Tres hechos signaron el primer semestre en la provincia de Río Negro. Los tres son una clara regresión en materia de derechos humanos y vislumbran un escenario donde la conflictividad y la inseguridad irán en aumento. Veamos de que se trata.
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El estigma de ser Adolescente y pobre.
El actual Ministerio de Seguridad de Río Negro tiene desde el 2012 una subsecretaría de Participación Comunitaria. Desde esta repartición se diseñó el Programa de Inclusión Comunitaria (PIC) que realizó un abordaje territorial con jóvenes, en barrios de alta conflictividad social.
El programa se frustró a fin del 2013 cuando Alberto Weretilnek armó el famoso “mapa del delito” donde se difundieron los apellidos de una docena de familias de los barrios del Alto barilochense asociándolos a la problemática de la inseguridad. Para armar el “mapa”, el gobernador utilizó información del mismo programa, cuestión que provocó el alejamiento de funcionarios y puso en jaque la continuidad del mismo.
Luego de casi dos años de poca actividad, en marzo de 2016, el Ministerio de Seguridad inauguró una nueva categoría para el programa de Participación Comunitaria que intenta llevar adelante este año. Se trata de la denominación “vulnerabilidad sociopenal”. Esta categoría incluiría a los adolescentes que son vulnerables a ser parte del sistema penal.
Una cosa es tener derechos vulnerados y otra es ser vulnerable sociopenal; que en criollo quiere decir: muchas posibilidades de caer preso. Pero ¿Cómo saber quién está cerca de cometer un delito? ¿Quién puede predecirlo? ¿Con qué criterio encasillamos a los pibes “vulnerables sociopenalmente”?
“Al excluirse la significación de lo que implica la seguridad en términos de derechos, se realizan análisis parciales sobre la cuestión, resultando la errada conclusión de que la pobreza es la causa principal de delitos. Los pobres ocupan un lugar de sospecha permanente: así como son personas en situación de riesgo, son también personas riesgosas”, se expidió el Consejo de niñez local en un documento votado por unanimidad.
El concepto refuerza la construcción del sentido común que propagan los medios respecto al tema de la inseguridad. Fácilmente sospechamos de un pibe con visera, campera deportiva, piel oscura y zapatillas espaciales. Los que fugan capitales, liquidan el patrimonio público o se quedan con plata de la corrupción suelen pasar desapercibidos…
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La fuerza se conduce a sí misma.
El segundo de los hechos que componen el tríptico para combatir la inseguridad es la designación de Mario Altuna como jefe de la Policía de Río Negro.
El nombramiento de este abogado barilochense como jefe de la policía tuvo lugar el 6 de abril pasado (mientras la ciudadanía estaba movilizada por la búsqueda de Micaela Bravo y los dos femicidios que le precedieron)
En los meses previos la figura de Mario Altuna era la propuesta para ocupar el lugar de Fiscal de Cámara del Ministerio Público. La denuncia permanente de la Multisectorial contra la impunidad y de los organismos de Derechos Humanos generó un movimiento contra su nombramiento. Fue entonces que el gobernador, en una decisión “salomónica”, lo designa al frente de la policía.
Para ingenuos o mal informados se alega la conducción “civil” de la fuerza, hacia adentro y para quienes lo conocen, saben que Altuna es de la “familia policial” y que consagró su carrera como abogado defendiendo a uniformados violadores de los derechos humanos e involucrados en casos de gatillo fácil.
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Te detengo por las dudas (para resguardarte).
El tercer hecho es el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia que permite a las fuerzas de seguridad detener arbitrariamente a adolescentes.
Una defensora de menores presentó un habeas corpus contra las detenciones en Viedma. La cámara criminal dio lugar al recurso y luego el gobierno apeló la sentencia a través de la fiscalía de Estado con un recurso de casación. Finalmente el Superior Tribunal tomó el caso fallando a favor de la postura del gobierno.
El fallo no solo desestimó el habeas corpus sino que legitima detenciones “preventivas” para chicos en “situación de vulnerabilidad”. Este fallo, además de no estar conforme a derecho, esconde un costado perverso, ya que intenta ocultar detenciones arbitrarias en nombre del resguardo de los adolescentes y citando las leyes de protección integral vigentes.
“Esta sentencia dictada por el máximo tribunal avala la detención de niños y adolescentes por la policía provincial sin que se encuentren cometiendo -o a punto de cometer- delito o transgresión alguna. Es una detención arbitraria que profundiza la criminalización de la niñez y que contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” expresaron los organismos de Derechos Humanos de Río Negro al respecto en un documento.
Los consejos locales de infancia, organizaciones sociales y de derechos humanos, más algunos miembros del Consejo provincial de niñez (Coniar) lograron poner el tema en la agenda pública y un amplio movimiento se opone a este fallo. El gobierno empieza a pagar el costo político de impulsar y sostener un fallo que no resiste consistencia jurídica alguna y que de no revocarse en la instancia siguiente -La Corte Suprema de Justicia- va a terminar con una nueva sanción para la Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cambiemos sueños por mano dura.
Estas tres acciones llevadas adelante por la Provincia en los primeros cinco meses del 2016, son un claro giro hacia la derecha en materia de derechos humanos. El combo es: una mezcla de andamiaje jurídico, autogobierno de las fuerzas de seguridad y una mirada estigmatizante de los jóvenes pobres. La primera posibilitará la detención de pibes y pibas “por las dudas”. La segunda habilitará vía libre al personal policial para utilizar prácticas vejatorias. La tercera servirá para reforzar en el sentido común que no hace falta cometer un delito para ir detenido, tu origen social y barrial ya te condena.
Con este tríptico, la provincia se prepara para el crecimiento de la conflictividad social y el delito. Ya que las causas que los generan no son otras que el aumento de la pobreza, las desigualdades sociales y la pérdida de derechos conquistados.
Duro combo para quienes soñamos con otra cosa.
Por Alejandro Palmas.
Equipo de Comunicación Popular Al Margen