Cuando se ha denunciado a la Policía por inoperancia, relación con el delito, apremios ilegales o gatillo fácil, se la nombra como a una sola institución. Pero algunos dicen que hay dos policías: el Comisariatto y las bases.
Ex Comisaría 28 despues de junio 2010. Foto: Gisella Montes.
Otros dicen que hay tantas policías como intereses haya, como cuando se discute sobre sindicalización, o sobre quién debe conducir la policía -si debe ser de la familia o un civil-, o cuando se dirime la posible Policía Judicial, o cuando se reparte la torta (o las tortas?). Queremos disparar en esta nota tres ejes relacionados a algunos casos emblemáticos: su capacidad de generar impunidad, sus divisiones y la relación con la gobernabilidad. Entrevistamos para ello a tres personas con diferencias de perspectivas: Los jueces Martín Lozada y Ricardo Calcagno, y a Walter Puebla, docente de la Escuela de Policía de Río Negro y la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana (UNRN), además de investigador.
Podemos citar cinco casos emblemáticos que demarcan los últimos 30 años de la policía en Bariloche que, mínimamente, trazan líneas de impunidad y lógicas de articulación con el sistema político y judicial. Lo que parecía ser una reacción homogénea -cuando el problema era con el exterior a la familia policial-, está entrando en crisis hoy, cuando aparece un caso como el de Lucas Muñoz, que apunta al propio núcleo familiar, y, como en muchos casos de incesto, impera el silencio.
24 de diciembre de 1992. Algunos lo llamaron el caso de “la 3 de mayo” y otros “la masacre de nochebuena”. El 20 de diciembre de 1992 unas diez personas en una F100 ingresaron a la ex empresa de colectivos 3 de Mayo, para robar la recaudación del día. Querían llevarse la caja fuerte. Guillermo Osses, suboficial que recién terminaba su guardia, les hizo frente, disparó y estos huyeron. Mientras lo hacían le tiraron tiros a las piernas. Uno le dio en la femoral y éste murió desangrado. Los jefes policiales, sin consultar al juez de instrucción (Fernando Bajos), conformaron un grupo de tareas con integrantes de varias áreas y destacamentos al mando del oficial José Luis Bobadilla. Durante 4 días hicieron razzias de miedo, apretadas y allanamientos.
El 24 le tendieron una emboscada a Pedro Figueroa, supuesto líder de la banda y a otros más. Horas antes se reunieron en la ex Subcomisaría 77 (Beschet y ruta 274) los comisarios de toda la zona. La novia de Figueroa les había tirado el dato de que Pedro iría a su casa esa noche, a cambio de que no lo maten. Él y 3 personas más, entre los que se encontraba un mecánico no relacionado al caso, fueron fusilados; incluso uno, luego de entregarse, según indican las pericias. Cuando les avisaron a la Jueza Vaquero Lascano y al entonces asistente de Bajos, Ricardo Calcagno, los cuerpos ya habían sido removidos y no había una sola vaina de bala en el suelo, pese a que todos los policías declararon que había habido un tiroteo y que descargaron sus pistolas en este. Como un chiste, luego de insistir, le llevaban a Calcagno algunas vainas en la mano y le señalaban –más o menos- dónde las había encontrado.
El resto de los integrantes de la banda fueron apresados, torturados y juzgados, algunos a 15 años, como el hermano de Figueroa que se suicidó en el penal de Neuquén tiempo después. Los policías fueron a juicio y sentenciados. Pero rápidamente salieron en libertad. El juicio fue una guerra de pujas de poderes, de amenazas y lobbys. La sentencia se revocó, y las múltiples causas de apremios ilegales fueros olvidadas. La estrategia más utilizada,además de los apoyos, fue el de embarrar la cancha. Testimonios cruzados, pistas superpuestas, cambiadas, borradas. Quizás la familia policial no tiene una gran capacidad de confabulación, por ello confundir es el mejor método.
