“Río Negro está en la prehistoria judicial”

Dialogamos con el fiscal especializado en adolescencia de Neuquén Germán Martín, acerca del rechazo mayoritario al proyecto de ley de baja en la edad de punibilidad. La agenda de niñez y adolescencia, prioridades y perspectivas.

 

– ¿Por qué nuevamente aparece en el escenario político el tema de la baja en la edad de punibilidad?

El proyecto de baja de edad de punibilidad es retrógrado, vuelve el debate 20 años para atrás. Este debate es producto de un clima social, de un contexto social y cultural ligado a la hegemonía política de este gobierno, y su proyecto ideológico. Es como grosero que por un lado se quiera liberar genocidas, y por otro se quiera encarcelar pibes. Y nos imponen otra vez esta agenda de la baja, que es planteado además con mucho cinismo, porque no se informa la letra del proyecto oficial. No podemos oponernos a nada oficial que esté escrito. Pareciera que el delito adolescente fuera un problema central de los jóvenes, y esto no es así.

– ¿Cómo se plantea esta problemática de la baja en Neuquén?

En Neuquén las estadísticas revelan que disminuyó el índice de delitos cometidos por menores de 18 años en los dos últimos años. Y sólo el 0.5% de los adolescentes tiene problemas con el delito.  Aún así, yo entiendo que es un problema que se tiene que gestionar, los adolescentes de 16 y 17 años cometen delitos.

– ¿Y en Río Negro?

 Es un tema imprescindible. No hay justicia penal especializada que trabaje, que aborde el delito violento de adolescentes. Está en la prehistoria de la especialización penal.

La historia de la especialización de la justicia penal adolescente o juvenil, tiene una historia pre-convencional. Una historia en la que se comenzó a entender que el adolescente requería respuestas judiciales específicas, y se crearon aquellos juzgados de menores. En la mayoría de las provincias hubo jueces de menores, con algún grado de especialidad, ya por fuera de los adultos, con una Secretaría Penal y con una Secretaría Tutelar, en ese momento. Esa sería la historia de la especialización, y cuando llega la Convención, se paso a jueces penales, específicamente para niños, y la parte tutelar pasó al Sistema de Protección, a la Justicia de Familia. Río Negro está en la prehistoria judicial, está en una situación bastante insólita, y bastante cruel… Está tratando a los adolescentes con la justicia penal de adultos, sin pasar siquiera por la transición de los jueces de menores.

Toda la crítica actual que pueden leer en la doctrina, está basada en la justicia de menores… Río Negro ni siquiera tiene eso. Todo el paradigma tutelar, esa crítica está pensada para la justicia de menores… Río Negro está previo a eso. Habría que ir a buscar la bibliografía de 1986 que exigía una justicia de menores.

Por lo cual, en ese escenario orgánico institucional, plantear una baja en la edad de punibilidad, a nivel nacional, parece totalmente irresponsable por lo menos.

– ¿A nivel nacional es posible adoptar la reforma en la justicia que implicaría la baja?

El escenario provincial en cuanto a justicia especializada es muy heterogéneo, por lo cual estas políticas nacionales, terminan siendo un pequeño artículo pero que disparan un montón de cuestiones a nivel territorial, porque es la habilitación del poder punitivo sobre una franja etárea adolescente… que ya no se sabe si están hablando de 14, 12, 13 años. Es derecho penal infantil directamente, hablar de adolescentes queda grande, por eso creo que hay que desterrar la idea de “régimen juvenil”.

Los escenarios son muy, muy, heterogéneos, por lo cual es muy irresponsable plantear una baja en estas condiciones. Así como en Río Negro no existe esta justicia, en Neuquén existe parcialmente, y una baja de punibilidad significaría doblar esos recursos… por lo cual la baja genera además un compromiso provincial. Por lo cual hacerlo sin consenso de las provincias es totalmente autoritario.

La baja de punibilidad significa además un compromiso orgánico en esta especialización de la justicia, que las provincias no están en condición, no la han querido, hay necesidades mucho más importantes que ésta, en términos financieros, no lo van a hacer. Por lo cual, van a seguir vulnerando el derecho de niños que están sometidos a proceso en este momento, y van a incorporar a una franja nueva. Ese va a ser el escenario, en provincias además en las que hay detenidos chicos en condiciones materiales y jurídicas muy vulneradoras de sus derechos.

