A la Procuradora de la Provincia de Río Negro
A los integrantes del Consejo de la Magistratura de la IIIra. Circunscripción Judicial responsables la elección de fiscales
Al Colegio de Magistrados
Al Colegio de Abogados de la IIIra Circunscripción Judicial
A la comunidad en general
Los representantes de los estamentos fijados por la Constitución provincial están a las puertas de nombrar a Mario José Altuna, abogado de la matrícula, como Fiscal de Cámara de la IIIra. Circunscripción Judicial con asiento en San Carlos de Bariloche.
Las organizaciones abajo firmantes, en total compromiso con la vigencia plena de los derechos humanos en el estado de derecho, queremos dar a conocer a los magistrados, legisladores y profesionales responsables de la eventual designación del doctor Altuna como Fiscal de Cámara, así como también a la opinión pública en general, algunos motivos por los cuales nos oponemos de manera ferviente a esa decisión, ya que consideramos sería un grave deterioro institucional y una escala en un ciclo de impunidad.
En el alegato de defensa del sargento Arriola, días atrás, Altuna se jactó de haber defendido cerca de 600 imputados en diversas violaciones de derechos humanos, tales como torturas, vejaciones e incluso en los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas perpetrados el 17 de junio de 2010, y de haber logrado la absolución de los imputados en el 95% de los casos, planteándolo como una muestra de éxito profesional personal. Sabemos que es su trabajo de abogado; que todos y todas tenemos derecho a defensa, y a la mejor defensa. Con lo que no concordamos es con que, quien resulta ser asesor de la policía de Río Negro (con cargo jerárquico de planta) desconozca las graves violaciones a los derechos humanos por parte del personal de esa fuerza, la que por falta de profesionalización de los operadores jurídicos quedan impunes en un 95%.
En el mismo alegato, generó indignación al realizar una amenaza pública al conjunto de la sociedad, cuando dijo: “Si siguen con esta persecución contra la policía va a llegar el momento que la gente va a llamar al 911 y si lo están violando en su casa le van a decir que lo disfrute porque vamos a ir en tres años”, expresión terriblemente denigrante contra las mujeres y contra otras víctimas de violación.
Ese argumento patriarcal desconoce que una violación “no se disfruta” sino que es una de las máximas expresiones de violencia machista, de subordinación y sometimiento de mujeres y niñas/os. Además, esa afirmación simbólicamente menosprecia y subvalora un delito grave.
Y en la causa en la que se investigaba la muerte del subcomisario Alonso de Pilcaniyeu (causa que tuvo como público a cadetes y personal policial, que concluyó con piedradas hacia los jueces), en su alegato final en representación de la querella el mismo Altuna esgrimió un párrafo contra los organismos de derechos humanos presentes, refiriendo que deseaban dejar entrever dos bandos, y que él era parte de esta “familia policial” que no se basaba en el rencor. Esas posiciones a las claras denota que no cuenta con la objetividad e imparcialidad necesaria para ser Fiscal de Cámara.
El abogado de la Institución policial desea crear en el imaginario colectivo la idea de que existe una persecución en el Poder Judicial y desde los Organismos de Derechos Humanos hacia la fuerza policial, cuando la realidad es que frente a hechos de violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos policiales, la respuesta es nula o casi nula. Reclamamos que dentro del Poder Judicial exista una fiscalía especializada en violencia institucional, y exhortamos al Consejo de la Magistratura a que no deje de tomar en consideración el perfil del candidato al cargo de Fiscal de Cámara ya que será él quien en definitiva establezca la persecución penal, y de tener a alguien en el cargo como el Dr. Altuna, sabemos que la impunidad reinará en las causas en las que la institución policial se encuentre involucrada
Es preciso resaltar que los crímenes perpetrados por algunas instituciones del Estado o con la participación de agentes públicos (como los de junio de 2010 en El Alto, “Coco” Garrido en comisaría de Bolsón, Pilquimán, Daniel Solano en Valle Medio, Matías Molina, entre otros) permanecen en su inmensa mayoría impunes en esta provincia, por la complicidad del poder político y de buena parte del aparato judicial ya sea por acción o por omisión.
Exigimos ser oídos
– Sindicato Independiente de Trabajadores/Trabajadoras de la Educación de Río Negro SITER
