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“Se definen políticas sin información”

Las políticas públicas deben elaborarse en el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, según estipula la Ley Provincial 4109. La falta de relevamiento de los circuitos de protección integral, la ausencia de datos, la fragmentación heredada de las políticas neoliberales de los ’90 y la necesidad de una defensoría de niños y adolescentes son algunas de las puntas del ovillo que analizó la organización Grupo Encuentro para el Consejo de Protección Integral de Bariloche. Una puerta para abrir y entender qué son los circuitos de protección integral.

Escenas de la vida cotidiana. La maestra detecta que a León, de tercer grado, le cuesta pronunciar la “r”. Lo plantea en la escuela, que deriva la inquietud al Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (ETAP). La fonoaudióloga del ETAP ve al el chico y confirma la sospecha de la maestra. Entonces, cita a los papás y comparte el diagnóstico: el nene tiene que mejorar la pronunciación de la “r”. El asunto es que la fonoaudióloga del ETAP solo hace diagnóstico y no tratamiento. Por su parte, en el hospital hay dos fonoaudiólogas para toda la ciudad, por lo cual la familia de León debe resolver el tratamiento de forma privada, ya que la obra social de la madre no lo cubre y el padre trabaja de manera informal.

Este es un simple ejemplo de una situación que se repite a diario en la ciudad de Bariloche. Podríamos decir también que, comparados con no tener para comer o la falta de vivienda digna, los que atañen a la comunicación son problemas de segundo orden. Sin embargo, lo que se vulnera es el derecho de un pibe. En nuestro ejemplo, León pudo acceder al tratamiento indicado de forma particular. ¿Y los chicos que no pueden?

Políticas sin estadísticas

La Ley de Protección Integral sancionada a nivel nacional en 2006 fue un enorme paso hacia delante en lo que se refiere a la calidad de vida de todos nuestros pibes. Esta norma, que tiene su correlato provincial en la Ley 4109, habla claramente de un sistema de protección integral.

“Uno entiende un sistema como un montón de partes que en sí mismas son un sistema: educación , salud, desarrollo, que tienen que dar respuestas específicas ante situaciones problemáticas, pero que juntas hacen a la cobertura de las necesidades básicas de la infancia, lo que necesita un pibe para desarrollarse. Cuando uno labura todos los días con los chicos, una de las cosas que ve es que el pibe no piensa y actúa en partes: no es sólo su gripe o su lugar en la escuela. Se trata de poder pensar una política integral, una educación saludable o una salud educativa. No son compartimentos estancos, porque la vida de los pibes no está dividida”, explica Mara Martínez, trabajadora social del barrio Las Quintas y parte de la organización Grupo Encuentro.

A raíz de la participación de distintas organizaciones de Bariloche en el Foro Patagónico de Niñez y Familia, se fueron proponiendo distintas temáticas para trabajar y profundizar. Una de ellas hacía hincapié en analizar cómo funcionan los circuitos de protección integral a nivel patagónico. Con mucha tela para cortar, la propuesta fue incluida en el plan de acción del Consejo local de Protección Integral de Derechos en 2011 y quedó a cargo un equipo interdisciplinario de la organización social Grupo Encuentro.

Los circuitos vendrían a ser como los caminos a transitar ante un derecho que no se le cumple a un pibe o que se vulnera. En el ejemplo de la fonoaudióloga, el circuito incluye a los profesionales de educación que detectaron el trastorno; a salud, que no cubre la demanda, y al sector privado que termina atendiendo al pibe. La pregunta que queda sin respuesta es a quién recurre la familia si no puede garantizar el derecho del pibe. Esta y otras preguntas se las hicimos al equipo interdisciplinario de Grupo Encuentro.

Preguntamos con qué se encuentran cuando se meten a investigar esto y María José nos dice: “Primero con la falta de esa mirada integral, y con agujeros, en virtud de que hay un montón de situaciones en las que no contempla que hay chicos. Un caso clave son los servicios (luz, agua, gas, etc.). Cuando fuimos a relevar, encontramos que para las empresas son clientes, no importa quién vive o que “cliente” es.

Otros circuitos no los pudimos relevar porque directamente son un hueco, como las adicciones o la trata de personas”.

Otro agujero es el tema de la información y la manera, o no, de sistematizar los datos: “Nos encontramos no solo con la falta de información; lo más preocupante es la falta de conciencia acerca de la necesidad de contar con información. Porque si hubiera esta conciencia existirían los dispositivos armados para que la información se pueda generar”, observa Gabriela Rosemberg de Grupo Encuentro. Y continúa: “Si no está la conciencia en este nivel de la institución, menos va estar, la de compartir datos. Trabajar en que los datos se puedan compartir es una lucha cultural que hay que dar. No se comparten dentro de la misma institución, imagínate con otras instituciones. Y esto también hace que la calidad de la políticas sea malas: se definen políticas sin información, que además no se pueden evaluar porque los registros son tan deficientes que no se pueden cruzar ni analizar”.

