La Cámara de Diputados de la Nación votó por unanimidad, con 217 votos, la prórroga de la ley 26.160 que suspende los desalojos de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas y que vencía el próximo 23 de noviembre.
La medida es fruto de lucha y la convicción de los pueblos originarios por el derecho a la tierra que habitan, frente a una avanzada sin tregua por parte de los grades terratenientes y los grupos económicos concentrados.
Así, pese al contexto extremadamente difícil, la unidad en el justo reclamo consiguió extender una Ley que fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo principal de declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años (que se fueron prorrogando), suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas. Hasta el momento, sólo se ha realizado el relevamiento de 459 de las 1.500 comunidades originarias identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Con voluntad política, el plazo debería permitir que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral que se realiza ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Estado argentino.
“Es una responsabilidad del Estado darle respuesta a los reclamos de los pueblos originarios, fundamentalmente en el tema territorial”, señaló Hugo Aranea, integrante de la comunidad Mapuche Waiwen Kurruf y del Consejo Asesor Indígena (CAI), una vez conocida la aprobación de la prórroga sobre la cual también expresa: “Tiene el significado de la enorme potencialidad de la organización, la unidad y la lucha de los pueblos originarios, que quedó demostrada a lo largo y a lo ancho del país y que tuvo una fuerte expresión en la sesión del Senado reclamando precisamente una medida que, si bien es de emergencia y no una solución definitiva, tiene que ver con plantear una cuestión de revisión y de análisis profundo del territorio”.
Lo cierto es que la sanción de esta Ley era de vital importancia: en la actualidad hay más de 200 órdenes de desalojo en los distintos territorios de los pueblos originarios en un contexto difícil por las fuertes presiones de los grandes grupos concentrados y empresarios que actúan con la complicidad de los distintos Gobiernos abriéndose paso sobre los territorios. “Fundamentalmente ahora con un Gobierno que ha puesto en lugares claves a los representantes directos de los grandes terratenientes”. Entre otros, se refiere a Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural que fue nombrado recientemente para ocupar la cartera de Agroindustria y planificar las políticas de Cambiemos en dicha área, lo cual constituye una amenaza para los pequeños productores y las comunidades originarias.
Es así que esta prórroga significaba un paso necesario para mantener el debate y la discusión con el Gobierno sobre la cuestión territorial. Sin embargo, dependerá de la voluntad política disponer de los fondos necesarios para revisar y hacer los relevamientos que hay que hacer en los distintos espacios territoriales y encontrar una respuesta de fondo. Todos saben que 4 años más de prorroga no es la solución. De hecho, han pasado 12 desde que se sancionó la Ley y las deudas en torno a la misma son incontables, sin mencionar que día tras día continúan los desalojos y la criminalización de las protestas de los pueblos originarios, siendo los Derechos Indígenas sistemáticamente violentados por los Estados.
“En Rio Negro logramos avanzar casi en un 50 por ciento de las 140 comunidades que se habían registrado en esos momentos y hay que pensar que hoy hay mas comunidades registradas y todavía bastante espacio territorial para llevar adelante el relevamiento. Pero esto se hizo como producto de una fuerte organización del pueblo Mapuche-Tehuelche en la provincia”, repasa Aranea y describe: “Otras provincias que no han tenido el mismo grado organizativo de los pueblos han realizado una ejecución prácticamente nula de esta Ley. Es necesario seguir discutiendo este tema central que es el territorio y que indudablemente hoy está en la agenda central de todos los sectores políticos, porque esto define para adelante cómo vamos a tener el país”.
La espera de una gran mayoría es que finalmente pueda abrirse una mesa de diálogo que permita resolver algunas de las miles de situaciones que se viven en todo el país. “De lo que se estaba ejecutando todavía hay una parte que hay que cerrar, de la cual inclusive están depositados los fondos para llevar la tarea de relevamiento adelante, depende de la decisión política del gobierno provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) poner en funcionamiento el equipo para cerrar la etapa que falta, con más de 70 comunidades que quedan para relevar y gran parte de los pobladores dispersos que tenemos en la provincia”, concluye Aranea quien señala que la tarea no es menor, en el marco no solo de las presiones por los distintos intereses sobre las tierras sino de la avanzada de los sectores más xenofóbicos de la sociedad argentina, creando el enemigo interno en el pueblo mapuche criminalizado. “Cuando en realidad el pueblo mapuche ha dado muestras históricas de cuál es la participación y la disposición de nuestras organizaciones que hace más de 30 años, con una fuerte injerencia en todo el territorio, han dado muestras suficientes de la capacidad y la visión que se tiene de poner esos territorios para construir una sociedad que sea inclusiva, igualitaria. La cuestión del territorio no es solo del pueblo Mapuche-Tehuelche sino de toda la sociedad rionegrina, que tiene serias dificultades de espacios territoriales, amenazados por los mega emprendimientos y todos los intereses que andan dando vuelta. Frente a esto decimos que tenemos propuestas y la capacidad de llevarlas adelante”.
Por Violeta Moraga
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen