Nuestros recursos naturales… ¿Cómo se reparte la torta?

11 ago 2016, Aportes para debatir la explotación de recursos naturales. ¿Cómo, cuánto y desde dónde se piensa el uso de los recursos naturales y las alternativas de desarrollo en América Latina? Este ensayo realiza un repaso por estas problemáticas.

 

Pablo Piovano El costo humano delos agrotóxicos

Fotografía de Pablo Piovano “El costo humano delos agrotóxicos”

 

 

El debate sobre el uso, aprovechamiento o saqueo de los recursos naturales ha cobrado nuevo auge en los últimos años en América Latina. Los primeros 15 años del siglo XXI constituyeron una nueva etapa que se diferenció claramente de décadas anteriores por la coyuntura económica, política y social. En este período se observó un aumento en el interés de los Estados Nacionales latinoamericanos por el desarrollo de este tipo de actividades, aunque con diferencias en cada país. En la etapa neoliberal previa, iniciada en la década del 70, Latinoamérica en su conjunto experimentó el retroceso de sus Estados, principalmente en la propiedad, gestión, control y explotación de los recursos naturales frente al avance de las privatizaciones en manos de las grandes empresas multinacionales.

En la búsqueda por caracterizar esta nueva etapa, surgieron fundamentalmente tres corrientes de pensamiento: la anti-extractivista, la neoliberal o economicista y la neodesarrollista. Estas líneas reflejan las distintas posiciones respecto del modelo actual de aprovechamiento de recursos y pueden presentarse como alternativas. Las tres presentan puntos de encuentro y desencuentro, así como fortalezas y debilidades en sus planteamientos. En esta nota pretendemos caracterizar y analizar de forma crítica y reflexiva estas posturas.

 

Postura anti-extractivista

Esta corriente es seguida por muchas organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de pueblos originarios y pequeños productores, investigadores, partidos políticos de diversas orientaciones ideológicas opositores a los gobiernos populares, asociaciones estudiantiles y distintas asambleas ciudadanas y ecologistas, entre otros (Figura 1). El economista uruguayo Eduardo Gudynas define el modelo de explotación actual como “una extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales, que están esencialmente orientados a los mercados globales”, por ejemplo la mega-minería de oro y petróleo. De acuerdo con esta línea de pensamiento son también extractivistas actividades de alto impacto y globalizadas como los monocultivos de soja, e incluso bajo ciertas condiciones, el turismo.

Así, desde este marco se caracteriza el modelo actual de explotación de recursos naturales como netamente extractivista. Es decir, se entiende que las acciones orientadas a interceder en la explotación de los recursos naturales por parte de los gobiernos progresistas de la región constituyen hechos meramente discursivos, en tanto que la distribución de los recursos provenientes de estas actividades son vistas como compensaciones sociales insuficientes. En otras palabras, hay un nuevo modelo de Estado “compensador” que se concentra únicamente en calmar los posibles focos de conflicto social sin pretensiones de modificar la matriz de explotación de recursos. Desde esta óptica, según el director de Le Monde Diplomatique Cono sur, José Natanson, se interpreta que “los países latinoamericanos seguirían desarrollando ‘economías adaptativas’ a la división del trabajo mundial”. Asimismo, Gabriel Puricheli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Le Monde Diplomatique, sugiere que el poseer gran cantidad de recursos naturales a explotar tendría como consecuencia la “maldición saudita”, que llevaría a estos países a conservar por siempre una posición periférica en la economía mundial y ser eternos exportadores de materias primas. Un ejemplo se observa en la alta tasa de exportación de la producción metalífera en bruto (Tabla 1). En este sentido, académicos y defensores del anti extractivismo plantean dudas sobre los anuncios gubernamentales en torno a los aumentos de ingresos de los Estados latinoamericanos debido a regalías y critican las altas tasas de ganancia o retorno de las empresas en América Latina, especialmente en Chile y Argentina (Figura 3). Su crítica, contrasta fuertemente con el discurso macrista respecto de la eliminación de las retenciones al sector minero con el fin de “incentivar la inversión” y su permanencia en el país. Esta crítica se fundamenta además en el pasivo ambiental heredado luego de la explotación debido a la falta de remediación. No obstante, el grado de importancia asignado desde esta línea de pensamiento a las compensaciones de los Estados es variable. Además, la existencia y el contenido de los planteamientos alternativos al modelo de extracción de recursos alternativos también varían mucho. En este sentido, un posicionamiento dentro del anti-extractivismo plantea la disminución del consumo como alternativa, proponiendo un modo de vida menos ostentoso y despilfarrador en base a la regla de las tres R: reutilizar, redistribuir y reducir. Según el mencionado economista Gudynas “en América del Sur habrá sectores que deberán decrecer, por ejemplo, en el consumo suntuario, pero otros deberán crecer, como es el caso de infraestructura, en escuelas o centros de salud. Otra posición dentro de la visión anti-extractivista se basa en la idea del “buen vivir”, que implica tomar de la naturaleza solo lo necesario para cubrir las necesidades básicas y coexistir induciendo el menor daño ambiental posible y retomando aspectos de la cosmovisión de algunos pueblos originarios.

