El Furgón/La Retaguardia* – En el marco de uno de los debates políticos más trascendentales y profundos dentro del feminismo, el programa radial abolicionista de Alika Kinan, Ni Putas Ni Sumisas, entrevistó a Diana Maffía. La directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires atravesó todas las aristas ligadas al tema: la normativa vigente, el análisis del discurso reglamentarista, la necesidad de unificar tareas y la responsabilidad del Estado.
Abolicionismo, reglamentarismo o prohibicionismo
“Tiene que haber voluntad para comprender los argumentos y para diferenciar una postura abolicionista de una postura prohibicionista. En general se distinguen tres posiciones en relación con la prostitución. Son posiciones que tienen que ver con cuál es la reacción, la política que debe haber en un país en relación con la prostitución. Una de esas posiciones es el prohibicionismo, es decir, prohibir la prostitución. Eso implica que hay que perseguir a las personas que ejercen la prostitución. Aquí nunca ha habido una postura prohibicionista, sino posturas alternativamente reglamentaristas y abolicionistas. De acuerdo al reglamentarismo, la prostitución debe ser reglamentada por el Estado que tiene que decir cómo se ejerce, en qué condiciones, establecer inspecciones en los lugares donde se ejerce la prostitución, cartillas de salud para las personas que la ejercen, cargas económicas a los locales, a las personas, a quienes los manejan. Una serie de regulaciones que el Estado va a tener”, explicó Maffía.
“El abolicionismo, en cambio, considera que no hay un delito en el ejercicio de la prostitución. Eso es muy importante, porque no se va a perseguir a quienes ejercen la prostitución pero sí se considera que no es un ideal de vida que las personas elijan libremente. Muchas veces, es el efecto de situaciones de pobreza o marginación o el resultado de procesos donde determinado tipo de sujetos ejercen una violencia contra las mujeres, que son las principales afectadas por esta situación pero también las travestis u otros sujetos que pueden estar en esta situación de verse forzados y explotados en el ejercicio de la prostitución. El abolicionismo considera que las personas en situación de prostitución son víctimas de un sistema prostituyente. Trata de definir a ese sistema prostituyente con una serie de condiciones. Condiciones sociales, de marginación, de explotación donde ciertos sujetos obtienen ventaja económica del ejercicio de la prostitución de otros sujetos. No es un delito ejercer la prostitución pero sí lo es la explotación de la prostitución ajena, someter a alguien a una situación de explotación, forzar a alguien a ejercer la prostitución, obtener beneficio económico instalando un prostíbulo o un bar en que se cobra por que las mujeres o travestis estén sentadas esperando a sus clientes o cobrar por los pases, quedarse con un porcentaje u obtener lucro de muchísimas otras maneras: con avisos en los diarios, pegando cartelitos en la calle, toda la enorme lista de personas. Quienes cobran las coimas, los policías, los que someten a los lugares o las mujeres a entregas mensuales de dinero, del poder político, judicial, para la protección impune de esos lugares. Todas esas formas que tienen que ver con lucrar con la prostitución ajena son delictivas y deben ser perseguidas por el Estado”, señaló la referente acerca del marco jurídico de nuestro país.
“Muchas veces el propio Estado está en situación de explotación y explota la prostitución de otras personas y por lo tanto está cometiendo un delito y, a la vez, dejándolo impune”, advirtió.
“Normativamente, nuestro país es abolicionista. Incluso antes de la ley de trata, porque la trata es un delito federal y es otra historia. Estamos hablando simplemente de la situación de prostitución. Los gobiernos locales deben ocuparse de evaluar si hay sujetos que lucran con la prostitución ajena, deben sancionarlo y, a aquellas personas que no quieren estar en situación de prostitución, tienen que darles alternativas sociales para salir de ese modo de vida. En esto hay testimonios disímiles entre las personas en situación de prostitución porque hay muchos modos, maneras, niveles de ejercer la prostitución, pero en todos los casos lo que se ve es una situación de violencia y explotación. Legalmente, nadie que lucre con la prostitución ajena puede estar impune. El Estado debería intervenir y evitar esto”, aseguró.
