimensiones de la planta de tratamiento y relleno de seguridad que propone la empresa Crexell”. Uno de los argumentos esgrimidos por el intendente Carlos Johnston es que la planta va tratar los pasivos existentes y los residuos que genera la actividad petrolera de la zona. Las críticas, en cambio, se centran en que el negocio fundamental será procesar los residuos generados por la actividad no convencional de la provincia, focalizados en la zona del Valle del río Negro. Además, el proyecto deja abierta la posibilidad de tratar los residuos provenientes de otras jurisdicciones. Esta iniciativa empresaria no saneará lo ya afectado, sino que va a multiplicar la presencia de residuos petroleros.
“Existen varias inquietudes expresadas en audiencia pública, las cuales aún no fueron respondidas por la SAyDS. Los tratamientos y la falta análisis de los riesgos principalmente de los provenientes del horno de desorción térmica con ausencia de modelaje de pluma de contaminación en función de vientos predominantes generan incertidumbre y no garantiza que las deposiciones no recaigan en la localidad pudiendo producir daños ambientales y disminución de la calidad de vida de la población. Si a esto se suma la falta de controles de la Secretaría de Ambiente, entendemos que no están dadas las condiciones para llevar adelante un emprendimiento de dimensiones extraordinarias como la propuesta”, indicó Álvarez. Para la convencional otra de las debilidades en el tema, es la escasa y casi nula infraestructura que existe para el control de este tipo de actividad. “Catriel cuenta con una sola inspectora de la Secretaría, quien debe realizar las inspecciones de incidentes, seguimiento, fiscalización de muestreos y alta de suelos tratados, inspección de instalaciones, en todos los yacimientos de la zona, relevamiento de denuncias y áreas en función de estudios de impacto ambiental que las operadoras presentan a la secretaría de ambiente en forma diaria”, señaló.
Omar Siomionatto es convencional por la UCR y fue quién propuso la prohibición. “Por la historia de nuestra ciudad conocemos los resultados que dejan las empresas petroleras: la alta contaminación, la falta de una explotación responsable, no querer hacerse cargo de las responsabilidades que les corresponde”, fundamentó. El convencional sostiene que el proyecto de la planta deja muchas dudas y puntos pocos claros. “Si la comunidad -cómo lo hizo con la planta nuclear- no manifiesta su voluntad de que esto no lo quiere, el proyecto va a seguir adelante y vamos a tener más contaminación a la que ya existe hoy en el río Colorado”, vaticina.
Siomionatto considera que la Secretaría de Ambiente que conduce Dina Migani intentará aprobar el proyecto de Crexell antes de que entre en vigencia la nueva Carta Magna: “No tenemos conocimiento certeros de si el proyecto se ha aprobado o no, la prensa local ha dicho que se ha aprobado. Lo que sí se nota es que a partir de la aprobación de la prohibición en la Convención Constituyente han apurado mucho el trámite, porque obviamente quieren que esto salga lo antes posible”. El convencional refiere a una nota del periódico local Viento Sur que informa que el área técnica de la SAyDS aprobó el proyecto, y que Migani rechazó, por considerarlo innecesario, el pedido de incorporar técnicos externos en las evaluaciones ambientales.
Las dudas y los rechazos de la Audiencia pública
En la Audiencia Pública múltiples actores expusieron su oposición al proyecto. El diputado provincial Jorge Ocampos por el Partido Coalición Cívica Ari (CC-ARI) sostuvo: “No discuto la actividad petrolera creo que a Catriel le ha servido mucho, yo estoy en contra del fracking de eso sí estoy en contra, creo que eso es nocivo para los rionegrinos y va a ser nocivo para la Provincia”. Y preguntó ¿cuál era la trayectoria de la compañía en la actividad que desarrollarían en Catriel?