No está, a nivel de las provincias la infraestructura orgánica, ni personal, ni los recursos para hacer esta política.

Debilidad institucional

 Por otro lado, está el tema de la inconstitucionalidad de la ley. La inconstitucionalidad la definen los jueces, y hay que ser cuidadoso cuando se afirma que algo es inconstitucional o no. Sacar una ley que tenga alguna duda de inconstitucional, ya tiene una debilidad institucional importante. Es decir, una debilidad de institucionalidad jurídica y de legitimidad importante.

Además va a generar escenarios muy heterogéneos en las provincias, casi les diría conociendo el movimiento de niñez en Neuquén, que la ley de baja va a durar aproximadamente 48 hs. Porque en Neuquén ya tenemos el compromiso del gobierno que en este caso acompaña. En La Pampa también salió el ministro a decir, que en La Pampa se va a declarar inconstitucional. Por lo cual es una irresponsabilidad, en un diseñador de políticas públicas pensar una ley que va a ser cuestionada en su legitimidad.

– ¿Qué temas deberían ser prioritarios en la agenda de niñez y adolescencia?

Lo que yo quería comentarles, con una idea un poco más propositiva, es la necesidad de derogar la ley 22278. Creo que después de que se derogó la Ley de Radiodifusión, previa a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta ley 22278 y la Ley de Entidades Financieras, que están aún en actividad desde la dictadura. Es un dato impresionante, y es la que la dictadura llama la Ley Penal de Menores. La necesidad de derogar esa ley y sancionar un sistema penal adolescente esta clara. La perversidad de esto es que cuelan la baja de la edad de punibilidad en este debate.

Es importante el rechazo a la baja, por mi parte expreso el rechazo del Ministerio Público Fiscal de Neuquén a la baja, pero es prioritario pensar la necesidad de derogar esa ley y generar un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Argentina en el contexto regional, es uno de los pocos países que no ha adecuado sus leyes, respecto del delito adolescente, a la Convención. Pero es algo que requiere de la especialización de la justicia de la que hablábamos.

Como hay varias provincias que están trabajando sus propias leyes, nos pusimos a pensar en cómo debería ser ese sistema. No es que se necesita un juez penal especializado en niñez solamente, un fiscal o un defensor. No es la justicia especializada solamente. Esto es lo de menos, y es lo más fácil de hacer. Abogados y especialistas sobran. Para hacer este sistema, el poder judicial dedicado a los niños tiene que ser muy diferente a la justicia penal de los adultos. Se piensa en sistema porque tiene que ser una justicia penal especializada, que articule con los dispositivos de los otros poderes del Estado, necesariamente. Eso es un desafío importante para las justicias penales porque se relaciona con el poder ejecutivo y los otros poderes desde una situación bastante jerárquica, se relaciona mediante órdenes y oficios, o controla. Nunca articula, nunca coopera, nunca se sienta en mesa un juez o un fiscal en pie de igualdad con un trabajador social de un dispositivo. La idea de una justicia penal especializada es totalmente diferente, una justicia que articule permanentemente con estos dispositivos que deben existir en el ámbito de otros poderes, y que necesariamente tienen que estar jerarquizados en términos de estabilidad laboral, en término salarial, como está el poder judicial.

Dispositivos establecidos a nivel convencional y en infinidad de documentos de Naciones Unidas que definen cuáles son esos dispositivos, como el de mediación, de reinserción, con la suspensión de juicios, que tiene dispositivos especializados para ofensores sexuales, para el delito de mujeres, de varones. Hay muchísimas cosas para pensar y hacer desde ahí.

– ¿Por qué sistema de responsabilidad?

Este es el eje de nuestro trabajo profesional, legislativo, académico. Es la palabra responsabilidad, previa a la idea penal, como eje de la intervención. En la idea de que cuando uno se saca la idea, el chip del castigo, de lo punitivo, que creo que es necesario en lo penal adolescente, y trabaja la idea de responsabilidad, ahí se comienza a pensar, a trabajar otras herramientas, otras disciplinas diferentes. Ya ahí lo jurídico no tiene exclusividad, lo jurídico penal mucho menos, el encierro mucho menos. Entonces ya se puede pensar con otras disciplinas, incluir otras miradas. Pensar en responsabilidad necesariamente nos va a llevar a pensar corresponsabilidades. La responsabilidad de un delito es individual, de una sola persona. Pero en el ámbito adolescente uno encuentra que en determinadas situaciones tiene que haber corresponsables. O uno puede pensar corresponsables en la gestión también de un delito. También puede ser corresponsables en términos de culpabilidad, en términos de co-culpar. Corresponsables en términos de necesidades, ineficiencias previas. Sería interesante pensar la corresponsabilidad en el ámbito penal, como desafío.

