¿Como se mide la pobreza en Argentina?
Tenernos dos indicadores históricos para medir la pobreza. Uno es el índice NBI y el otro, la Línea de Pobreza e Indigencia (LP / LI). Cada uno va a medir cosas distintas.
El índice NBI, fue impulsado por la CEPAL en la década del 60 y mide la pobreza estructural o histórica. Es decir la cantidad de pobres que lo han sido desde hace años. ¿A quien considera pobre este indicador? El índice NBI evalúa una serie de ítems: (1) materiales de construcción utilizados en piso, paredes y techo y la condición de la vivienda -por ejemplo viviendas precarias o de inquilinato-; (2) el número de personas que habita en el hogar –más de tres personas promedio por cuarto sin incluir baño y cocina se considera hacinamiento-; (3) la disponibilidad de agua potable, y tipo de sistema de eliminación de excretas; (4) la asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo; y (5) la probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar –cuando haya más de cuatro personas por miembro empleado que no haya terminado la primaria-. En síntesis si un hogar cuenta con, al menos, una de estas características será considerado pobre.
Como se ve este tipo de pobreza requiere una fuerte inversión del Estado para su reducción: en construcción y mejoramiento de viviendas -políticas públicas como el Procrear o los diversos Planes Habitacionales-; o facilidades de acceso, sostenimiento y finalización de la escolaridad -como la Asignación Universal por Hijo, construcción de escuelas publicas, transportes escolares en lugares alejados, el plan FINES-. Y son fundamentalmente de largo aliento.
El segundo indicador con el que contamos es la Línea de Pobreza e Indigencia. En este caso lo que se mide son ingresos de la unidad doméstica entendida como el grupo de personas, parientes o no, que conviven en una misma vivienda y consumen alimentos con cargo al mismo presupuesto. Lo que hace este indicador es proponer dos umbrales mínimos de ingresos de la unidad doméstica -que deberán estar garantizados por un salario, o pensión, o jubilación, o subsidio, por debajo del cual se “cae” en la pobreza o indigencia.
¿Cómo se calcula la Canasta Básica?
Por un lado se calculan alimentos mínimos que debe consumir una familia tipo durante un mes calculado en base al promedio nacional de personas por unidad doméstica que es de 3,2 miembros por hogar según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2012/2013. Se trata, a su vez, de un listado de alimentos calculado en base a los requerimientos kilos calóricos imprescindibles para lo que el INDEC llama un “adulto equivalente” –esto es varón de entre 30 y 60-. Mujeres y varones según edad representaremos un porcentaje distinto de este “adulto equivalente”. Un niño menor a un año representa un 0,35 adulto equivalente. Una mujer de 18 a 29 representa un 0,76. La suma del precio de esta lista de alimentos constituye lo que llamamos la Canasta Básica Alimentaria (CBA). El hogar cuyos ingresos no alcancen a cubrir esta canasta serán considerados indigentes.
Paralelamente se establece una Canasta Básica Total que incluye además de los alimentos, otros bienes y servicios considerados también básicos. Aquellos hogares que lleguen a cubrir la CBA pero no la CBT serán considerados pobres.
Las trampas del sistema
Ahora bien. Hecha la ley hecha la trampa. ¿Cuales son las debilidades de esta medición?
Lo primero que hay que decir es que la CBA está compuesta básicamente por alimentos baratos y sin valor agregado. La composición del la CBA para un adulto equivalente indica que la ración mensual de pan será de 6,750 gr mientras que las galletitas dulces será de tan solo 210 gr. La ración de verduras especifica que el 53% de los 12,240 gr mensuales serán papas. Los lácteos que aparecen en el listado son: leche 9,270 litros mientras que las porciones de yogurt consisten en 570 gr, manteca 60gr, y queso 330 gr por adulto por mes. Quedan descartados otros productos lácteos más caros, como crema o ricota. En cuanto a las pastas incluidas se calcula solamente fideos a razón de 1,740 gr por mes. Eso para empezar.