El movimiento anti-extractivista ha sido muy efectivo a la hora de visibilizar a los actores (empresas, directivos y funcionarios, Figura 4), de atraer la atención pública hacia esta temática y de resaltar la poca incidencia de este tipo de actividades en  indicadores económicos como el PBI o el nivel de ocupación (Tabla 1). Esta corriente ha colaborado también en poner en evidencia que el manejo de los recursos naturales es de carácter estratégico, tanto para los países como para toda la región. Otra de sus virtudes es la diversidad de actores que aportan a esta corriente de pensamiento. Sin embargo, esa diversidad de puntos de vista, solo coincidentes por lo general en el diagnóstico, dispara gran variedad de propuestas alternativas al modelo actual sin lograr una propuesta unificada ni el fortalecimiento de alguna de las opciones. A esto se suma la carencia de propuestas de transición hacia un nuevo modelo y la dificultad para contextualizar dichos cambios en la realidad socioeconómica de América Latina y mundial. De este modo, la mayoría de los defensores del anti-extractivismo igualan el modelo político-económico de los pasados 12 años en la Argentina y aún vigente en otros países de Latinoamérica (Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil), con el modelo neoliberal -con el que tiene profundas diferencias- sin definir claramente las alternativas.

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Postura economicista o neoliberal

En esta corriente se encuentran tanto algunos gobiernos latinoamericanos (Chile, Colombia, Perú y el nuevo gobierno en Argentina), como el empresariado en general y ONGs “verdes” asociadas. En los lineamientos de esta postura la naturaleza es tratada como una mercancía o bien de cambio; es decir, asume que tanto los recursos naturales como los daños que se producen sobre los mismos tienen un precio (Figura 4). Algunas derivaciones de este enfoque pueden ser útiles en parte, a pesar de ser poco simpático poner precio a la naturaleza, como el pago por servicios ecosistémicos, sobre cuya utilidad se profundizará más adelante.

La idea central expresada por la postura neoliberal es que la explotación de los recursos naturales es solo posible a partir de inversiones inmensas a cargo de empresas multinacionales que poseen el conocimiento, la tecnología y el capital necesario para llevar a cabo tal explotación, con mínima o nula participación del Estado, ya sea como socio o contralor. En este sentido, este enfoque propugna que todo mercado es autorregulable, funcionando mejor y generando más riqueza cuando se minimiza la intervención del Estado. Un ejemplo es la quita de las retenciones a las exportaciones mineras  de alrededor de 3000 millones de dólares realizada recientemente por el Gobierno Nacional con el argumento de impulsar la actividad. Además, la visión neoliberal de la explotación de recursos se basa en el argumento falaz de que la riqueza y el desarrollo de la región son consecuencias inevitables de sus inversiones, tratándose de una proyección actualizada de la teoría del “derrame” neoliberal (según la cual, la magnitud de la riqueza generada se distribuiría o “derramaría” hacia toda la sociedad).

En Latinoamérica, las últimas décadas del siglo pasado y principios del presente tuvimos pruebas de sobra en contra de este argumento. Los gobiernos neoliberales latinoamericanos terminaron con saldos sociales muy negativos. Algunos ejemplos son los índices de pobreza del 54% en Argentina (y 20% de indigencia, 2001), 60% en Venezuela (1999), 63,4% en Bolivia (2004) 61,6% en Ecuador (2000) o 38% en Brasil (2003, según datos suministrados por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL), además de una desigual distribución de la riqueza y extranjerización de tierras y recursos naturales.

