Luego de la reunión realizada hoy en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación el triunvirato integrado por la CTEP, Barrios de Pie y CCC manifestaron que el gobierno persiste en su postura con una nueva provocación hacia los sectores populares.
En un marco de creciente persecución y hostigamiento contra los movimientos sociales, pueblos originarios y los trabajadores, el Poder Ejecutivo montado en una actitud de explícita soberbia desconoce una ley aprobada por el Congreso Nacional y continúa sin implementar plenamente la Ley de Emergencia Social: en el encuentro mantenido hoy con funcionarios nacionales dejaron en claro que no pondrán en práctica los proyectos productivos comunitarios y otras políticas sociales estipuladas en la ley.
Ante esta situación, el próximo lunes se llevará a cabo una asamblea de delegados de los movimientos populares a fin de de evaluar los pasos a seguir para profundizar el plan de lucha que se viene realizando por la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y el pedido de tratamiento de la Emergencia Alimentaria.
Entre los puntos a considerar en dicha asamblea, se propondrá movilizar a la puerta de las grandes cadenas de supermercados el próximo miércoles, para pedir la entrega de alimentos en el marco de la mencionada emergencia alimentaria que viven hoy los sectores más humildes del país.
De persistir la actitud del gobierno en desconocer la ley y perseguir a las organizaciones sociales, se realizará una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de toda la Argentina.
Las organizaciones sociales mantienen el estado de alerta y movilización y expresaron que seguirán visibilizando las problemáticas que viven los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular y todos los sectores que sufren las consecuencias de las políticas económicas que llevan a la falta de trabajo, el hambre y la criminalización de la protesta social expresada en estos últimos días con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el intento de asesinato de la compañera Julia Rosales, los allanamientos a las organizaciones sociales en Córdoba y las reiteradas manifestaciones públicas de violencia de la ministra Patricia Bullrich.
