El Grupo de investigación Conicet/Defensoría del Público traza un panorama de las nuevas dificultades y obstáculos que enfrentan los medios de comunicación sin fines de lucro como consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo que cambian las reglas de juego en materia de comunicación en el país y en el escenario económico.
A poco de iniciar su mandato, el nuevo gobierno nacional introdujo cambios en la regulación de las comunicaciones e implementó otras políticas que impactan en los medios comunitarios, populares, alternativos y cooperativos.
Los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Si bien no cambian los artículos específicamente referidos a los medios no lucrativos excepto a las cooperativas que proveen televisión por cable, es claro que se fundan en el paradigma de la comunicación como mercancía y no como derecho humano. El cambio no es menor. Se abre entonces una nueva etapa para los medios del sector social de Argentina.
Entre los recientes obstáculos para estas emisoras sobresale la parálisis del Fondo de Fomento Concursable de los Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). El nuevo organismo de regulación de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, el Enacom, no sólo no abrió nuevas líneas de fomento, sino que también adeuda pagos en proyectos adjudicados. Asimismo, la Dirección de Proyectos Especiales, encargada del desarrollo del Fondo, sufrió un achicamiento importante. Estos fondos adjudicados mediante concursos públicos, habían permitido a radios y televisoras comunitarias y de pueblos originarios mejorar su posición en un mercado hipercompetitivo: equiparse, producir contenidos, contratar servicios, regularizar su gestión.
Las cooperativas prestadoras de servicios públicos que proveen televisión por cable –el grupo de medios no lucrativos que en los últimos cinco años más creció en número y en cantidad de licencias– dejaron de estar regidas por la LSCA. Son discriminadas frente a los operadores dominantes porque son las únicas cuya licencia para gestionar servicios convergentes puede ser impugnada y, en ese caso, deben someterse a un examen del área de Defensa de la Competencia.
Considerando los cambios de prioridades en las políticas públicas y el desmantelamiento de algunas áreas del Estado, existe incertidumbre sobre la continuidad de programas destinados al desarrollo de radios populares, campesinas e indígenas, e implementados por la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), el Ministerio de Cultura y otros organismos nacionales.
Por otra parte, los aumentos en las tarifas de luz redundan en un incremento de los costos de producción de los medios alternativos en un contexto generalizado de retracción económica. Dos radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires sirven de ejemplo: de pagar $3.700 mensuales, la de mayor alcance pasó a pagar $ 12.000; y de pagar $2.500 bimensuales, la de menor alcance pasó a pagar $ 5000 mensuales.
Este nuevo escenario encuentra a la mayoría de los medios sin fines de lucro en una situación de legalidad todavía precaria. Si bien en los últimos años se entregaron licencias y habilitaciones para funcionar, la no realización del plan técnico de frecuencias de radio constituyó un obstáculo para mensurar el 33% del espectro que la ley 26522 ordena reservar para estos medios, e impidió realizar concursos en zonas de conflicto. Donde se hicieron concursos, faltó avanzar en ampliar aún más las condiciones diferenciadas para estas emisoras.
Enacom tiene en sus manos un caso testigo para comprobar su atención al sector. Barricada TV, Urbana TV y Pares TV resultaron adjudicatarios de licencias en televisión digital abierta en baja potencia dentro de la categoría sin fines de lucro. El canal digital concursado por Barricada TV, el número 33, está ocupado actualmente por Canal 13 cuando una resolución de Afsca lo ubica en el número 35. En estas condiciones, la recepción de sus señales resulta claramente dificultada: estos medios deben transmitir con una potencia de 150 vatios, mientras que Canal 13 lo hace con 12.500. A la fecha no hubo respuesta oficial.
Los objetivos de diversidad, pluralismo, acceso y equidad de la LSCA y del DNU 267 sólo pueden alcanzarse con políticas que contemplen el escenario real en el que los medios comunitarios, populares y alternativos debieron y deben realizar su actividad y ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Esto implica revertir –en lugar de consolidar– las condiciones desiguales construidas históricamente por las diversas regulaciones y políticas que impactaron en el sector.
Por Grupo de investigación Conicet/Defensoría del Público *
* Ana Laura Hidalgo, Larisa Kejval, Alejandro Linares, Verónica Longo, María Soledad Segura y Natalia Vinelli integran el equipo del proyecto de investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos”.