Sumado a ello, la visión economicista-neoliberal incentiva la reprimarización de las economías latinoamericanas, caracterizadas por la extracción y exportación de recursos en bruto, cuya elaboración e industrialización -o agregado de valor- se da en otros puntos del globo constituyéndolas en economías de enclave. Esta situación lleva a repetir el esquema colonialista, en el que los países periféricos alimentan de materias primas a los países centrales y reciben de allí manufacturas.

 

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Enfoque neodesarrollista

Esta corriente es la que predomina, al menos discursivamente, en los gobiernos progresistas latinoamericanos. También representa la postura de muchos movimientos sociales de diversa índole (gremial, empresarial, estudiantil, universitario, indigenista) y puede tomar distintas denominaciones según el país. Desde este enfoque se entiende que las posibilidades de desarrollo de la región se basan en la explotación racional de los recursos naturales, con fuerte intervención y control estatal sobre dichos recursos y su explotación, y una tendencia a la distribución de las ganancias obtenidas a partir de las riquezas del territorio. El neodesarrollismo se basa en la premisa de que el hombre no es ajeno al ambiente que lo rodea, pero sí constituye su valor más importante. En palabras de Rafael Correa al inaugurar la cumbre de la ALBA 2013 : “el ser humano es lo más importante de la naturaleza. Por ello considero que se está cometiendo el ‘gravísimo error’ de someter los derechos del ser humano a los de la naturaleza. Nuestra gran oportunidad para poder desarrollar nuestra soberanía son nuestros recursos naturales no renovables (…). ¿Qué sería de la Revolución Bolivariana en Venezuela sin el petróleo? Y algunos dicen que es una maldición”.

El neodesarrollismo en realidad incluye dos tipos de lineamientos. Uno de ellos, desarrollista clásico, establece que la explotación de los recursos naturales puede y debe ser usado para el desarrollo del país y su gente, minimizando u obviando hacer alusión a las consecuencias ambientales irreversibles de algunas formas de explotación, siendo la mega-minera un ejemplo paradigmático. Mientras que el neodesarrollismo crítico abandona la idea de que todo desarrollo es beneficioso a corto, mediano y largo plazo, y se ocupa de impulsar aquellas estrategias que minimicen los impactos sobre el medio ambiente, tanto actuales como futuros. Estos dos tipos de razonamiento conviven y se encuentran en pugna dentro de los gobiernos neodesarrollistas de la región.

En general, esta postura corre con la ventaja de que su estrategia de explotación de los recursos naturales ha significado una importante mejora de los indicadores sociales del continente. Asimismo tiene elementos discursivos de la real politik, es decir, de la política basada en intereses prácticos y concretos, en contraste con las políticas basadas en la teoría, la ética o la moral como elementos formadores. Un ejemplo de esta forma de hacer política se expresa en palabras del ex-presidente uruguayo “Pepe” Mujica: “donde a la minería se la encuadra y se le ponen condiciones, no solo de tributación importante para el conjunto de la sociedad, sino para mitigar el daño al medio ambiente y preservar las condiciones naturales. Es posible realizar tareas positivas como sucede en Centroamérica, donde una vez culminado el proceso minero se pueden rellenar canteras gigantescas y sembrar bosques, para ir recobrando la naturalidad”.

Los neodesarrollistas representan la continuidad de la ideología independentista, popular y humanista de la “Patria grande” antes encarnada en figuras como la de San Martín, Moreno, Bolívar y Martí, y reencarnada posteriormente en líderes del siglo XX como Yrigoyen, Perón, Allende y Alfonsín. Con algunas contradicciones dependiendo de qué recurso se trate, los líderes populares latinoamericanos impulsaron en los últimos años cambios orientados hacia una mayor participación y control por parte del Estado en la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, reestatización de la explotación de petróleo y gas en Bolivia y Ecuador y del agua en Argentina, nacionalización del petróleo e incrementos de las regalías petroleras y mineras en Venezuela y Argentina (según los politólogos Alejandro Casalis y Arturo Trinelli parcialmente debido al alza de los precios internacionales) y participación, en nuestro país, de estados provinciales como socios en la explotación del recurso a través de empresas estatales mineras.

