La desaparición y muerte de Lucas Muñoz, un joven trabajador de la policía de la provincia, no es solamente un hecho criminal, es una herida institucional que nos golpea a todos.
Fotografía Violeta Moraga ECPCAM
A nivel personal por el profundo dolor frente a otro joven asesinado; como vecinos y vecinas de una ciudad que mira con estupor la trama de corrupción de la fuerza que debe protegernos, y como sociedad que pacta reglas de convivencia para vivir en paz.
En nuestro pacto social le hemos delegado al Estado el monopolio de la violencia. Pero el poder que como ciudadanos le damos al gobierno para que genere fuerzas de seguridad no es absoluto ni incondicionado.
El Poder Ejecutivo, el gobernador, no debe ni puede tener la suma del poder sobre las fuerzas de seguridad, en primer lugar porque es inconstitucional: la Carta Magna crea una policía de prevención, dependiente del Poder Ejecutivo y una policía de investigación, bajo la órbita del Poder Judicial (Art: 223 Constitución de Río Negro); en segundo lugar porque como trágicamente lo está demostrando la realidad, el Ejecutivo no tiene gobierno sobre la policía.
Si lo tuviera no serían explicables la cantidad de hechos delictivos protagonizados por policías que están siendo investigados: apremios ilegales, vejaciones, allanamientos de morada, obstrucción de la investigación, ocultamientos de pruebas y desaparición y muerte de un agente policial.
El esclarecimiento del crimen y de la trama que lo desencadenó es ahora una prioridad. Es un derecho de la familia, que llegó desde Ramos Mexía hasta esta ciudad para encontrarse con Lucas y se encontró con el horror de una muerte violenta.
Es también un derecho de los policías honestos que trabajan en condiciones laborales e institucionales sumamente difíciles y quieren una Fuerza policial democrática y justa.
Pero también es prioritario sostener la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos. Los poderes públicos de la Provincia deben trabajar para la creación de la Policía de Investigaciones dependiente del Poder Judicial, el gobierno civil y el control ciudadano de las fuerzas de seguridad, la profesionalización y formación universitaria de los agentes, un sistema disciplinario transparente y respetuoso de su condición de trabajadores, un sistema de ascensos justo, y una formación basada en el respeto a los Derechos Humanos.
Nos solidarizamos con la familia y seres queridos de Lucas Muñoz y los acompañamos en su lucha por Verdad y Justicia
Por Sofía Bordenave
para Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen.
