(Julia Astudillo/El Furgón) Son aproximadamente 17 mil cooperativas de planes sociales las que podrían perder su autorización para funcionar debido a las nuevas políticas de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Matías Kelly.
Más de 10 mil cooperativas de trabajo podrían desaparecer. Se trata de aquellas que se constituyeron bajo la Resolución 2038, Argentina Trabaja o Ellas Hacen: programas que no cumplieron con los requerimientos legales obligatorios que demanda el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La mayoría de esos espacios nucleaban a personas que eran desocupadas y que solicitaron planes sociales con trabajo incluido.
Uno de los mayores inconvenientes para estas entidades siempre fueron las presentaciones regulares de balances y papeles administrativos. Varias tuvieron dificultades para pagarle a un contador. De ese modo, no podían demostrar si funcionaban realmente y qué oportunidades se les cerraba al quitarles su matrícula.
Los trabajadores, por su parte, continuarán siendo subsidiarios del plan por un año más hasta ubicarlos como empleados de Walmart y otras empresas a través del Proyecto de Empalme. Lo aseguró el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Kelly, en una reunión de funcionarios realizada en junio en el INAES.
En la primera etapa del gobierno de Macri, se promulgó la regularización con operativos territoriales llevados a cabo en 2016. Ahora el panorama cambió. “No hay presupuesto para recorrer todas las cooperativas”, dijo Kelly. Organizaciones sociales como el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala denunciaron que desarticularon los planes de vivienda, dejaron sin obras a las cooperativas y después avanzaron en la desmantelación.
Las cooperativas de la construcción formadas por desocupados se crearon en el 2003, inicialmente dentro del Plan Federal de Obras Públicas del Ministerio de Planificación. Con la idea de levantar de viviendas que dieran trabajo a los sectores más pobres, se pidió a los beneficiarios que se organizaran en grupos de trabajo. Pero el programa había nacido sin un presupuesto propio y eso condicionó su desarrollo. Luego el Estado invirtió en nuevas obras y agregó otros programas en la misma línea, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Para 2006 se habían formado 2500 cooperativas.
Una de las mayores críticas de estos programas es que no había autoridades que acompañaran, ni capacitaran lo suficiente a las cooperativas nuevas para que pudieran desenvolverse de manera autónoma. Otras fueron las limitaciones por falta de obras, subsidios y apoyo de los municipios. Pese a eso algunas entidades construyeron federaciones como la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
“Desde el Estado Nacional hubo un corte indudablemente destructivo para este tipo de entidades de la economía solidaria. Aquí vemos cuando el Estado cumple un rol pro-activo de contribución al desarrollo del sector, o por el contrario le pone trabas o directamente toma medidas que atentan contra la existencia misma de estas cooperativas”, dijo el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form.
Muy semejante al Plan de Inserción Laboral en Empresas creado en 2010 por Cristina Fernández, el plan de Empalme anunciado por Mauricio Macri el 2 de mayo despertó desconfianza: nadie creyó que las empresas recurrieran a la mano de obra sin un cambio en las políticas económicas que impulsara el consumo retraído y fortaleciera el mercado interno. Salvo que lo hicieran para beneficiarse de los trabajadores subsidiados que producirán menor costo laboral.
