La Coalición por una Comunicación Democrática se declaró en estado de alerta y anunció movilizaciones en todo el país en caso que pretendan modificar por Decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Ley 26.522 aprobada en 2009 y confirmada en su constitucionalidad en 2013 fue puesta bajo presión, crítica, impedimentos y obstáculos de todo orden. Esta Ley fue impulsada y debatida por las organizaciones populares, las y los trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, los pueblos originarios, las organizaciones sindicales y de defensa de Derechos Humanos, los medios pymes, populares y comunitarios que en 2004 presentamos los 21 puntos por una radiodifusión democrática.
Los miembros de esta Coalición fuimos participes y protagonistas orgullosos de todos esos debates y propulsores fundamentales del texto que fue aprobado en el Congreso Nacional con amplias mayorías, con decenas de miles de personas en las calles.
Esta Ley – y el proceso de su debate – fue reconocida y valorada como un ejemplo para el mundo por todos los organismos internacionales con competencia en la materia.
Luego de su aprobación fue llevada a los tribunales con todas las excusas imaginables. En una audiencia histórica en la Corte Suprema de Justicia, millones de personas tuvieron la posibilidad de ver y escuchar de qué iba la cosa. Como nunca antes se cumplió la premisa de respetar que “el pueblo quiere saber de qué se trata”.
Desde esas fechas hasta hoy muchas cosas pasaron y los debates se actualizaron. En estos días el desafío es tanto reclamar por lo que falta como garantizar lo conquistado. Para tal fin, las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática invitan nuevamente al conjunto de los habitantes de la Nación a acompañar su iniciativa de respetar y promover la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de acuerdo a los mejores estándares y prácticas que establecen los instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos. Recordamos además que el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de DDHH, la Comisión Interamericana, así como la Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO obligan a los poderes del Estado argentino a cumplir con esos instrumentos del derecho internacional.
Por eso afirmamos:
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se toca. Defendemos la ley 26.522 porque es la Ley que hizo el pueblo en su conjunto y reconoce el Derecho a la Comunicación.
Las instituciones y organismos creados por la Ley para su aplicación deben ser respetados. Para asegurar el pluralismo la ley prevé un conjunto de mecanismos de controles cruzados con participación de las provincias y de todos los sectores relacionados con la comunicación que deben mantenerse.
Todo proceso de debate de reglas sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación debe reconocer el precedente de la participación y debate con el que construimos la LSCA con más de treinta audiencias públicas para tratar el anteproyecto con más de mil aportes y audiencias públicas en Diputados y Senadores, así como un proceso de elaboración participada de normas para su decreto reglamentario. Por tanto cualquier decisión tomada sin estos estándares de participación sería un claro retroceso en la calidad de la democracia