Lo segundo es que se trata de una dieta culturalmente cuestionable. Calcula, por ejemplo, solamente 510 gr. gramos de yerba mensual por adulto equivalente, 60 gramos de fiambre, y un (si, uno solo) litro de bebidas alcohólicas por mes.
Una tercera acotación es que asume también que siempre habrá algún miembro de la unidad doméstica con tiempo disponible para dedicar a la cocina ya que no incluye la compra de comida ya elaborada.
Y que discrimina por género, ya que según el INDEC las mujeres adultas comemos un 24% menos que los hombres. ¿Esto es una necesidad nutricional diferencial o una practica histórica de autoexplotacion que hemos realizado las mujeres donde fuimos siempre las últimas en sentarnos a comer a la mesa familiar?
En quinto lugar se plantea lo siguiente. La diferencia entre la CBA y la CBT está dada por algo que se llama inversa del coeficiente de Engels (CE). Engels fue un economista que planteó que mientras algunos consumos incrementaban con el aumento del salario otros disminuían. Por ejemplo, a mayor salario menor uso de transporte público, etcétera. Este coeficiente se obtiene a través de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Lo curioso es que el coeficiente de Engels para calcular la CBT osciló entre abril de 2016 y enero de 2017 entre 2,39 y 2,45, aun cuando según la ENGHo la incidencia de alimentos y bebidas en el consumo familiar era de 3,01, casi un 20% más.
Insistiendo con el Coeficiente de Engels según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012 / 2013 el consumo promedio por hogar en Argentina era el siguiente: 33,2% en alimentos y bebidas, 5,2% en bienes y servicios varios, 2,9% en enseñanza, 7,3% en equipamiento y mantenimiento del hogar, 8,3% en esparcimiento, 8,7% en calzado e indumentaria, 10,2% en propiedades, combustible, agua y electricidad, 5,6% en salud y 18,6% en transporte y comunicaciones. Para graficarlo de algún modo, de un ingreso familiar de 20.000 pesos mensuales una familia gastaría 6.640 pesos en alimentos, 1.040 pesos en bienes y servicios varios, 5.80 pesos en educación, 1.460 pesos en equipamiento y mantenimiento del hogar, 1.660 pesos en esparcimiento, 1.740 pesos en calzado e indumentaria, 2.040 pesos en propiedades, combustible, agua y electricidad, 1.120 pesos en salud y 3.720 pesos en transporte y comunicaciones.
Esta distribución del ingreso supone, entre otras cosas, que todas las familias cuentan con una vivienda propia y no pagan alquiler, que los niños asisten a la escuela pública, que las madres pueden quedarse en las casas cuidando de los niños que no se encuentran en edad escolar o que trabajan solamente media jornada, que el Estado ofrece actividades gratuitas de esparcimiento como talleres para niños y adultos, que existe una amplia cobertura de transporte público las 24 horas, que las viviendas cuentan con los servicios de gas natural, que el servicio publico de salud cubre una gran mayoría de especialidades y prácticas médicas.
El alcance de la medición
En síntesis. Si bien hoy medición de la CBT nos sirve de piso de negociación salarial para fijar el salario mínimo vital y móvil, este es más bien un subsuelo. No solo porque se duda de los valores reales del índice de precios al consumidor a través del cual se le da un valor monetario a la canasta sino porque los elementos que contempla el indicador son escasos, insuficientes y dejan por fuera una serie otras necesidades culturales.
¿Qué hacemos entonces? ¿Lo desechamos? No necesariamente. En primer lugar deberíamos pedir al menos una revisión de la metodología. Pero fundamentalmente saber que todas estas mediciones tienen un límite y que pueden ser manipuladas para subir o bajar el valor de la Canasta Básica y el número de pobres e indigentes.
Y por sobre todas las cosas es importante entender que la calidad de vida de una familia va más allá del poder adquisitivo de bienes y servicios concretos; que entre el acceso posible y el real hay una brecha enorme; y que el gobierno además de controlar la inflación como dice querer hacer la actual administración debe hacer una fuerte inversión en infraestructura y políticas públicas.
