La pregunta quedó formulada ayer durante la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada por el CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) para denunciar los efectos violatorios de los estándares del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos que tienen los decretos vigentes firmados por el Gobierno nacional contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La comitiva de las organizaciones sociales fue contundente en sus argumentos, mientras que el Estado nacional no hizo otra cosa que desviar la atención y no dar respuestas a ninguno de los requerimientos y cuestionamientos”, evaluó Daniel Badenes, quien participó de la audiencia en representación de las universidades como presidente de la REDCOM, y también es vicepresidente de AReCIA.
“De parte de la comisión fue una reunión muy formal, pero se puede destacar la intervención de (el comisionado Francisco José) Eguiguren, quien destacó la preocupación por la cuestión de la concentración y ciertos apuntes del relator de Libertad de Expresión para América Latina, Edison Lanza, al reconocer que la autoridad de aplicación actual (Enacom) no cumple con los estándares del sistema americano, además de ver con mucha preocupación las desregulación en el sistema de televisión por suscripción”, resumió Badenes, quien luego de la audiencia entregó a Lanza un carpeta con el último censo de revistas culturales elaborado por AReCIA y un informe sobre la concentración en el sector gráfico, que la asociación denunció ya ante la CIDH el año pasado.
“La concentración de medios sin dudas es dañina, es contraria al derecho de los receptores de la información”, aseguró el comisionado Francisco José Eguiguren, quien consultó al Estado argentino “qué va a hacer frente al tema” y amplió el debate “de la concentración a nivel de medios de la prensa escrita”.
“El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico”, destacó el titular del CELS, Horacio Verbitzky, quien encabezó la comitiva de las organizaciones integrantes de la CCD.
La intervención de Eguiiguren se produjo tras la exposición de la comitiva de los peticionantes y la del Gobierno nacional —encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el titular de la Enacom, Miguel de Godoy—, que evitó hablar sobre los cuestionamientos a la modalidad y el alcance negativo para los medios cooperativos y comunitarios de las medidas tomadas contra las leyes de Comunicación de Servicio Audiovisual y Argentina Digital.
Estas “preocupaciones” fueron resaltadas por Lanza, quien advirtió al Estado que la conformación actual del Enacom no cumple con los estándares de derecho internacional y que los decretos —en particular la liberación de restricciones al servicio de televisión por suscripción— pueden afectar los derechos de las audiencias. No obstante, destacó el carácter “transitorio” de los decretos, esgrimido por la comitiva del Gobierno nacional, que evitó referirse a los “derechos adquiridos” que otorgan la vigencia de los DNU para las empresas concentradas de medios. “Decimos que las medidas transitorias generan derechos y probablemente hay medidas que son transitorias para siempre. Desde el sector gráfico lo sabemos: todavía nos rige un decreto sin que haya aparecido una ley que regule seriamente al sector”, sostuvo Badenes.
Durante su intervención, Lanza también destacó “la obligación que tiene el Estado a facilitar el acceso a todas las plataformas más allá de que sean convergentes o no de todos los medios de comunicación: comerciales, públicos o comunitarios”. También Eguiguren planteó algo al respecto, quien consultó qué haría el Estado con “la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados a una propuesta empresarial”.
El cierre de la comitiva de organizaciones integrantes de la CCD estuvo a cargo de Oscar Nocetti, representante de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa y de la CCD- La Pampa, quien aseguró que “con el DNU, el nuevo gobierno ha desguazado el carácter antimonopólico de la Ley de Medios y le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían depradar el servicio de televisión por cable”. “Las cooperativas estamos en mucho riesgo”, alertó.
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