En esta misma línea, la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), creada en 2012 en Argentina, nuclea al conjunto de las provincias mineras y constituye un actor de expresión de intereses colectivos para dar respuesta a los reclamos que genera la actividad y compensar la asimetría entre el poder político y las multinacionales. Las políticas neodesarrollistas mencionadas redundaron en mayores beneficios económicos para las provincias, permitiendo la implementación de políticas sociales inclusivas y reactivación de la industria. Además mejoraron el posicionamiento estratégico en negociaciones comerciales y de reestructuración de deudas contraídas con otros países.

No obstante, en casos como el de la mega-minería de oro se han observado pocos cambios respecto del paradigma neoliberal de fines del siglo pasado. Pese que ha aumentado la intervención estatal sobre la actividad, aún son muchas las concesiones y beneficios para las multinacionales. La mina Veladero (Barrick Gold) en la provincia de San Juan constituye un claro ejemplo de ello, donde en septiembre pasado ocurrió un derrame de más de un millón de litros de agua cianurada (siendo una zona protegida por Ley Nacional de Glaciares). El dato novedoso es que el juez Pablo Oritja, de la localidad de Jáchal, procesó en marzo del corriente a nueve ejecutivos de la empresa debido a su supuesta responsabilidad en el derrame mencionado, aunque nada se sabe aun sobre la cantidad de metales pesados descargados al río Potrerillos o el consumo diario de agua.

La explotación de soja transgénica es otro ejemplo clave a nivel regional que, en Argentina, mostró ambigüedades. Por un lado, los recursos captados por el Fondo Sojero desde 2008 se distribuyeron en obras de infraestructura en todo el territorio y se emplearon además, para la amortiguación de las crisis sufridas por los sectores de agregado de valor como aceiteras, productores de biodiesel o maquinaria agrícola. Asimismo, se han destinado recursos al fomento de la agricultura familiar como modelo alternativo a la producción a gran escala. Por otro lado, no se profundizó en el mayor agregado de valor de la materia prima, ni en el control estatal de la comercialización de granos en manos de multinacionales, ni en cómo resolver los impactos socioambientales negativos producidos por esta actividad. En el mismo sentido, una falencia importante que han demostrado los líderes neodesarrollistas, ha sido la dificultad de incorporar la participación ciudadana en las decisiones sobre el manejo estratégico de los recursos naturales. Esto ha redundado en dificultades en la resolución de conflictos sociales vinculados a problemáticas ambientales y/o a los grandes cambios producidos en las relaciones políticas, sociales y económicas surgidas a partir del “nuevo desarrollo”.

Un ejemplo claro del modelo neodesarrollista en que también han surgido cuestionamientos, es el de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Argentina que, planificada por Miguel Galuccio bajo la conducción de CFK, fue llevada adelante por YPF. La re-estatización de la petrolera buscó garantizar no solo una justa redistribución de la riqueza energética de nuestro subsuelo, sino también el control y la minimización del daño ambiental. El plan fue la aplicación de tecnologías de explotación novedosas como el fracking (fractura hidráulica de rocas en profundidad), la inversión en mayor eficiencia de refinación en el país y las numerosas investigaciones financiadas por la subsidiaria Y-TEC (YPF y CONICET) para la minimización y remediación de los daños ambientales. Otro ejemplo es el desarrollo, por científicos del INQUIMAE (CONICET-UBA) de un método de extracción de litio basado en obtener el metal partiendo de una solución sales sin la necesidad de evaporar millones de litros de agua. Asimismo, se está trabajando sobre el agregado de valor íntegramente en el país a través de la colaboración entre una fábrica de baterías en Córdoba, diversas Universidades Públicas (UNJu, UNC y UNLP) y el Y-TEC. Sin embargo, en ambos casos existe poco o nulo espacio de debate en torno a las posibles consecuencias socioambientales, y en nuestra opinión, esto no hace más que alentar los temores por daños irreparables, estén o no bien fundamentados esos temores.

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¿Cuál es el nudo del debate?