Planteamos si pensaron el trabajo para la gente común, una mama de un barrio, o para que lo conozcan los profesionales y las instituciones que trabajan con infancia. “Son dos niveles”, dice Gabriela. “El punto es que para que pueda llegar al destinatario directo, o sea el pibe, su mama o su familia, primero tiene que darse una concientización dentro de la institución de “estar al servicio de”. Y ese es como el primer pasito que me parece tenemos que empezar a dar, que las instituciones sean conscientes de que pertenecen a este sistema de protección integral y tienen que readecuar sus estructuras y sus recursos al servicio de este sistema. Porque si no cambian las propias instituciones, es muy difícil poder llegar al vecino común”, argumenta Gabriela sobre prácticas arraigadas en décadas de mirada “tutelar”.

¿Políticas integrales o fragmentación?

En agosto, mientras el cerro destila nieve y turismo internacional, en las calles que no salen en la postal los pibes de la Comparsa Arrayanes fueron brutalmente apaleados por la policía que debía cuidarlos. Más allá de las múltiples lecturas y de las acciones que se emprendieron tras la golpiza, una cosa quedó en evidencia. El sistema de protección integral tal como está planteado en la legislación rionegrina no funcionó. El caso involucraba puntualmente a los ministerios de Salud –por los reimplantes dentarios y la atención psicológica ante situaciones traumáticas–, de Educación –por el envío de maestros domiciliarios cuando los chicos dejaron de ir a la escuela– y de Desarrollo Social –por ser el encargado de coordinar la estrategia de intervención y la falta de propuestas promocionales en el barrio–. A un mes de lo sucedido, como los pibes no encontraban respuesta, recurrieron al Consejo de Niñez y Adolescencia, espacio de diseño de políticas públicas, para acelerar las acciones. Ningún organismo llevó adelante el eje de la intervención y las respuestas ministeriales fueron fragmentarias. El sistema, lejos de funcionar integralmente, evidenció la fragmentación y lo mucho que falta para que el nuevo paradigma se haga práctica cotidiana.

“El caso de los pibes de la comparsa tiene que ver con la vulneración de derechos. El que tiene que tomar la posta está clarísimo: es la autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Social. Hace diferencia que lo haga o no lo haga. No hay dudas sobre esto. Lo que pensamos desde el proyecto es un circuito de detección y seguimiento porque justamente esto no existe. Nos parecía que alguien de afuera, más externo, y que no estuviera implicado en lo diario, podría tener esta visión. Es difícil pensar que quien ejecuta se va a controlar así mismo. Pensamos en un organismo con cierto grado de autonomía, y pensamos en un circuito de detección, seguimiento y derivación en casos de derechos vulnerados. En promoción hay otra mesa, que es la encargada de pensar integralmente las políticas de promoción de niños, pero para eso hay otros circuitos. Cuando ya hay un derecho vulnerado, tiene que haber una sola oficina que te pueda asesorar. No es ejecutiva ni es la que implementa, sino la que pueda llevar un registro, asesorar y orientar”, apunta Gabriela Rosemberg, coordinadora del equipo técnico que trabajó en el proyecto.

La propuesta concreta que surgió es la de poder canalizar a través de la Defensoría del Pueblo de Bariloche todo lo que tenga relación con derechos vulnerados de niños y adolescentes. Una especie de oficina de Derechos y Garantías como las que existen en Chubut desde hace muchos años y que dan respuesta ante casos como el de los pibes de la comparsa Arrayanes.

ilustracion Liliana Durzo

La defensoría del pueblo (y de los pibes)

El mapa operativo de los derechos es una especie de guía donde figuran todos los circuitos existentes para los derechos consagrados en las leyes vigentes. Maria José Noriega y Denis Sánchez, del equipo, nos explican su funcionamiento:“Tomamos el derecho y decimos quién se debería encargar de él como política integral. Hay un Consejo local de niñez que, dentro de las políticas generales integrales, debería decir: ‘hay tantos pibes, tenemos esto, pero falta esto otro’, debería decir: ‘bueno acá deberíamos poner tales y tales actividades, eso es promoción’. No hicimos separación entre promoción y restitución de derechos. Hay políticas, las políticas tienen que responder a derechos. Si los derechos no se cumplen, viene la vulneración. Si algo no funciona, entra el circuito de detección de derechos vulnerados, porque la política falló. Si eso no se esta cumpliendo es por que la promoción no estuvo, y ahí entra el registro único de derecho vulnerado, que justamente tiende a ver cuánto de todo esto no se está cumpliendo en función de la política que determinamos. Esto no se puede saber hasta tanto no tengamos información. Ese es el círculo vicioso que queremos romper. Si logramos el registro único en todas las instituciones y que eso después lo centralice la Defensoría del Pueblo con una secuencia trimestral o semestral, se elabora un informe con todos los casos y el Consejo de niñez lo analiza. Ahí tiene la información para decir si estamos fallando en la política de deportes o si para el oftalmólogo me dieron turno para dentro de tres meses. Sin esta información integral es muy difícil generar políticas integrales. A eso estamos apuntando”, puntualiza Gabriela.

Más de 85 años de políticas tutelares no se transforman de la noche a la mañana y esa parece ser una de las luchas que hay que dar en las instituciones hoy, a 9 años de que la Ley de Protección Integral entrara en vigencia en la provincia de Río Negro. No es tarea fácil, tampoco imposible. Al menos para los que soñamos con pibes llenos de sonrisas y brazos abiertos.

Campaña “Son Nuestros”  –  Concejo Local para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Bariloche

 

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