El actual presidente de la Convención Constituyente y convencional por el Partido Justicialista, Mauro González, advirtió sobre las posibles consecuencias y violaciones de distintos cuerpos normativos. “Estamos a punto de cometer el error más grande de nuestras vidas en el sentido de si autorizamos o aceptamos que se instale esta planta […] Desde el punto de vista legal […] se viola el artículo 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a vivir en un ambiente sano y adecuado; se violan los tratados internacionales que consagran referidos también a la ecología y al medio ambiente cuyo incumplimiento por cualquiera de los órganos del Estado genera responsabilidad internacional […]; se está violando la Constitución Provincial, artículos 84 y 85; la ley 2451 que determina que las empresas que se dedican a este tipo de actividades tienen que constar en un registro, bajamos el registro nacional y no vimos que esté Crexell como una empresa autorizada para tratar este tipo de residuos peligrosos para la salud humana. Asimismo se estaría violando la Constitución municipal, artículo 73 puntualmente y los incisos 1, 2, 3, 4, 5, y el 11, que dicen que queda prohibido el asentamiento en Catriel y el tránsito de residuos peligrosos, tóxicos y obviamente radiactivos; asimismo podría haber algún incumplimiento en cuanto al Código Penal, en cuanto a normas que son de orden público que bueno, el Código Penal lo vamos a aplicar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo González.
La legisladora de Catriel por el Frente para la Victoria (FpV), Daniela Salzotto dijo “la prioridad es la salud, por lo tanto nuestra postura, desde ambos legisladores -junto a Facundo Arceo- y en conjunto con los vecinos, es la no implementación de esta planta, más allá de que ya existe la voluntad política de llamar a un referéndum popular para contar con el aval participativo realmente de la ciudadanía de Catriel.
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Sergio Obrist, médico y ex candidato a Intendente por la CC-ARI, indicó: “No hay duda de que el pasivo ambiental debe ser tratado, y lo sufrimos desde que se descubrió el petróleo, de eso no tenemos ninguna duda, lo que llamó la atención de este proyecto de la planta fue la celeridad con lo que se lo instaló, y fue el bajo perfil con lo que se lo trató. La verdad que nos enteramos en el momento donde casi todo el proyecto estaba orquestado. […] La empresa describe el proyecto de almacenamiento de los productos para su posterior procesamiento. El playón es a cielo abierto, esto se puede hacer en contenedores, en algunos lados refieren que con tapa y en otros no, estamos en una zona donde los vientos pueden acarrear hacia nuestra localidad, tanto metales pesados, como el gas que emita el procesamiento de estas plantas. Nosotros estamos encajonados en un lugar donde aumentaría nuestra lluvia ácida, lo cual iría en contraposición al proyecto que estamos peleando -el señor intendente está buscando- de la diversificación de nuestra actividad”. Durante su exposición el especialista le pidió al intendente que promueva un referéndum vinculante. “Que el pueblo decida hacia qué lado se inclina esa balanza”, propuso.
El representante por la provincia de La Pampa en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), Juan Greco, también cuestionó el proyecto. “Desde la Municipalidad de 25 de Mayo, nos hicimos del proyecto de Crexell y leyéndolo y observando en detalle cada unos de los puntos en la parte que se refería específicamente hidrogeología, observamos que el ubica a la planta dentro de la Cuenca del río Negro. Haciendo los estudios pertinentes, desde el punto de vista de los niveles observamos, a nuestro criterio, que hay un error que debemos reconsiderar, la ubicación de la planta, se encuentra dentro de la Cuenca del río Colorado. Los cauces aluvionales apuntan hacia Casa de Piedra. Creo que es un error que se debe subsanar, creo que es una situación desde el punto de vista de este informe que se debe tener en cuenta, porque el riesgo aluvional sigue, una situación de riesgo real y las distancias no son muy elevadas, todos sabemos lo que sucede con las escorrentías, en el caso de tormentas escorrentías”, señaló el ingeniero.
Héctor Figueroa, referente de dueños de campos de Río Negro, también expuso su preocupación. “Como representante de los vecinos donde se planea instalar la planta, a ellos aún no se les ha consultado si pueden ingresar o no a sus campos. Los propietarios no han permitido, por el momento, no tienen permiso para circular dentro de los campos. Hoy no existe permiso para el traslado de los materiales como los materiales contaminantes que ellos no mencionan. Dentro de todo es principalmente el permiso de ellos lo que necesitan para poder ingresar o no van a poder circular directamente.” Precisó que la planta procesará “la tierra contaminada, los sólidos, los semisólidos, el cuting, el agua pesada, gran cantidad de contaminantes. Corte y material radioactivo que ellos no explican cómo lo van a tratar, metales pesados, producto de perforación”. Y se preguntó ¿por qué recibir residuos de la actividad no convencionales? y cómo se tratarán esas materiales altamente perjudiciales para la salud?
