“Se les fue la mano” fue una frase escuchada como hipótesis central. Una frase que, sin inocencia, naturaliza entre militantes y no tantos que la Gendarmería podría torturar a una persona detenida en un contexto de resistencia, en defensa de las comunidades mapuches.
Quizás esta comunidad más en particular por su demonización relacionada con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), grupo que tampoco ha hecho mucho por desmarcarse de esa demonización que hoy debilita fuertemente la defensa de las reocupaciones mapuches en su tierra.
En el contexto de la finalización de la prórroga de la Ley 26.160, que permite sostener hasta noviembre las tierras “reocupadas” por sus habitantes originarios, representar a los pueblos originarios como enemigos, como extranjeros o apátridas, tiene mucho olor a estrategia de intervención territorial. En manos de un Gobierno que auspicia nuevas campañas del desierto y juega al golf con Lewis, la intervención huele a desalojos.
El reclamo se masificó y cruzó las fronteras territoriales y políticas. La recaratulización de la causa, que implica la responsabilización estatal por el delito de lesa humanidad, Facebook se atolondra de gente que escribe dónde está y se pregunta por el paradero de Santiago; las acciones de demanda de aparición con vida se organizan por decenas en el país.
El puesto de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad pareciera pender de un hilo, incluso Mirtha Legrand le tiró la opción de la renuncia en vivo. El diario La Nación cambió el rumbo de sus notas con una entrevista a los desesperados padres de Santiago, donde incluso se desmiente que se habrían opuesto a colaborar con la investigación.
La desaparición de Santiago, o al menos la operación directa de Gendarmería en Pu Lof del 1º de agosto, ha quedado ligada al Ministerio de Seguridad y a las órdenes del Jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, relacionado a la defensa de militares de la dictadura. El propio Comandante Mayor de la Gendarmería de Rawson, Diego Balari, aclaró al día siguiente de la represión que las operaciones se basaban en “órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad y de las autoridades judiciales con jurisdicción en la zona”.
Mientras escribimos estas líneas, Santiago sigue sin aparecer y nos abruma no tener todas las herramientas para barajar las certezas en las que nos basamos para militar los espacios que vamos construyendo.
Resuenan en las personas que hacemos Al Margen las voces de las compañeras que pedían asistencia y presencia en la calle mientras reprimían. Se nos tatuó en la retina la mirada de Sergio Maldonado cuando confirmaba que era su hermano más chico el que faltaba.
Santiago sigue sin aparecer. Se lo llevaron mientras gritaba que lo suelten ante testigos que por el lugar político que ocupan, sus testimonios tardaron en colarse.
Mientras nos seguimos organizando y buscando la verdad en una redacción colectiva de San Carlos de Bariloche nos preguntamos: ¿A dónde se llevaron a Santiago Maldonado? Ojalá que cuando leas estas líneas, esta pregunta tenga respuesta.
Editorial de revista Al Margen n° 82.
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen