El proyecto de Baja de edad de punibilidad obligó a los colectivos de Infancia a retrotraer su agenda de trabajo. Oscar Casanova del sistema de protección Integral de Chubut contextualizó cual es la deuda patagónica en materia de infancia.
Ningún Pibe nace Chorro. Ilustración: Andreina Poli.
Organizado por el Movimiento de Infancia de Bariloche, con la presencia de referentes como Claudia Cesaroni de la Red Argentina No Baja, Oscar Casanova del Foro Patagónico por los Derechos de Infancia, el fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén Germán Martín, y la participación de más de 200 personas, se desarrolló en el SUM de UnTer la mesa Debate por Nuestra Niñez.
Trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas, de Organizaciones Sociales, jóvenes murgueros, concejales, funcionarios municipales y legisladores provinciales que con su presencia expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad a 14 años fueron parte de un auditorio que se dio cita para debatir acerca de la baja.
Debate complejo, que debe incluir múltiples variables, en la configuración de un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente, que reemplace el decreto ley 22.278. Decreto que, aún 30 años después del retorno de la democracia, sigue siendo el marco jurídico con el que se juzga a menores de 18 años en casi todo el territorio nacional.
Debate que no niega que los y las adolescentes son autores de delitos, muchas veces violentos, y que los mismos deben ser gestionados por una justicia especializada basada en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pero que también debe reconocer, a contramano del sentido común construido por los medios masivos, que el porcentaje de adolescentes entre 14 y 16 años que delinquen, no supera en el promedio nacional el 4% del total de los delitos cometidos, siendo quien engrosa ese promedio principalmente la provincia de Buenos Aires. En el caso de Patagonia los índices son ínfimos.
El debate que requiere de un posicionamiento claro, sin ambigüedades, de quienes son legisladores de la provincia de Río Negro en el Congreso Nacional, quienes tienen la responsabilidad de expresar su posicionamiento de cara a la presentación de un proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad por parte del oficialismo.
“El debate por la baja nos corre del paradigma de protección de derechos”
En su exposición Oscar Casanova fundador del Foro Patagónico de Niñez planteó que el debate por la baja de la edad de punibilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes logra cambiar la perspectiva de la agenda de las organizaciones e instituciones que trabajan día a día, cuerpo a cuerpo en la doctrina de la promoción y protección de derechos, en la prevención e intervención frente a situaciones de vulneración de los mismos. “Se impone este tema a la agenda de los trabajadores de niñez, cíclicamente, la mayor de las veces luego de un caso de violencia que involucra a un adolescente. Y se da esta imposición desde un contexto externo, con una impronta más porteña que nacional”. Se interpela el sentido común con el pedido de políticas de mano dura, entre las que se incluye la baja en la edad de punibilidad.
Sin embargo, en todos los sectores que trabajan con esta población, desde una perspectiva de protección y promoción de derechos, encuentra una oposición rotunda. “Pero genera un corrimiento de otros temas de debate que deben ser prioritarios en la agenda, como por ejemplo la violencia institucional”.
El proyecto de baja de edad escamotea la discusión de qué educación, qué salud, qué vivienda, qué alimentación, qué proyectos de vida propone el Estado para niñas, niños y adolescentes. “Corre el eje de la discusión sobre la promoción y prevención de derechos, y lo ubica en el de la punibilidad, en el paradigma de la inseguridad”. Como si los y las adolescentes fueran el origen y causa principal de la inseguridad, cuando las estadísticas a nivel nacional, no superan el 4% según diferentes estudios realizados.
Este proyecto del Gobierno nacional “oculta también la precarización laboral de trabajadores y trabajadoras, quienes se vinculan cotidianamente con esta población, y que no casualmente, son en general empleados y empleadas con modalidades de contratos temporales, de locación de servicios, becas, etc. Distintas modalidades contractuales que no reconocen carrera administrativa en la función pública, trayectoria y formación laboral, derechos adquiridos por convenios colectivos de trabajo”.
“La precarización laboral de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes, implica otra vulneración de derechos de esos niños, y esto es responsabilidad del Estado”
Por otro lado, Casanova hizo hincapié en el caso de Chubut, como experiencia innovadora de modalidad de políticas públicas descentralizadas, en el abordaje e intervención. El Estado provincial descentralizó programas y direcciones en los 28 dispositivos municipales de atención de niñez. Y esto implica recursos humanos y presupuestarios. Los municipios son en Chubut los primeros efectores sobre los que se asienta el Sistema de Protección de Derechos en la provincia. Pero en este sentido, se posicionó claramente “Descentralizar sin recursos es desentendimiento”.
“Ante una realidad compleja, debemos apelar a la participación y a la organización” dijo Casanova a modo de cierre. Nosotros agregamos: Contra la baja, organización, y protección integral porque como dice una de nuestras banderas: Ningún pibe nace chorro.
Por Marcelo Viñuela
Equipo de comunicación Popular Colectivo al Margen