El debate actual entonces gira principalmente en torno a tres cuestiones: 1) ¿cuánto del impulso neodesarrollista de los gobiernos latinoamericanos populares pudo o puede compensar las tendencias neoliberales de la legislación heredada de la etapa anterior?; 2) ¿en qué medida el empresariado involucrado en actividades extractivas puede llevar a cabo una transición hacia procesos más amigables con el medioambiente?; y 3) si es posible desde los modelos de desarrollo nacionales y populares, impulsar y sostener el agregado de valor a las materias primas en origen. Según el politólogo José Natanson, en esta última pregunta se encuentra la clave del crecimiento económico regional y redistribución de la riqueza. En palabras de CFK en su discurso expuesto ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2013: “[los latinoamericanos] debemos transformarnos, logrando que nuestras materias primas, que han sido la principal fuente de ingresos, tengan valor agregado, porque si no, vamos a estar construyendo una segunda dependencia, que ya no será geográfica, como la que vivimos en los siglos XVIII y XIX, sino que será mucho más profunda, mucho más estructural, tal vez menos perceptible, pero tal vez más definitiva como es la tecnológica”. En este sentido, cabe el siguiente ejemplo dado por Natanson: una tonelada de alimentos exportada por Nueva Zelanda vale 1285 dólares, en tanto que una exportada por Argentina vale 300 dólares (valores de 2013). En ambos países, un alto porcentaje de sus exportaciones deriva de la explotación de los recursos naturales, aunque la diferencia radica en el  desarrollo de instituciones abocadas al agregado de valor a las materias primas, aún incipiente en Argentina.

El interrogante es entonces si las políticas de explotación de recursos naturales y de incremento en el agregado de valor a las materias primas, fomentadas por algunos de los gobiernos populares latinoamericanos, han ido por el buen camino. De acuerdo con la Cámara de Comercio Argentina, en 2015, el 41,9% de las exportaciones fueron manufacturas de origen industrial, el 32,1% manufacturas de origen agropecuario, el 5% de combustibles y el 21,1% de productos primarios (Figura 5). Es llamativo que estas últimas aportaron un 13% del crecimiento interanual, entre 2014 y 2015, mientras que la participación de los sectores manufactureros decreció sensiblemente. Los datos de este último año cobran más relevancia en el contexto de crecimiento sostenido de la última década donde, de acuerdo con el economista Guillermo Herrera, las manufacturas del sector industrial acumularon un crecimiento del 87%. Sin embargo, nuestra industria en vías de desarrollo tiene un alto grado de dependencia de insumos importados cuyo proceso de sustitución recién comienza.

 

Reflexión final

La construcción de alternativas de izquierda a los gobiernos populares latinoamericanos a partir de cuestionamientos ambientalistas fracasó estrepitosamente en las urnas. Esto no implica que deban obviarse las consecuencias negativas de este tipo de actividades. En este sentido, un lineamiento neoliberal adoptado posteriormente por neodesarrollistas ha sido contemplar en el presupuesto de explotación, el pago por servicios ecosistémicos (costos de la mitigación, remediación y restauración). Esto resulta efectivo a la hora de cuantificar los costos futuros de manejar mal los recursos. Asimismo, según el biólogo Pedro Temporetti, pone sobre la mesa el debate sobre si como sociedad estamos dispuestos a pagar la transferencia de este costo al precio final de los productos que consumimos. De acuerdo con Natanson, las alternativas de izquierda han equivocado el diagnóstico al asumir que existe una alianza natural en la lucha contra el capitalismo y la explotación masiva de recursos naturales entre grupos indígenas y campesinos y el proletariado urbano, cuando estos últimos son la principal base de sustentación de los gobiernos populares. Las razones por las cuales los sectores vulnerables se alinean con estos gobiernos son muchas, destacándose especialmente el impacto positivo de políticas de inclusión social desarrolladas en los países latinoamericanos con gobiernos neodesarrollistas. Algunos ejemplos son la asignación universal por hijo (3,5 millones de beneficiarios, CEPAL 2012) y el fondo PRO.GRE.SAR (1 millón beneficiarios) en Argentina; el Bono Juana Azurduy (800 mil beneficiarios, 2013) en Bolivia o la bolsa familia (con 14 millones de hogares beneficiarios, CEPAL 2013 ) en Brasil, que han redundado en mejoras notables de los indicadores de inclusión y de distribución de la riqueza. Estas mejoras han sido reconocidas por entes de los cuales se puede sospechar poco de tener tendencias de izquierda y populares como el Banco Mundial, el FMI u organismos de la ONU como la CEPAL (Figura 6). La implementación de estas políticas de inclusión se financió en parte con la recaudación obtenida de la explotación de los recursos naturales. Asimismo, la mejora en servicios básicos como la distribución de gas, electricidad o el tendido cloacal (con los Fondos del Bicentenario y Sojero en Argentina y las Misiones Bolivarianas Barrio Adentro en Venezuela), la reconversión de industrias a procesos ambientalmente más amigables (ej. ACUMAR y el Riachuelo en Argentina) y la restauración de algunas áreas degradadas a través de la Ley de Bosques en Argentina, también han sido financiadas en parte con los recursos obtenidos de actividades extractivas.

