El Gobierno tendría listo un decreto para transformar el organismo aliado a los productores rurales patagónicos, con despidos y cierre de programas, que generan mucha preocupación en el sector.
Detrás de una mejor lana de oveja en la Patagonia, desde la esquila, pasando por su acondicionamiento, hasta el acopio, está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La competencia en el mercado internacional, amerita actualizar las investigaciones de este commodity todo el tiempo. Lo mismo ocurre con las enfermedades del ganado: los parásitos generan constante resistencia a los tratamientos. Si la Patagonia es zona libre de aftosa, es gracias al INTA, que también está detrás del desarrollo de semillas con genética mejorada para potenciar la productividad en esta región de condiciones climáticas cambiantes. Todo este avance ahora puede ser el punto de partida de un retroceso, porque desde hace días circula en medios periodísticos el contenido de un decreto que transformaría el organismo.
Posiblemente si aún no fue publicado en el Boletín Oficial, es porque las organizaciones de productores rurales usuarios de esta tecnología, como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Confederación Rural Argentina y Coninagro (la ex Mesa de Enlace que enfrentó las retenciones de 2008) reclamaron la autarquía del INTA, su gobernanza público-privada y la continuidad de la estructura de centros regionales.
“Se trata de una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario. Los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, expresaron en un comunicado.
El decreto prevé la fusión de centros regionales, la cesantía de becarios y el despido de trabajadores de planta transitoria. En Río Negro eso afectaría al centro regional que la provincia comparte con Neuquén (Patagonia Norte) y que podría fusionarse con el Patagonia Sur, además de los 13 becarios y 43 personas en planta transitoria.
El decreto incluiría también el cierre de las agencias de extensión. En el Centro Regional local hay 17, donde trabajan 86 personas que dieron vida a los logros antes mencionados y que otras agencias de la provincia dieron vida a la creación de aislantes térmicos con lana de oveja de descarte, la consolidación del valle inferior como principal zona productora de frutos secos del país, la calidad de la fruta fresca del alto valle para los mercados de ultramar, el diseño de un elevador para poda y cosecha que ya se vende en el mundo.
“La reestructuración más profunda es la eliminación del sistema de extensión. El INTA es una de las pocas instituciones, te diría a nivel mundial, que reúne a la investigación y a la extensión en un mismo organismo. Por lo que Argentina es uno de los pocos países con un sistema de extensión estatal o sea público y gratuito”, señala Paula Ocariz, ingeniera agrónoma jefa de la Agencia de Extensión Rural de Bariloche.
“La ventaja comparativa de esta forma de trabajar facilita el desarrollo y la implementación de cualquier innovación vinculada al agro, puesto que la elaboración del objeto de investigación se construye con información del territorio y con la consulta a las personas potenciales destinatarias de esa innovación. Esto se hace a diferentes niveles productivos, desde grandes empresas productoras de granos y carnes hasta una familia huertera de un ciudad”, agregó.
El decreto, del que también dan por hecho en medios periodísticos especializados, modificaría la conformación del consejo directivo nacional del organismo (su autoridad política), dejándole un mayor número de representantes a los gobiernos de turno y quitándole votos a las entidades del campo y a las universidades nacionales.
“El INTA es motor clave en la economía agraria del país y de las economías regionales”, agrega Ocariz. “Supongo que esto también está en tensión, porque a las provincias las puede perjudicar gravemente, no sólo por la ausencia de acompañamiento técnico capacitado en las diferentes producciones, sino que, además, quedaríamos muchas familias sin ingresos”.
Lejos de ser un instituto flácido, el INTA no sólo produce conocimiento exportado, sino que gestiona recursos del BID, de la Unión Europea y de fundaciones extranjeras que son volcados luego a comercios locales, como forrajeras y corralones, la compra de equipos agrícolas y de energía solar o materiales para sistemas de riego, por ejemplo. Entre el 70% y 100% de los fondos son destinados a predios de productores rurales. Todos ellos superan la inversión del Estado nacional.
Por Redacción
Foto portada: Minga (Agencia Tierra Viva)
Colectivo de Comunicación Popular Al Margen
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