Todos siguieron cumpliendo funciones. El ex comisario Hugo Vera, conocido por intimidar colocando su arma en el escritorio, y que fue el orquestador de la reunión del 24 de diciembre en la subcomisaría 77, sería luego parte del Gabinete de Carlos Soria en Gral. Roca, e imputado en una causa de venta ilegal de madera del Municipio en el 2004. Bobadilla, principal acusado, fue jefe del Departamento vial de Jacoabacci. Navarro, íntimo de Bobadilla y creador del grupo de tareas, estuvo procesado por habérsele encontrado un kilo de cocaína en su poder en el año 2005. Por ese hecho sólo fue retirado de la Fuerza. En el ´92 había sido acusado de amenazar a la Jueza Vaquero Lazcano, a cargo de la causa de la masacre de nochebuena.
El otro caso emblemático fue el de Héctor “Tití” Almonacid, el 13 de abril del 2000. Tití estaba tomando cervezas con amigos en un terreno baldío del barrio 34 hectáreas. En una razzia, los policías quisieron detenerlos y los jóvenes respondieron con piedras. Algunos policías quisieron irse, otros dispararon sus armas de fuego. El sargento Domingo Anticura fue de los últimos y perforó la pierna de Almonacid, que murió desangrado. El supuesto autor del disparo fue absuelto.
Por supuesto, el caso de las muertes de Bonefoi, Cárdenas y Carrasco, el 10 y 17 de junio del 2010, es ya un ícono del gatillo fácil en Argentina. Diego Bonefoi, de 15 años, proveniente de una familia señalada por todas las instituciones sociales como problemática, intervenida solapada y descoordinadamente por los organismos de asistencia y desarrollo social, fue visto por el ex cabo Sergio Colombil cuando salía de robar de una casa del barrio Boris Furman. No se sabe si lo reconoció o no. Calcagno dice que sí y por ello se pregunta por qué disparó si sabía dónde encontrarlo. Lozada no está seguro. Walter Puebla piensa que sí, y que Colombil decodificó el sentido de orden ante la problemática que ordenaba poner coto a los pibes.
Los dichos de jueces son contradictorios: el juez Rubén Marigo, quien llevó la instrucción del caso luego de la destitución de Lozada, dijo al entrevistarlo que Colombil mató a Bonefoi a menos de 2 metros. Lozada dijo que a menos de 6 y Calcagno a 15 metros, lo que sería un atenuante ya que según el juez, los policías no tienen puntería. Lo cierto es que en una semana de ese 2010, la sociedad se dividió. Hubo una marcha en defensa de la policía, orquestada -según varias versiones- por la propia policía, y otra en contra que se conformó como una pueblada contra la comisaría 28 que era un lugar duro para los pibes y pibas, un destacamento “de frontera” que retenía a los jóvenes pobres enclaustrados en el Alto, impidiéndoles ir al centro. En la pueblada murieron asesinados por la Policía Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 28. El único condenado hasta ahora es Colombil.
El periodista Enrique Pfaab, en su blog, hace un interesante análisis en su investigación del caso caratulado “Bobadilla, Jorge Saúl y otros s/homicidio en agresión” (Exp. Nº 126/93): “La falta de condena de la Masacre de Nochebuena, dejó una puerta abierta que la Policía de Río Negro ha seguido utilizando periódicamente” dice Pfaab, permitiendo así la impunidad en los casos de “Tití” Almonacid o las muertes de Bonefoi, Cárdenas y Carrasco.
El incesto
Lo de Lucas Muñoz es diferente. Es de la familia. Como en un incesto, y a pesar del millón de pesos para quien aporte datos del caso, la familia policial se mantiene en silencio sobre el asesinato de Lucas Muñoz.“En el 2013, cuando tomaron la casa de Gobierno –dice interrogante Walter Puebla sobre la huelga-, nadie aplicó el reglamento que impide la protesta policial. En el 2010 incluso orquestaron la marcha en favor de la Policía en el contexto de la muerte de Bonefoi. Pero con Lucas no pasó nada. La Policía no ha salido a darle sentido a la muerte de Lucas. Se alejan como la peste”.
