(Por Sebastián Premici – Cadenas del sur )El Gobierno nacional utilizó la figura de la R.A.M para justificar la represión del 1 de agosto, que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
El accionar represivo del Gobierno nacional, que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, fue enmarcado por el propio Ministerio de Seguridad como una acción “antiterrorista” hacia la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La cacería que se dio dentro del territorio mapuche no fue un hecho aislado. El antecedente inmediato de la represión que terminó en la desaparición de Santiago fue la represión del 10 de enero ejercida sobre la misma comunidad, donde varias personas resultaron con heridas de bala. Esos hechos también fueron enmarcados por el Poder Ejecutivo, a cargo de Mauricio Macri, como su lucha “antisubversiva”.
Con la venia del ex juez de la causa, Guido Otranto, el Gobierno tuvo la oportunidad de plantar pistas falsas dentro del expediente, con el objetivo de ensuciar tanto a la comunidad mapuche como a Santiago Maldonado. De puño y letra de Gonzalo Cané, secretario Coordinador con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerios Públicos, el Gobierno introdujo dentro del expediente 8233/17 (Habeas Corpus) un informe de 36 fojas cuya carátula indica “R.A.M. Resistencia Ancestral Mapuche. Gendarmería 2017”.
El informe fue elaborado el 8 de agosto, firmado por Claudio Osvaldo Domenichini, comandante general de Gendarmería, e introducido por Cané el 16 de agosto, el mismo día en que Patricia Bullrich se presentó en el Congreso de la Nación para instalar sus acusaciones en contra de la RAM y vincular a Santiago con hechos de violencia.
En la foja 975 del Expediente 8233/17 puede leerse lo siguiente:
Operativo llevado a cabo: Corte de Ruta Nacional 40 KM 1848, altura paraje Leleque, por integrantes de la organización “Resistencia Ancestral Mapuche”. No fue casual ni ingenua esta identificación. Horas antes de la represión que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, había dicho en una radio que se judicializaría a todo aquel que fuera de la RAM.
El 31 de julio, el propio Noceti mantuvo una reunión en Bariloche con representantes de las fuerzas federales y locales de Río Negro y Chubut para coordinar “esfuerzos” en contra de la RAM. Desde allí se erigió la “teoría de la flagrancia”, utilizada por Noceti y Gendarmería para ingresar de manera ilegal dentro de la Pu Lof. El objetivo del Gobierno era “apresar manifestantes” o cazar indios, como reconoció la propia policía de Chubut durante la represión del 10 de enero.
El mismo día en que se introducía dentro del expediente la hipótesis de la RAM, Bullrich insinuó en el Congreso que había posibilidades de que Santiago Maldonado no hubiera estado dentro de la Pu Lof. ¿Por qué? Porque habría sido herido por un puestero de Benetton en una ataque de la RAM.
En la construcción perversa del Gobierno, Santiago era un posible integrante de una supuesta organización terrorista a quien habían herido en un operativo el 21 de julio de este año. A esta altura, los lectores (avezados o no) podrán encontrar similitudes con los comunicados oficiales –y sus implicancias simbólicas- impartidos a partir del 24 de marzo de 1976.
“A partir de hoy no se habla más de mapuches. Se habla de la RAM”, les dijo ese mismo 16 de agosto Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 a todos los gendarmes de su escuadrón.
En el documento de 36 fojas que Cadena del Sur publica en su totalidad, también se incluyó el accionar represivo del 10 de enero dentro de la lucha antisubversiva del Gobierno contra la RAM.
El antecedente inmediato de la represión del 1 de agosto que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado fueron los hechos ocurridos el 10 y 11 de enero de este año, cuando la Gendarmería y la policía de Chubut ingresaron a la Pu Lof en Resistencia Cushamen a punta de escopeta. Durante aquella represión, Emilio Jones Huala resultó herido en su mandíbula y otro peñi perdió un tímpano. En apoyo a la recuperación territorial fueron varios los que se acercaron a la comunidad, entre ellos Jorge Buchile, Ivana Huenelaf, Gustavo Jaime, Javier Salvador Huenchupan Ruiz, Daniela González y los hermanos Gonzalo y Pablo Seguí. Los siete fueron baleados por la policía de la provincia y por un empleado de Benetton, Gonzalo Graña, según consta en una causa judicial que tramita en Comodoro Rivadavia (Ver La represión de enero).
El responsable directo de perfeccionar el accionar represivo contra los pueblos mapuches de la Patagonia es Pablo Noceti, postura respaldada en un cien por ciento por la ministra Patricia Bullrich y por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien pactó con Michel Bachelet la extradición del Loncko Facundo Jones Huala. El Gobierno utilizó la fachada de la RAM para ocultar su rol en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