Las alternativas de derecha neoliberales que han sucedido a gobiernos populares, como el caso argentino, han llegado al poder prometiendo el mantenimiento de todos los beneficios sociales y la continuación del modelo de explotación de recursos naturales. Sin embargo, todos los actos de gobierno hasta hoy han eliminado o reducido tanto la percepción de recursos provenientes de las retenciones sojeras y mineras, como la capacidad de control del Estado y muchas políticas de inclusión social (ej. PRO.GRE.SAR, Conectar Igualdad, PRO.CRE.AR, trenes sanitarios, etcétera).

Las perspectivas en pugna respecto de la explotación de los recursos naturales están en un proceso de mayor definición y ampliación de las diferencias. Sin embargo, una mayor convergencia entre la fracción más crítica de la corriente neodesarrollista y la parte más moderada del anti-extractivismo será necesaria para la construcción de alternativas superadoras a las políticas económico-ambientales actuales. En esta dirección se encuentran los politólogos Casalis y Trinelli, quienes señalan que “el debate a mediano plazo se orienta, pues, a cómo lograr un desarrollo sustentable para el país a partir de esos sectores (actividades extractivas), teniendo en cuenta que muchos se derivan de recursos naturales no renovables y con prácticas productivas cuestionadas por incompatibles con el medio ambiente. Se trata de un concepto de desarrollo que forzosamente debe incluir una dimensión política y participativa, (…) a fin de evitar que sean solamente “sujetos consumidores” de bienes y servicios provistos por un desarrollo impuesto y acrítico”. En caso contrario, se verán consolidadas las posturas desarrollistas clásicas o las neoliberales, en las cuales poco importa el daño al medioambiente y sus consecuencias futuras. No es un debate sencillo el que hay por delante. Las posturas tajantes, rígidas y poco conciliadoras que se encuentran en las distintas líneas de pensamiento, difícilmente aporten productivamente al debate. En este sentido, consideramos poco probable que los cambios sucedan en el corto plazo, ni que puedan ocurran aisladamente en cada país sin un abordaje regional. El aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales fue, es y será el punto estratégico de la región latinoamericana para su desarrollo, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y su real independencia económica, social y política.

#  Documento adaptado a partir de la publicación “Aportes para debatir la explotación de recursos naturales”, Difundiendo Saberes desde la Patagonia, volumen,11, N°18, 2014.

Por Manuel de Paz  & Juan Cabrera – Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) e INIBIOMA (CONICET-UNCo)

Equipo de Comunicacion Popular Al Margen

 

 Tabla 1. Incidencia del sector minero en el PIB, el empleo, las exportaciones y los ingresos fiscales de Chile, Perú y Argentina

Países Producción minera metalífera destinada a  la exportación Exportaciones mineras sobre el total de exportaciones Participación del sector minero en la composición del PBI Ocupados en el sector minero sobre el total Contribución de la minería sobre el total de ingresos fiscales
Chile1 97,60% 63% 6,00% 0,80% 15,8%2 – 7,1%3
Perú 94,6%4 60,14%5 4,6%6 0,9%6 6,9%7
Argentina1 92,9%8 2,55% 2,00% 0,06% 0,43%9
Fuente: Horacio Machado Araoz , extraído de “Colectivo de voces de Alerta,  (2011). 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Buenos Aires: Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta
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