La discriminación histórica en el acceso a la tierra en Río Negro no es un fenómeno reciente. Aquí analizamos sus antecedentes, entre 1879 y 1950, y consideramos los procesos de resistencia que los historiadores han comenzado a hilvanar en los últimos años.
Esta afirmación que parece extraída del MST Brasilero o de los campesinos zapatistas de la “revolución inconclusa” mexicana se encuentra también de modo más cercano en nuestra legislación provincial, la Ley 279 de 1961. Inmediatamente nos vienen a la cabeza muchas situaciones que atentan contra esa misma ley: la concentración de tierras en manos de extranjeros como Benetton o Joe Lewis; los reclamos históricos por la titularidad de las tierras ocupadas por pequeños productores indígenas de la línea sur y las numerosas familias que expulsadas del campo reclaman tierra y vivienda en las ciudades, por mencionar algunos ejemplos. Tanto las situaciones de despojo, como la especulación sobre la tierra y la concentración de poder económico se suceden en Río Negro, y en la Patagonia en general, desde la incorporación violenta del territorio al Estado nacional argentino en el proceso genocida de la Conquista del Desierto.
Foto 1 AHPRN, Inspección general de tierras 1920
Como ya lo explicó Marx hace más de un siglo y medio, la propiedad privada es sólo en apariencia una relación entre las personas y las cosas, y más bien una relación de competencia entre las personas. Por esto nos interesa conocer en el proceso histórico cómo se fueron dando esas relaciones que además fueron mediadas por un protagonista inexcusable: el Estado nacional. Mal que nos pese, la historia de la apropiación de las tierras en Río Negro durante el periodo territoriano (1879-1955) nos evidencia una política estatal continua –aunque combatida en diferentes momentos- al margen de los diferentes gobiernos que atravesamos. Nos detendremos a repasar diferentes etapas y modos de concentración de la tierra en los años previos a las provincializaciones. Es decir, cuando las tierras de la Patagonia estaban bajo la administración indiscutida del poder ejecutivo nacional.
La Conquista del Desierto, financiada por representantes de la elite que se quedaron con las mejores tierras de la pampa bonaerense, dejó dos resultados principales: en primer lugar una incorporación de alrededor de 40 millones de hectáreas de tierras fiscales al Estado argentino para su administración y, en segundo lugar, una enorme población indígena ahora argentina por la fuerza –aunque algunos como el lonko Saihueque lo eran por adopción-. Muchas de estas familias habían sido o bien muertas o bien desmembradas, deportadas y distribuidas hacia el resto del país en calidad de mano de obra esclavizada. Además, aquellos que permanecieron en el territorio fueron despojados de toda tierra y capital y concentrados en campos a lo largo de los ríos Negro y Neuquén, así como en otras vías de comunicación, como Valcheta.
Foto 2 Revista El Aborigen publicación de la Asociación Nacional de Aborígenes, Zapala, 1919.
En los últimos años del siglo XIX, el Estado argentino resolvió de forma puntual -y muchas veces provisoria- la relocalización de estas personas. Algunas, las que formaban “tribus” identificables para el Estado, lograron negociar en total desigualdad tierras que fueron reconocidas como colonias, como es el caso de la Colonia Cushamen –fundada en 1899 por decreto para la gente de Miguel Ñancuche Nahuelquir- o la Colonia Catriel –fundada para 1898 con los “restos de la tribu de Catriel” a partir de las gestiones de Bibiana García-. Aunque el grueso de los sobrevivientes solo consiguió concesiones provisorias –como la gente de los capitanejos Sacamata en el noroeste de Chubut o de Cumilaf en los alrededores de Maquinchao- o deambuló, escapando de las policías, hasta entrado el siglo XX, en el interior más árido de la meseta. Paralelamente en estos años el estado liberal del Partido Autonomista Nacional entregó enormes concesiones de tierras –que ratificó por ley- a compañías de tierras extranjeras de capitales ingleses como la ASLCO. Así, la Patagonia se incorpora al territorio nacional para que la exploten los ingleses, junto con numerosos concesionarios amigos del poder que en los más de los casos nunca conocieron las tierras que recibieron a pesar del espíritu “colonizador” que tenían las leyes del periodo.
El siguiente periodo, el de las gobernaciones radicales, está marcado por la variedad en las actividades comerciales y el crecimiento de la población local e inmigrante que buscaba estabilidad en las tierras que trabajaba. Sin embargo, las solicitudes para trabajar la tierra –ya sea para ocupación, arrendamiento o compra- eran administradas por el Estado basado en prejuicios que limitaban el acceso. En este periodo resuenan los nombres de bandoleros –incluso los cinematográficos Butch Cassidy y Sundance Kid- como el gran peligro sobre los bienes (primero) y las personas (después). Por esto también es el trágico momento de las policías fronterizas o “bravas” que bajo el argumento de persecución de bandoleros –que los más de los casos nunca agarraron- barrieron y despoblaron zonas enteras de “indios”, principalmente, pero también de gitanos, de turcos, de intrusos, anarquistas o fiscaleros.
