Fue lo que relevó el IV Informe del Registro Nacional de Casos de Tortura en 5o lugares de detención del país. Son casi 7 mil los casos registrados.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires presentaron el cuarto informe que devela una sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y pone de manifiesto la responsabilidad del Estado.
La investigación relevó casi 7 mil casos de torturas en un año.
En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias.
El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos y no se mencionó en ningún momento de los discursos el tema …es lo que yo llamo olvidos intencionados. No son olvidos porque sí, tienen una connotación política profunda.
Alcira Daroqui, Directora del GESPyDH, destacó el compromiso de defender los Derechos Humanos del presente “resistiendo la tendencia a minimizar y naturalizar la violencia contra los más desposeídos y los más pobres, que son los que están en la cárcel, que son los que las fuerzas de seguridad hostigan, intimidan, marcan, torturan y matan. La tortura es una práctica histórica que el Estado, y sobre todo el Estado moderno, ejecuta para gobernar a determinados sectores. Es muy difícil que la erradiquemos, pero lo que no podemos hacer es dejar de denunciarla, denunciar a sus actores y a sus responsables políticos”. “Si existe la tortura no es sólo porque hay alguien que tortura, sino porque hay una justicia que lo avala, legitima, encubre y naturaliza. Son entonces partícipes necesarios de la tortura; son entonces torturadores”, señaló la investigadora.
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria alerto sobre mecanismos del sistema penitenciario, policial y del ejército que él denomina “la suspensión de la conciencia”, que consiste en extender determinadas prácticas para diluir las responsabilidades en un colectivo.
“Esto tiene un eje fundamental que no sólo es político, es ético. Tenemos que hacer todos los esfuerzos porque se respeten los derechos y si no, denunciar a las autoridades. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos y no se mencionó en ningún momento de los discursos el tema …es lo que yo llamo olvidos intencionados. No son olvidos porque sí, tienen una connotación política profunda. Frente a ello, necesitamos de la unidad, de la conciencia crítica, del diálogo con las autoridades. Tenemos que tener una capacidad de resistencia para modificar estas conductas”.
El acto de presentación pública del informe que se realizó en el Auditorio de la Comisión Por la Memoria en la ciudad de La Plata, concluyó con el testimonio de la madre de un joven detenido que describió a la justicia como “una gran telaraña que atrapa a los más pobres y a los débiles. La falta de atención médica, el desprecio por los familiares, las torturas, el constante traslado, la falta de alimentación, la violencia, la desidia y el maltrato son una doble pena, un castigo extra que deben sufrir los detenidos que es ilegal y que constituye una grave violación a los Derechos Humanos”.