Por su parte, Silvana Areco, de la Fundación Patrulla Ecológica, sostuvo que “sabemos que las decisiones están prácticamente tomadas y tienen que ver con cuestiones políticas, territoriales, estratégicas y, fundamentalmente, económicas a las que estamos ajenos. Imaginamos también tendrán relación con políticas nacionales de inversión y explotación de la zona y el área también de Vaca Muerta”. Y continuó: “Nos preocupa la cantidad de hectáreas para la localización de la planta. Esto nos da una idea de la magnitud que tendrá a futuro. Nos preocupa que el impacto ambiental aumente a partir del funcionamiento de la misma. Nos preocupa la cantidad de residuos que se traten ya que tenemos la referencia de Indarsa y Comarsa en Neuquén. Nos preocupa que se convierta sólo en acopio o depósito y no se traten los residuos de manera apropiada. Nos preocupan las garantías de funcionamiento en forma correcta.”
Natalia Castillo, de la Asamblea Socioambiental de Catriel, a su turno precisó: “No estamos en contra de que se remedien los pasivos, pero que sean nuestros pasivos. Una pregunta que le realicé a la señora Dina Migani en Audiencia anterior fue si íbamos a tratar pasivos de otros lugares, ella dijo que no pero en el expediente consta que sí. También como grupo de vecinos estamos pidiendo que se convoque y que se haga una charla a las escuelas porque los chicos también son partícipes de esto y van a ser parte de esto en un futuro, si se llega a implementar; que sea más democrático, que se comunique masivamente, no a un grupo selecto, porque se hicieron charlas para Cotecal [la cooperativa de telefonía], se hicieron charlas para superficiarios pero para el público en general, para todo el pueblo, no se hizo una charla. Es más, el expediente no estaba en Catriel, había solamente un resumen; […] el expediente completo se encontraba en Viedma”.
Desde la Cámara de Servicios Petroleros, su presidente Ramiro Arceo se mostró interesado en el proyecto y solicitó que se contemplara a las pymes. Al mismo tiempo, se preguntó: “¿Qué hacemos con los pasivos ambientales existentes y los nuevos residuos que se generan como restos específicos de la operación?”.
Una vecina de Catriel, Silvia Demori, contó la dificultades que tuvo para poder saber qué iban a hacer en la planta. “Fuimos al municipio a pedir el proyecto, debía estar a disposición de la gente, y nos encontramos con que no estaba. Buscamos por muchos lugares sin tener respuesta alguna, mientras tanto mirábamos y buscábamos otras plantas para ver si en realidad era sólo nuestro punto de vista o si esto realmente era de la gravedad que creíamos. Tuvimos la suerte de encontrarnos con un grupo de vecinos que estaban con las mismas preocupaciones que nosotros, en conjuntos con ellos logramos conseguir el expediente en Viedma, porque estábamos a menos de un mes y en Catriel nadie lo tenía. Comenzamos a leerlo y solicitar ayuda a especialistas en medioambiente y en seguridad e higiene, y la conclusión no fue diferente a lo que suponíamos”, dijo.
A las distintas voces de preocupación de la Audiencia Pública se sumaron algunas de apoyo al emprendimiento, muchas vinculadas con las necesidades de trabajo y afines al ejecutivo.
Firmas por el rechazo
La Asamblea Socioambiental de Catriel y el Departamento Socioambiental Chico Mendes del Sindicato docente (UNTER) continúan oponiéndose al proyecto. En las últimas semanas lanzaron una campaña de recolección de firmas que serán presentadas al ejecutivo provincial. Hasta la fecha lograron 3000 firmas y planean nuevas actividades para las próximas semanas.
Natalia Castillo unas de las integrantes de la Asamblea reclamó que se les responda las inquietudes presentadas por distintos actores de la comunidad en la Audiencia Pública. “Hasta ahora sólo nos enviaron una versión taquigráfica de la Audiencia, pero ninguna respuesta”, manifestó. “Hemos pedido información al municipio, a la Secretaría de Ambiente, a través de la Defensoría del Pueblo y nunca tuvimos respuestas. Hemos solicitado que se nos diga cuántos residuos se generan en Catriel, nuestra zona no tiene fracking, que es una actividad que sí genera mucho residuos, una planta de 300 hectáreas no está destinada solamente a lo que se genera en Catriel. En el expediente queda en claro que pueden traer residuos de otras provincias vecinas y eso está prohibido por ley”.