Las razias policiales favorecieron nuevos procesos de concentración de tierra –sobre todo en la cordillera y en zonas aledañas a las vías de comunicación como rieles o rutas- y despejaron los caminos para los comerciantes y estancieros. Aunque descaradamente provenían de entre estos últimos -ayudados por la connivencia estatal- los principales responsables del cuatrerismo y la evasión fiscal -como figura incluso en fuentes oficiales. Pero, al mismo tiempo, eran estos, los considerados sectores de “progreso” y “aptos para contratar con el Estado”, quienes adquirían legalmente las tierras. Esta injusticia impulsó la reacción de sectores marginales, como los indígenas, que fundaron la primera organización supra-comunitaria y con asiento territorial en un sistema de delegados que peleaban por defender los derechos de los pequeños productores: la Asociación Nacional de Aborígenes fundada en 1920. Aún así, continuaron los desalojos y corridas.
Foto 3 AHPRN, Inspección general de tierras 1920
La crisis del 30 devastó la comercialización lanera y junto con esta las economías dependientes de la lana. Esto obligó mayormente a los “bolicheros” a ampliar sus horizontes hacia la producción. Durante los años treinta la apropiación de tierras vino estrechamente vinculada a los mecanismos de endeudamiento que generaban las casas comerciales y los mercachifles en general. Estos mecanismos iban desde la venta indiscriminada de alcohol o la fijación arbitraria de precios hasta incluso inventar deudas inexistentes para cobrarse ya sea con el capital del endeudado o directamente con las mejoras y/o los campos que ocupaban. En este mismo periodo las políticas de seguridad se implementaron para anticipar el robo menor por parte de los sectores más pobres –como si ser pobre implicara directamente la propensión al robo-, siendo dirigidas a la persecución de hombres jóvenes y “sin trabajo”. Traduciendo, estaban destinadas a aquellos que no tenían trabajo “comprobado” o bien “asalariado” aún cuando trabajaran su propia tierra. El pequeño productor indígena sería entonces nuevamente uno de los principales afectados.
Los últimos años de los territorios nacionales del sur con el arribo de Parques Nacionales, así como de nuevas fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional, estuvieron teñidos también de supuestos y prejuicios nacionalistas. Si bien no estaban ausente en años previos, ahora eran utilizados expresamente para deslegitimar reclamos de los desalojados por estas instituciones. A su vez los mecanismos de abierta violencia policial estaban articulados con mecanismos administrativos de expulsión, como la manipulación de antecedentes de los solicitantes de la tierra, por ejemplo. Como en un Estado jardinero que des-yuya pobladores indeseables, este último periodo será más selectivo pero bajo criterios tan racistas y xenófobos como los de la Conquista producida más de medio siglo antes. Estas expulsiones de personas y el achicamiento de los campos de las familias pequeño productoras forzarán marcadamente el crecimiento de la población marginal en las ciudades y pueblos, como Bariloche o los del valle.
Intentamos marcar hasta aquí una tendencia contradictoria –que por un lado vociferaba la necesidad de poblar el territorio nacional, al mismo tiempo que la tierra se concentraba en pocas manos- que se extendió por todo el periodo territoriano. A pesar de la misma, no podemos dejar de mencionar la constante resistencia de muchos pobladores indígenas o no, agrupados en comunidades o parajes o familiarmente, que persistieron buscando múltiples vías de adecuación a las demandas de poblamiento estatal. Peleando formas de organización propia a través de cooperativas, asociaciones de fomento, e incluso disputando lugares dentro del Estado –como los delegados indígenas que recorrieron los campos de Neuquén y Río Negro primero desde la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y después dentro de la Secretaria de Trabajo y Previsión-. Además de las familias que viendo achicadas las posibilidades de trabajar la tierra por las persecuciones, aprietes y corridas continuaron desarrollando sus vidas en el interior de los territorios. Irónicamente tenemos más estudios sobre leyes, casas comerciales, grandes compañías que sobre esta cartografía expresada en miles de relatos familiares. Recién en los últimos años hemos comenzado a hilvanar y a darle un sentido colectivo a este tejido social desagarrado al que aun se le deben unas cuantas respuestas.
Historiadores de las tierras patagónicas y su gente:
Injustamente, por los muchos trabajos que hay en la actualidad, mencionaremos algunos infaltables sobre tierras en Patagonia para aquellos que deseen indagar en el tema. Para Neuquén y legislación sobre tierras en general está la compilación de Graciela Blanco y Guillermo Banzato “La cuestión de la tierra pública en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Angel Cárcano, Prohistoria, Rosario, 2009.” Para Río Negro y sobre la Compañía de tierras inglesas está el trabajo de Ramón Minieri “Ese ajeno Sur, Viedma, FER, 2006”. Para Chubut y en particular sobre la realidad de los indígenas después de la Conquista del Desierto está el libro de Walter Delrio “Memorias de expropiación. Universidad de Quilmes, 2005”. Finalmente, para Santa Cruz existe un trabajo clásico de Elsa Barbería “Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 1995”.
Por Pilar Perez
* Pilar Pérez es profesora y doctora en historia por la UBA, especializada en historia patagónica, y trabaja como docente en la Sede Andina de la UNRN.
