En estos días la agenda política y mediática nacional está concentrada, por acción o distracción, en la audiencia púbica que se va a realizar el próximo viernes 16 de septiembre sobre el tarifazo, es decir, sobre el aumento desmedido de las tarifas del gas que está impulsando el gobierno de Macri.
fotografía: Duke D2
En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló, para los usuarios residenciales, “la validez de dos resoluciones del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) en las que se dispuso, tanto de aumentos en el precio de la producción de gas (el llamado precio en el punto de ingreso al sistema de transporte), como también autorizó al ENARGAS a disponer ajustes provisorios en las tarifas de transporte y distribución de gas natural (Res. MINEM 28/2016 y 31/2016).
El argumento central de la decisión de este fallo consistió en que los incrementos tarifarios fueron decididos sin haberse realizado previamente una audiencia pública. Aspecto este último que está previsto en la Ley 24.076 que regula los servicios de transporte y distribución de gas. Normativa que viene a dar un marco de adecuación a un derecho conferido por la Constitución Nacional, que en su artículo 42, establece que “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en sus órganos de control”.
Ahora bien, detrás de toda esta normativa no debe olvidarse que la audiencia pública, si bien es una instancia necesaria en este proceso de tarifas de servicios públicos, también debe tenerse presente que lo que se discuta y presente por los diferentes actores no es vinculante para el Poder Ejecutivo Nacional, por tal, no tiene por qué ser considerado por este último. Y si bien esto último parece quitarle cierta importancia a la audiencia, cabe resaltar que la misma puede llegar a ser importante como acto político en sí, en donde el Poder Ejecutivo Nacional debe presentarse públicamente ante las organizaciones afectadas y está obligada a escuchar sus opiniones. Lógicamente que la magnitud de la convocatoria en ese acto y la muestra de que una parte importante de la sociedad civil está en desacuerdo con estos incrementos, será lo que en definitiva permita o no la proliferación de una norma que está pensada y diseñada para garantizar una elevada rentabilidad de sectores concentrados a través de un fuerte proceso de trasferencia de recursos de la sociedad civil, que implica incrementos desmedidos que llegan al 500% en la tarifa el gas, en un contexto de retroceso del salario real, crecimiento de la desocupación y aumento de la pobreza.
Es importante destacar que detrás de estos aumentos, no sólo está la quita de los subsidios (aspecto muy discutible de por sí), sino también la decisión del gobierno de incrementar el precio que reciben las gasíferas en el punto de ingreso en el sistema de transporte del gas. Este es el meollo de la cuestión, ya que el precio pagado a las gasíferas representa aproximadamente entre el 65 y el 80 % del valor de la factura de gas que paga el consumidor[1].
Así, el actual proyecto del gobierno que se discutirá en la audiencia pública, prevé un esquema de incrementos de precios a pagarle a las gasíferas para el sector residencial. El esquema tarifario propuesto prevé para octubre de este año pasar de pagar 1,29 dólares a 3,42 dólares el millón de BTU, es decir, se estipula pagar a las gasíferas un incremento del precio del gas en dólares del 165%. Lindo sería que los ingresos de los trabajadores se incrementen así, ¿no? Por desgracia la historia no se queda ahí, ya que el proyecto prevé seguir incrementando semestralmente dicho precio, hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019, que implica un incremento total en dólares de aproximadamente 426%.
Desde el gobierno actual, sostienen que la tarifa está desactualizada y que es necesario e imperioso actualizarla. Recurren también al fantasma del desabastecimiento. Pero para poder discutir dicho argumento y/o tener algún parámetro del grado de la supuesta desactualización de la tarifa, mínimamente se lo tendría que comparar con el costo operativo de producir el gas. Sin este último dato es evidente que no es posible tener parámetro alguno de la rentabilidad con la que operan las empresas y por tal, resulta completamente vacío el argumento sostenido por el gobierno. Lo llamativo (y grave a la vez) es que el propio Ministro de Energía y Minería, el ex CEO de una de las empresas interesadas en la aplicación del tarifazo, ha expresado públicamente que se niega a brindar esa información, dejando en completa evidencia que estas empresas tienen más para esconder, que a mostrar argumentos válidos que justifiquen tal proceso de transferencia de recursos hacia un sector concentrado de la economía.
Visto desde esa perspectiva, si bien la audiencia pública no es vinculante, la importancia de la misma radica en al acto político, en tanto que manifestación de la sociedad civil a expresarse en oposición a una política que quiere llevar adelante el actual gobierno nacional. De acuerdo a la magnitud y la resonancia de la oposición, este acto público es, políticamente hablando, potencial desarticulador del proyecto del tarifazo para los residentes. Proyecto que excluye a muchos y concentra riqueza para pocos. La fortaleza y capacidad de movilización de este acto, tal vez esté en comprender que detrás de esa discusión de números duros, está en juego la posibilidad de abrigar a una familia o de poder calentar día a día la olla del puchero, que en las actuales condiciones se hace cada vez más cuesta arriba poder llenar.
[1]Nota de Claudio Scaletta en el diario Página 12 del día 13/07/2016.
Por Mariano Lanza
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
