(por Sebastián Ortega – Cosecha Roja) En el celular de Fabián Arturo Méndez, jefe del Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón, los peritos de la Policía Federal Argentina encontraron siete archivos de Word y PDF con información sobre la comunidad mapuche de Cushamen y las manifestaciones en El Bolsón. El comandante también guardaba un documento con datos del auto de Julio Saquero, querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, informes de Migraciones donde constan los ingresos y salidas del país del joven desaparecido y otras personas de su entorno y un mensaje de Whatsapp en el que le informan sobre los movimientos de la familia Maldonado en El Bolsón. Este material, que ocupa más de 20 fojas del expediente, probaría que Gendarmería espió ilegalmente a la familia Maldonado y a los organismos de derechos humanos.
“Ya están en Centro Cívico. Son matrimonio”
Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago que vive en Bariloche, asumió la representación de la familia en la causa judicial y ante los medios. Desde los primeros días de la investigación, Gendarmería lo siguió de cerca.
El 4 de agosto, tres días después del operativo en la comunidad mapuche, un grupo de personas se convocó en la plaza Pagano, en el Bolsón, para exigir la aparición con vida de Santiago. Los movimientos de los manifestantes quedaron registrados en un documento que al día siguiente envió el Centro de Reunión de Información Neuquén, el área de inteligencia de Gendarmería en la provincia, al comandante Méndez.
El informe explica que después de concentrar en la plaza los manifestantes “marcharían” al Escuadrón 35 de Gendarmería. Y agrega: “Por orden de Santiago Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe del Escuadrón”. Por error, los investigadores confundieron el nombre de Sergio con el de Santiago.
Dos días después, el 7 de agosto a las 05:43, Méndez recibió un mensaje de WhatsApp: “Andrea Antico y Sergio Maldonado ya están en centro cívico. Son matrimonio”.
El seguimiento de los autos
El comandante Méndez encabezó el 31 de agosto el operativo frente a la comunidad Pu Lof en Resistencia. Según explicó en una entrevista televisiva, a las 10 de la mañana Méndez fue a Epuyen para “hacer contacto” con sus superiores y “ocupar los sanitarios”. Una hora y media después un grupo de aproximadamente 40 gendarmes entró a los tiros en la comunidad bajo las órdenes del comandante Juan Pablo Escola, subjefe del Escuadrón 36 de Esquel. Esa fue la última vez que vieron a Santiago Maldonado.
Cuando se enteró del operativo, Julio Saquero, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Comarca Andina, viajó en su Volkswagen Gol desde el Hoyo –donde vive- hacia Cushamen. Un grupo de gendarmes le impidió el paso: le dijeron que si quería información debía ir al Juzgado. Dos días después, el 3 de agosto Saquero presentó un hábeas corpus por la desaparición de Maldonado en el que aportó detalles del operativo y pidió que se citara a las autoridades de Gendarmería.
El 4 de agosto el comandante Méndez recibió un archivo de un contacto agendado como CRINEU (Centro de Reunión de Información Neuquén). Era un PDF que contenía un informe de la Dirección Nacional del Registro Público Automotor con los datos del Volkswagen Gol con el que Saquero había ido hasta la comunidad de Cushamen el día que desapareció Maldonado. En el archivo también hay información de su esposa y sus hijos.
Mapuches
Uno de los textos de WORD encontrados en el celular de Méndez lleva el sello del Centro de Reunión de Información Neuquén en su margen superior. El archivo, que forma parte de una conversación de Whatsapp con el contacto “Siempre Bajo La Manga! Az”, contiene una serie de gráficos con una cronología que se inicia el 31 de julio a las 07 horas, cuando un grupo de integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia se manifestó frente al Juzgado de Bariloche para pedir la libertad del lonko Facundo Jones Huala. El documento incluye las fichas del Registro Nacional de las Personas de Santiago Maldonado y las nueve personas que fueron detenidas durante la manifestación. Los archivos tienen información sobre las primeras movilizaciones para exigir la aparición con vida de Santiago y fotos de los manifestantes.
Actividad ilegal
“Gendarmería es la institución con el reservorio de espionaje político ilegal más importante sobre movimiento sociales y protestas sociales en Argentina desde hace más de 20 años”, explicó a Cosecha Roja Marcelo Saín, especialista en seguridad y ex titular ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia. Un antecedente directo es Proyecto X, un sistema informático utilizado por Gendarmería entre 2002 y 2012 para espiar a dirigentes sociales y políticos.
Las denuncias sobre espionaje en la zona de la Comarca Andina no son nuevas. En febrero de 2017, el juez federal de Esquel, Guido Otranto -quien hasta hace una semana tenía a su cargo la investigación del caso Maldonado-, procesó a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia de Trelew, a dos fiscales provinciales y a dos policías realizar tareas de inteligencia ilegal sobre Facundo Jones Huala y las comunidades mapuches, periodistas, militantes y dirigentes sociales y políticos de la región.
“Está prohibido recolectar información de una persona si no obedece a una diligencia judicial en el marco de una investigación”, explicó Saín.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta descartó que el espionaje ilegal de la AFI en la región tenga vinculación con las tareas de inteligencia que estaría realizando Gendarmería sobre los familiares de Maldonado y organismos de derechos humanos. “Entiendo que son hechos distintos, sobre todo porque en un caso intervino la AFI y en otro Gendarmería, pero también porque en aquel caso intervino el Poder Judicial provincial y en este estaría más vinculado al Poder Judicial Federal”, explicó.
Las tareas de inteligencia en Argentina están reguladas por la ley 25.520 que, a partir de su reforma en 2015 las define como la “obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación”. En el artículo 4, la ley prohíbe a las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales hacer investigaciones por fuera del marco de una causa judicial.
“La Ley de Inteligencia Nacional circunscribe cuándo corresponde hacer tareas de inteligencia”, explicó a Cosecha Roja la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Facundo Jones Huala e integrante de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena (AADI). “Para que se hagan tareas de inteligencia sobre una persona, que puede ser seguimiento o intervenciones telefónicas, se requiere que exista una causa penal y que haya una orden judicial que lo disponga. Si no existe una orden judicial en el marco de una causa no se pueden hacer porque están prohibidas por la ley”, definió.