La mercantilización de los cuerpos
“Pero también desde un punto de vista feminista, crítico de las relaciones sociales donde las mujeres tenemos generalmente lugares de subordinación, tenemos que pensar en el Estado capitalista donde todas las cosas y sujetos nos transformamos en mercancías, las mujeres somos una especie de moneda de cambio –analizó Maffía-. Tenemos roles vinculados con la maternidad y la sexualidad que son en beneficio de otros sujetos. La maternidad es muchas veces forzada para mantener niveles determinados de población y la legitimidad de los hijos. Esto implica el control sobre la vida sexual de las mujeres. También es explotada la sexualidad de las mujeres a través de considerar que los hombres son los que poseen la mayor cantidad de dinero y de recursos -cualquiera que analice las cifras de Naciones Unidas ve que el 98 % de los medios de producción, incluyendo la tierra, están en manos de varones- y las mujeres ponen los cuerpos, claramente eso implica un sesgo de género. Nadie que sea feminista puede ignorar la diferencia de género que hay entre quien consume prostitución y quien pone el cuerpo en ese consumo. Pone el cuerpo como una mercancía que circula y este es el motivo político por el cual muchas mujeres que somos feministas nos oponemos a que se regule la prostitución como si fuera un trabajo. Claramente no lo es porque la distribución de mercancías y de producción no implica ceder el propio cuerpo. Es más parecido a una situación de esclavitud, en la que la persona que es esclava anula su voluntad, su libre albedrío, su autonomía y realiza aquello que el amo le dice que realice. En esto consiste la esclavitud. Se considera que el esclavo es una especie de extensión del cuerpo del amo como una herramienta. El amo tiene voluntad sobre su cuerpo y también sobre el cuerpo del esclavo, le hace hacer al esclavo lo que él quiere. Cuando analizamos la situación de prostitución y nos dicen ‘se está brindando un servicio sexual’, la persona que ejerce la prostitución no va a realizar las acciones que sexualmente se inspire a hacer voluntariamente, etcétera, sino aquello que le manda a hacer quien tiene el dinero y le paga. No hay una situación de libertad, ese cuerpo es una extensión de la voluntad de quien pone el dinero. Este aspecto de sometimiento y subordinación es el que nos hace pensar que en la relación de consumo de prostitución hay una relación más parecida a la esclavitud que al trabajo. El hecho de que se anule la voluntad, el libre albedrío y la autonomía. Por supuesto que va a haber mujeres que están privilegiadas en un montón de otros aspectos: económicos, de juventud o belleza socialmente establecida, de capacidad personal, recursos sociales. Habrá muchas personas privilegiadas que pueden subsanar algunas de estas subordinaciones, pero esto no quiere decir que todas puedan hacerlo y cuando las privilegiadas determinan cuáles son las regulaciones que debe haber sobre la prostitución -las que a ellas, como privilegiadas, les alcanzan- someten a una situación de esclavitud a muchísimas otras mujeres”.
Reglamentarismo: un discurso seductor con impacto mediático a gran escala
“Si nosotros nos mantenemos dentro de un sistema patriarcal donde los cuerpos de las mujeres circulan como mercancía, dentro de un sistema capitalista donde todo tiene un precio. En ese tipo de transacciones en las cuales alguien, en lugar de ser llamado prostituyente prefiere ser llamado cliente, en lugar de ser llamado proxeneta prefiere ser llamado empresario, en lugar de hablar de sometimiento sexual prefieren que se hable de servicios. Si nos mantenemos con todo ese lenguaje mercantil, se encubren las relaciones de subordinación y de poder, y claro que es un lenguaje mucho más glamoroso. Personas que tienen educación universitaria, por eso hablo de quienes tienen enormes privilegios pero hablan en nombre de todas”, expresó Maffía sobre lo atractivo del discurso reglamentarista.
“Yo no puedo hablar en nombre de una persona que está en situación de prostitución si nunca estuve. No voy a reemplazar el modo en que una persona se define a sí misma y voy a acompañar algo que es muy importante en el núcleo del lenguaje que ha ido adoptando el regulacionismo. Ha ido cambiado sus argumentos hacia la idea de protección de derechos. Por supuesto estoy a favor de la protección de derechos de todas las personas, lo que no me parece es que haya que condicionar esa protección a que te definas de cierta manera. La violencia que hay con las mujeres abolicionistas, con las personas en situación de prostitución abolicionistas, la marginación de ciertos beneficios muestra que en realidad se está condicionando el acceso a esos derechos a que haya definiciones que benefician a sujetos que no son precisamente esas mujeres”, indicó.
