La desaparición forzada de Santiago Maldonado no es un hecho aislado, es el resultado de una serie de dispositivos materiales y discursivos que desde el gobierno central alientan el uso de la violencia contra las organizaciones sociales, contra los pueblos originarios y contra cualquier actor que cuestione la estructura económica de nuestra sociedad.
Puerta de Gendarmería de Bariloche. Foto: Fabián Viegas
El Ministerio de Seguridad de la Nación ha puesto en marcha una cuidada maquinaria represiva a través de dos caminos.
El primero está conformado por una serie de dispositivos que ampliaron ilegalmente el poder de calle de las fuerzas de seguridad, entre ellos:
-La declaración de la emergencia de la seguridad pública (incrementado casi un 500%).
-El decreto que reforma la Ley de Migrantes
-La elaboración de los protocolos de actuación frente a la protesta social.
– Y el protocolo para la realización de allanamientos y requisas personales (resolución que permite a los agentes detener y requisar a partir de información anónima y del “olfato policial” y ante la negativa se habilita al funcionario a iniciar una causa judicial por resistencia a la autoridad).
Estos instrumentos arrasan con décadas de avance en materia de derechos humanos y van a contrapelo de numerosas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (como la sentencia por el caso Bulacio).
El segundo de los caminos es de índole discursiva, se trata de la enunciación de la agenda y el discurso oficial. Este centra las amenazas a la seguridad en los migrantes, los activistas sociales, el terrorismo y el narcotráfico. Las dos primeras cuestiones han abierto la puerta al accionar represivo contra actores y sectores puntuales. En el caso del terrorismo (La muy repudiable ley antiterrorista fue sancionada en el gobierno anterior y se promulgó en diciembre del 2011) se posibilitó un despliegue inusitado de recursos económicos (aumento de presupuesto) y la instauración de un enemigo multiforme y espectral que hoy asume la forma de un reclamo de pueblos originarios. (En la ciudad de Bariloche se han incrementado las situaciones de violencia institucional mientras los supermercados y otros centros comerciales se encuentran custodiados por efectivos policiales con armas largas y sin identificación alguna). Pero mañana podrá ser perfectamente una agrupación política, una organización, una religión o un sector cualquiera.
La seguridad está siempre presente en la agenda de la derecha como una garantía de permanencia y aceptación silenciosa de la desigualdad. No es de extrañar entonces que desde el comienzo de este gobierno la cuestión securitaria fuera una apuesta central. Las fuerzas de seguridad nacionales son controladas por el poder ejecutivo, específicamente se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Son el brazo armado, literalmente, de las políticas de gobierno. Por esto, el recorte de los problemas securitarios del ejecutivo sigue la lógica de las políticas generales de gobierno, que apuntan al disciplinamiento de los actores sociales a través de la represión de la protesta.
La protección prioritaria de los sectores económicos vinculados al Gobierno reciben respuestas que van desde la instalación de guardias armados públicos que velan por sus intereses; a la separación territorial de clases sociales, de manera tal que algunas personas (jóvenes pobres) tengan vedado el acceso a determinadas zonas de las ciudades. En definitiva, se trata de la militarización (securitizacion) de las políticas económicas.
Específicamente en la región patagónica las fuerzas federales (es decir el Ministerio de Seguridad de la Nación) son las responsables de represiones sistemáticas y de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Han desplegado actividades de inteligencia ilegal que se traducen en acciones represivas contra miembros de organizaciones sociales y pueblos originarios. Estas acciones han ido desde el hostigamiento y detención ilegal, la violencia sobre los cuerpos de manifestantes, el despojo territorial de comunidades indígenas hasta la desaparición forzada de personas.
Para muestra, sobra un botón
Actividades ilegales de inteligencia, detenciones arbitrarias y desaparición forzada:
1- En el marco de una audiencia de constitución de querellante celebrada el 28 de agosto de 2015 en la causa por la presunta usurpación de tierras contra un grupo de personas pertenecientes al pueblo mapuche en la zona Leleque- Cushamen formulada por la sociedad Compañía de Tierras del Sur S.A. (del grupo multinacional BENETTON), ante el Juez de Garantías Dr. Martín Zacchino, la Defensoría Oficial de la provincia de Chubut denunció que en el legajo fiscal, entregado en calidad de copia digital por la Fiscalía interviniente, figuraban documentos que daban cuenta de producción de inteligencia ilegal con fichas sobre “activistas antimineros en zona de la comarca andina” que contenían fotos y datos de personas del movimiento “No a la mina”, de Esquel. De inmediato adquirió trascendencia pública la noticia de que se habrían llevado a cabo actividades de espionaje ilegal a vecinos de Esquel.
Así, está acreditado que “el agente de la AFI” realizó tareas de inteligencia criminal sin requerimiento judicial o autorización legal – Conf. Art. 4 inc. 1 Ley 25.520 – y produjo y acopió inteligencia prohibida sobre personas en función de su raza, ideología política, su pertenencia a organizaciones sociales, políticas y sindicales – conf. Art. 4 inc. 2 de la Ley 25.520, la cual seleccionó y circuló con los fiscales imputados. Concretamente realizó actividades de seguimiento, grabación de comunicaciones e infiltración en reuniones de personas cercanas al movimiento “No a la Mina”. Además entabló una relación entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio Público Fiscal vinculada a las actividades de inteligencia mencionadas sin intervención del funcionario competente para ello (Director General, subdirector general o funcionario autorizado expresamente, conf. Art. 15 bis de la Ley 25.520). En el archivo “Activistas antimineros en zona de la Comarca Andina” se puede observar semblanzas de periodistas, docentes, estudiantes, abogados, militantes sindicales y sociales, con referencias tales como “periodista, Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas”
En febrero de 2017 el Juez Federal dictó auto de procesamiento a los dos jefes policiales y a los dos fiscales provinciales.
2– En enero de este año, luego de una brutal represión ejecutada por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, en el Lof Resistencia Cushamen, dos víctimas de golpizas, se trasladan por sus propios medios hasta el Hospital Regional de Bariloche donde fueron internadas. Inmediatamente después de su internación se presentaron ante la directora del hospital, según sus propios dichos, dos efectivos que se identificaron como parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y requirieron información sobre los internados. También fueron interrogados por parte de personal de Gendarmería los familiares y visitantes de los internados. Las victimas presentaron un habeas corpus preventivo, que fue rechazado, luego de que el Juez (el mismo que ordenó la represión) manifestara haberse comunicado con la PSA quien negó haber investigado de manera alguna a los internados. El juez no tomo declaración a la directora del Hospital y el accionar de las fuerzas de seguridad no fue investigado.
3-Nueve manifestantes que se pronunciaban a favor de la liberación de Facundo Jones Huala fueron detenidos en sendos procedimientos, el primer grupo de seis personas fue aprehendida durante la mañana. Cuando ya había culminado la protesta la Gendarmería detuvo a otros tres que estaban en la vereda. La excusa fue su participación en la manifestación durante la mañana.
Algunos de los manifestantes sufrieron en días posteriores acciones de hostigamiento por parte de la Gendarmería y la PSA que se apostó frente a sus casas y requirió identificaciones.
Estos son sólo algunos ejemplos que contextualizan el escenario en el que se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado
Un escenario de antagonismos violentos construido por el Gobierno, donde las fuerzas de seguridad no reconocen los límites del derecho y responde a las órdenes del poder (ejecutivo) que protege a los poderosos.
Por Sofía Bordenave
Derechos por la Igualdad y Colectivo al Margen.
