( Por CELS ) En una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Amnistía Internacional y el CELS alertaron sobre el agravamiento de los riesgos que ella enfrenta.
El miércoles 25 de octubre se realizó una reunión de trabajo a pedido de la CIDH sobre el incumplimiento del Estado argentino de la medida cautelar concedida para proteger la vida e integridad personal de Milagro Sala, quien se encuentra encarcelada nuevamente desde el 14 de octubre.
Se ha agravado la situación de riesgo de Milagro Sala. Según un informe del poder judicial de la provincia de Jujuy, ella está atravesando una grave crisis de angustia; además, es de público conocimiento que se autolesionó en los últimos días. Durante la reunión de trabajo el presidente de la CIDH ratificó que el Estado es responsable por su integridad personal.
Amnistía Internacional y el CELS participaron en la reunión por ser peticionarios de la medida cautelar, que solicitaron junto con Andhes. Esa medida estableció que Milagro Sala de ningún modo podía permanecer en la cárcel. Cuando la justicia jujeña le dictó un cambio de lugar de detención, se construyó un alambrado perimetral afuera de la casa donde estuvo alojada y tanto la Gendarmería Nacional como la policía provincial la custodiaron permanente, algo que la Ley nacional de ejecución penal prohíbe.
Alertamos a la Comisión sobre las resoluciones de la justicia provincial que desconocen el valor jurídico de las decisiones del sistema interamericano, como por ejemplo el fallo de la Cámara de Apelaciones y Control que revocó el cambio de lugar de detención de Milagro Sala. Mientras esa decisión fue apelada, otro juez inventó una causal de incumplimiento de las condiciones del alojamiento de Milagro Sala a partir de su supuesta negativa a realizarse unos estudios médicos, y ordenó que las fuerzas policiales la llevaran de vuelta al penal del Alto Comedero. Esta decisión no solo incumple la medida cautelar sino que utiliza de manera maliciosa las razones por las que la CIDH la concedió como excusa para su incumplimiento.
Los representantes de la Comisión, su presidente Francisco Eguiguren y secretario ejecutivo Paulo Abrão, se manifestaron muy preocupados por este incumplimiento y la falta de respuesta del Estado nacional, que no se hizo cargo de las obligaciones que le corresponden para acatar una decisión internacional. Los funcionarios nacionales que participaron en la reunión reiteraron que el poder judicial jujeño es autónomo pero no obstante, intentaron justificar la decisión del juez de encarcelar a Milagro Sala en el penal nuevamente.
Tanto Amnistía Internacional como el CELS solicitamos que la Comisión tomara todas las medidas necesarias para resguardar efectivamente la vida e integridad personal de Milagro Sala. Por Amnistía Internacional participaron la representante regional, Belissa Guerrero, y Noelia Garone de la sección argentina. Por el CELS intervinieron Gabriela Kletzel, directora del Equipo de trabajo internacional y Diego Morales, director del Área de Litigio y defensa legal.
Por parte del Estado nacional intervinieron Brian Schapira, subsecretario de protección de derechos humanos; Siro de Martini, asesor del Ministro de Justicia Germán Garavano; Ramiro Badía, director jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos y Javier Salgado, director de contencioso internacional de la Cancillería. A pesar de haber anunciado públicamente que iba a estar, el secretario de derechos humanos de la Nación no estuvo presente.
La reunión de trabajo se realizó en el marco del 165° período de sesiones de la CIDH en Montevideo.