Y además, necesariamente la herramienta para trabajar la responsabilidad es el lenguaje. No hay otra herramienta, donde hay lenguaje no hay violencia. Muchas veces, con los adolescentes, la violencia tiene que ver con esa falta. Con la necesidad inmediata de resolver alguna cosa, y se resuelve mediante la violencia. Cuando uno incorpora el lenguaje, está incorporando también otras cosas. Y también nos aleja de la respuesta penal, punitiva, coactiva. El lenguaje del encierro… el encierro tiene su propio lenguaje, no tiene vocabulario. Y es violencia, no lenguaje, no vocabulario.

Responsabilidad penal, lo penal está presente porque estamos hablando de delito. Pero lo penal en adolescencia sería el límite también, porque sería de mínima intervención. La historia de la despenalización en el ámbito de la adolescencia no es una historia halagadora. Por eso hay que tener mucho cuidado, y lo penal tiene que estar muy firme en términos de garantías. Siempre tomando como un índice de fracaso la penalización.

Y por último quería plantear esta cuestión de los jóvenes/adolescentes. Así como en su momento pudimos empezar a pensar el tema de los menores, como había niños y niños/menores, y todo lo que significaba la palabra menor. Quiénes eran menores y quiénes eran niños. Yo entiendo también que con la palabra juvenil, pasa algo parecido. En primer lugar uno observa que la imprecisión etárea de la palabra juvenil es enorme. Para la OMS es entre 14 y 24, es impreciso juventud. Y lleva para otro lado. Me parece que hay que reivindicar la palabra adolescente para esto que estamos hablando. Nos marca bien la franja etárea, es más riguroso en ese sentido. Y nos marca bien los rasgos de esa etapa, esas idas y venidas, esa búsqueda de identidad, esa “edad de ser o no ser” como decía Borges. Me parece que hay que pensar cuando hablamos de estas cuestiones, hablar de niños cuando estamos frente a niños, y de adolescentes cuando hablamos de 16 o 17 años, que es la materia del derecho penal adolescente.  

–Más que una imprecisión semántica pareciera una intencionalidad político ideológica de los medios de comunicación para incidir en el sentido común…

-El problema de la juventud, lo que se observa mediáticamente, es que se nos infla mucho el dato. Cuando dicen “unos jóvenes hicieron”, y uno va a las noticias y ves que son de 20 años, 21, 22. Y no son jóvenes para el derecho, son adultos. Pero impacta a la sensación de inseguridad subjetiva, como si refiriera a adolescentes. Tenemos esa dificultad, esa tensión con los medios, que dicen jóvenes/adolescentes, y un joven… termina siendo un chico de 24 años. No es de lo que estamos hablando, es otra cosa. Y en general, se tiende a “adultizar”. Hay un proceso de adultización allí, la idea es utilizar herramientas de adultos. Uno adultiza el sujeto, la herramienta tiende también a adultizarse, si existe el término. No es gratuito decir “jóvenes”, porque están queriendo decir otra cosa.

– ¿Cuáles son entonces las tareas pendientes en el campo de la niñez y adolescencia?

La agenda de la baja que quiere imponer el gobierno nacional, es una agenda fuerte, pero no tiene que colonizar toda la agenda. Hay muchas cosas para pensar, para hacer. Nosotros tenemos que pensar un derecho penal especializado, desestructurar la idea del derecho penal que se construyó para adultos… para adultos varones. El proceso del feminismo lo está haciendo, yo creo que los que trabajamos en niñez tenemos que hacer ese proceso que el derecho penal de adultos lo está haciendo, pero pensado en las adolescentes. Río Negro, antes que pensar en la baja, debería pensar en una justicia penal especializada.

 

Por Marcelo Viñuela

Fotografía: Eugenia Neme

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen