A la denuncia de los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico del espionaje sobre sus cuentas de correo electrónico, se sumó, en pocas horas, el envío anónimo de documentación al segundo de ellos de planillas con transcripciones de informes de “inteligencia” sobre organizaciones populares, entre ellas la nuestra, cuando viajamos constituidos en Comisión de DDHH a denunciar la situación represiva en la provincia de Jujuy.
Casi al mismo tiempo, la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional de la Villa 21/24 (ROCVI) presentaba en conferencia de prensa un informe sobre una serie de hechos comprobados de espionaje sobre la militancia social del barrio, y CORREPI confirmaba que, en Mar del Plata, se llevaron a cabo tareas similares sobre organizaciones sociales para intentar achacarles los nunca verificados piedrazos sobre un auto de la comitiva presidencial, a pesar que todas las agencias del Estado lo negaron en el marco de un habeas corpus.
No es una novedad, ni mucho menos una sorpresa, que nos enteremos que los gobiernos espían organizaciones, militantes, periodistas u opositores. Cada gestión, desde que tenemos memoria hasta hoy, ha implementado diversos mecanismos para el espionaje, con predominio de una agencia o una fuerza sobre otra, con variantes en los nombres o la estructura legal, según lo que su estilo y los tiempos aconsejen. Sabemos que nos espían y nos tratan de infiltrar, y que, a veces, lo consiguen muy exitosamente, como lo descubrimos con el agente buche de la PFA, Américo Balbuena, que por once años reportó a tres gobiernos sucesivos sobre las actividades de la militancia popular como “corresponsal” de la Agencia Walsh.
Desde hace ya bastantes años, la fuerza predilecta para recopilar información sobre el activismo político es Gendarmería Nacional, aunque todas las fuerzas tienen sus propias estructuras en la materia. Descubrimos el Proyecto X a partir de las declaraciones e informes de los propios gendarmes-espías en las causas penales por cortes de la Panamericana de zona norte, con precisos datos sobre delegados, comisiones internas y organizaciones solidarias con los trabajadores, pero no hay ningún motivo para suponer que su visibilización trajera más consecuencias que un cambio de denominación.
A partir del cambio de gestión de gobierno, y en consonancia con su política general, en lo que va del año se han multiplicado los episodios en los que, a veces por propia torpeza, otras a raíz de disputas internas de un sector sobre otro, confirmamos la actividad insidiosa de los agentes de alguna fuerza sobre estudiantes, trabajadores, militantes o vecinos organizados. Las renovadas iniciativas de despliegue de las fuerzas federales en los barrios del conurbano bonaerense, o de ciudades que se caracterizan por ser olla a presión de los estallidos sociales, por su elevado índice de desocupación y miseria, como Rosario y Mar del Plata, incluyen, además del patrullaje urbano, el espionaje.
Una de las características del espionaje en clave Cambiemos es que no les preocupa que se note. Es más, en muchas ocasiones queda claro que hay una deliberada intención de mostrarlo, como parte de su plan de profundización del disciplinamiento y el control social.
En la Villa 21/24, policías federales, prefectos y gendarmes se vienen presentando en los locales de las organizaciones territoriales para pedir listas de sus “responsables” con el argumento de un “relevamiento” innominado. Hace algunos meses hubo reiteradas situaciones similares contra sindicatos antiburocráticos, como fue el caso de ADEMYS, cuya sede en CABA fue “visitada” por personal policial durante asambleas, incluso exhibiendo descaradamente una copia del orden del día de la reunión. En La Plata, durante una movilización a la fiscalía que obtura el acceso a la causa de la familia de Víctor González, asesinado por la policía, hubo un intento de infiltrar un policía bonaerense disfrazado de fotógrafo, mientras un auto sin identificación, con el principal sospechoso del crimen en su interior, seguía a los manifestantes.
A la par de las organizaciones populares, los trabajadores de prensa son un objetivo principal. Fracasado, gracias a la movilización popular, el protocolo antipiquete, que pretendía encerrar a la prensa en un corralito para impedir el registro de las manifestaciones, el gobierno nacional, con el apoyo de entidades que reúnen las empresas de medios, anunció un nuevo protocolo de “seguridad” para periodistas. El propósito expresado es brindar protección a los trabajadores de prensa que encaren investigaciones de trascendencia institucional, para lo que esos periodistas deben poner en manos del Ministerio de Seguridad el material sobre el que están trabajando. Así, el gobierno evaluará la “matriz de riesgo”, y brindará al periodista medios electrónicos de protección o custodia física.
El acertado y terminante rechazo que, de inmediato y en forma conjunta, expresaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), dejó de lado, al menos de momento, el proyecto.
No cabe duda que, para sostener su política de hostigamiento y persecución a las organizaciones populares y para avanzar en la domesticación de los medios de comunicación, dos extremos necesarios en el marco del mayor ajuste que sufrimos en por lo menos dos décadas, el macrismo intensificará también sus mecanismos para la infiltración y el espionaje.
El estancamiento de causas judiciales como la del Proyecto X, donde está todo probado, pero no hay atisbo, después de varios años, de que algún juez o fiscal se proponga sacar los pies del plato, nos muestra que no es del propio aparato estatal que podemos esperar alguna respuesta.
Sabemos que nos van a seguir monitoreando, porque es evidente que molestamos. Y no podría darnos mayor gusto.
Sigamos confiando en nuestras propias fuerzas, y apostando a crecer con mayor unidad para este futuro que llegó hace rato.
Por Correpi