“Cuando hablamos de sindicalizar a las personas en situación de prostitución, hablamos de un momento en el cual las personas que estaban en la CTA, en AMMAr (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), fueron condicionadas a transformarse en un sindicato o irse. Los derechos de aquellas que se tuvieron que ir no fueron defendidos por ese sindicato que presuntamente iba a defender los derechos de las personas en situación de prostitución. Los iba a defender en tanto se transformaran en una parte de un proyecto que beneficiara a los dirigentes. De otra manera no. En este lenguaje de derechos hay, entonces, muchas veces un condicionamiento. Cuando hablamos de defender derechos, debemos defenderlos sin condicionamientos porque les corresponden a las personas sólo por ser humanas, no hay que definirse de ninguna manera para que nos correspondan esos derechos”, insistió Maffía.
El Estado que persigue a las putas, el mismo que les niega alternativas
La referente feminista aseveró que debe haber comunicación entre ambos postulados: “Hay una cosa que quiero decir. Yo creo que faltan espacios de diálogo entre el regulacionismo y el abolicionismo que sean espacios respetuosos, en los que buscamos un trabajo en común. En algún momento, cuando fui diputada, intenté hacerlo con un proyecto que era de protección integral de las personas en prostitución. Allí trabajó AMADH (Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos) y AMMAr, en aquel momento ya sindicato de la CTA y muchas organizaciones de mujeres y travestis en prostitución trabajamos en un proyecto que al final no pudo llevarse adelante porque terminó mi gestión y quedó cajoneado. Es algo que suele ocurrir con los proyectos cuando entran diputados nuevos y no les interesa proseguir esos debates. A mí me parece que esos espacios de trabajo en común a favor de los derechos tienen que existir. También me parece que hay una enorme hipocresía si el Estado no tiene recursos para atender las necesidades de las personas que están en situación de prostitución”, señaló y ejemplificó: “En la Ciudad de Buenos Aires el código contravencional tiene un artículo en el cual se prohíbe la oferta y demanda de prostitución. Como Defensora del Pueblo en aquel momento pregunté al ejecutivo a cuánta gente afectaba esa legislación y qué medidas sociales se han tomado para atajar aquella demanda que podía venir de quienes vivían de la prostitución y ahora se les prohíbe. Insisto, si no está prohibida la prostitución no se puede determinar una zona roja porque no hay por qué impedir circular libremente por donde quieran a personas que no están cometiendo un delito. Tampoco se pueden cargar las tintas censurándolas o sancionando a personas por oferta y demanda de sexo si no es un delito. Se está castigando a las personas que ejercen la prostitución y no se están pensando políticas alternativas suficientes y con la densidad suficiente de atención para que salgan de esa situación. Muchas veces las personas salen y vuelven a ejercer la prostitución”.
Maffía denunció que “si se allana un prostíbulo, se dispersa a las personas que estaban allí y esas personas no tienen alternativas reales supervivencia, de trabajo, de capacitación, de subsidios, de refugios”.
Para Maffía, “como movimiento de mujeres tenemos responsabilidades. Tenemos que demandar fuertemente que estas políticas existan. Sea quien sea que gestione al Estado, está administrando la cuestión pública. A cualquiera hay que exigirle las mismas cosas si vemos que hay una promesa que no se cumple. Además, pensemos en quien ingresa en la prostitución: hay una idea de vida glamorosa. El daño que hace una persona que toma livianamente el tema de la prostitución, que lo plantea como un gusto personal que da mucho dinero, como algo donde hay diversión y puede elegir. No, no todas las mujeres pueden elegir. Habrá personas privilegiadas que pueden elegir, pero poner a esas personas como paradigma es condenar a muchísimas otras. Es un hecho realmente cruel. No creo que nadie pueda decirse feminista cuando esta es la actitud. Hay que pensar y exigir que se apliquen programas de atención de personas en situación de prostitución”.
*La Retaguardia (http://www.laretaguardia.com.ar)