Puebla fue docente de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana de la que salió abanderado Lucas Muñoz. Lo recuerda como un joven curioso, atento y con preocupaciones sociales. Lucas estuvo desaparecido desde el 14 de julio de este año. Su cuerpo apareció en un descampado 28 días después, en un lugar que ya había sido rastrillado, y llevaba muerto dos días. Seis comisarios de la cúpula fueron apartados. Un oficial fue procesado por haber intentado plantar una falsa prueba comprando un chip a nombre de Lucas. Se lo buscó en el lago, se buscaron pruebas en las caballerizas de Gendarmería y se culpó a dirigentes barriales como el delegado vecinal del Nahuel Hue. Sus superiores dijeron que se había suicidado, luego que no podía estar investigando nada porque los subalternos no investigan, cosa que Puebla retruca al describir el trabajo de la policía de calle y el espíritu crítico de Muñoz.
En una entrevista que le hizo el periodista Santiago Rey a Javier Muñoz, hermano de Lucas, éste explicó que los avances en la investigación apuntaban cada vez más, desde su perspectiva, a que los victimarios eran policías. Además indicó algo fundamental: para mantener con vida a alguien durante 26 días y no dejar rastros, debían ser policías con muchos recursos, tanto económicos, como estratégicos “Policías de muchos años en la fuerza”, aseveró apuntando a las cúpulas.
Para Puebla no hay una confabulación de toda la cúpula policial, pero “que hay gente con capacidad de ejercer un disciplinamiento simbólico tal (al interior de la fuerza), para que aun habiendo aumentado a un millón de pesos la recompensa, no haya un suboficial u oficial joven que pueda para aportar al caso de Lucas, de eso sí tengo la seguridad de que hay alguien poderoso y que ese vínculo trasciende el hecho de que hayan rotado a unos cuantos oficiales”.
“Hay unos 40 policías que egresaron con Lucas –analiza con pesadumbre Walter-. Van a estar 30 o 40 años en la institución. Y al segundo año de haber salido le matan a su abanderado. Las secuelas esas van a durar”. Eso también, como dice Ileana Arduino, es parte de la Pedagogía de la Crueldad.
Sindicalización
La policía es garante de orden estatal, es el backup de fuerza tras el poder político. Su instabilidad desestabiliza su utilidad en el esquema de gobernabilidad. Es claro que las cúpulas policiales deben responder al poder ejecutivo que tiene la potestad de removerlas. El pacto incluye sostener un orden aparente que no obstruya el quehacer político, mientras luego se garantice cierta impunidad o el usufructo de algunos poderes. Por ello la sindicalización es un problema al interior de la Policía tanto como un problema político de gobierno.
La sindicalización implica un estatus jurídico que posibilita una relación de paridad entre empleados y jefes, para presentar y dirimir cuestiones sobre las condiciones de trabajo. Esto significaría discutir tanto si la ropa de las bases está en condiciones (las camperas para el invierno, las botas para el barro), o sobre cómo administrar el dinero de los adicionales.
Los adicionales, explica Lozada, “son la venta de la fuerza policial al mejor postor, y compite con las agencias privadas. Un importante ingreso de recursos que es objeto de administración desde las cúpulas policiales. La administración y distribución de esos recursos es un tema tabú y forma parte del gobierno policial”. El debate interno pasa por cómo es esa distribución.
Lo paradojal es la posición que toman los policías según su jerarquía. “Muchos oficiales que hoy están a favor de la sindicalización, mañana cuando son cúpula, la rechazan”, dice el juez Lozada y da entender que no resulta de una cuestión de política de gobierno, sino que apunta al reparto de ingresos.
Por: Fabián Viegas Barriga.
Fotografía: Mateo Silva Rey
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
